Extremadura y Aragón son las más beneficiadas por la nueva fórmula de población ajustada que plantea Hacienda

Hacienda acaba de proponer a las comunidades una nueva fórmula para calcular la población ajustada, la variable del sistema de financiación autonómico que refleja las necesidades de gasto de los territorios. El planteamiento, continuista con el actual modelo y en línea con las recomendaciones de la comisión de expertos de 2017, introduce sin embargo unos “ajustes ad hoc que abren la puerta a una cierta arbit...

Hacienda acaba de proponer a las comunidades una nueva fórmula para calcular la población ajustada, la variable del sistema de financiación autonómico que refleja las necesidades de gasto de los territorios. El planteamiento, continuista con el actual modelo y en línea con las recomendaciones de la comisión de expertos de 2017, introduce sin embargo unos “ajustes ad hoc que abren la puerta a una cierta arbitrariedad”, según un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) publicado este jueves. Según el estudio, aumentaría “muy apreciablemente” las necesidades de gasto de Extremadura y Aragón. En el otro extremo se situarían Canarias y Galicia.

Pero eso no significa que recibirán más o menos recursos del sistema de financiación. La población ajustada solo es una parte del modelo y no determina la distribución final de los fondos. Su función es reponderar la población real según elementos demográficos y geográficos y así determinar las necesidades de gasto de las comunidades, ya que el coste de prestar los servicios públicos se eleva según las características del territorio y de sus residentes (insularidad, envejecimiento...).

La fórmula actual asigna un peso del 38% a la población protegida por el sistema sanitario, un 30% al número de residentes, el 20,5% a los niños en edad escolar y el 8,5% a los mayores de 65 años. Además, se contemplan unos correctivos geográficos (superficie, dispersión e insularidad) que representan el 3%. El ministerio plantea ahora modificar estos porcentajes, como primer paso en la reforma del sistema de financiación. Pero en lugar que un valor cerrado propone unas horquillas para poder negociar con las comunidades, además de introducir un correctivo ligado a los costes fijos de prestar los servicios y una variable que mida la despoblación.

Estos dos últimos correctivos son los que “resultan muy discutibles por su arbitrariedad”, según el informe de Fedea firmado por Ángel de la Fuente, director del organismo y uno de los mayores expertos en financiación autonómica. “Suponen volver a caer en uno de los vicios más persistentes de nuestro sistema de financiación: la tendencia a intentar hacer trajes a medida en vez de buscar reglas generales de reparto sensatas”.

El indicador de despoblamiento beneficiaría a Aragón, Extremadura y las dos Castillas, señala el estudio; la partida para financiar los costes fijos se plantea repartir “mediante un confuso ejercicio de análisis de clusters [grupos] que no viene a cuento” y “concentra todos los recursos asignados al ajuste por costes fijos en siete regiones, privando a todas las demás de cualquier asignación para hacer frente a sus costes fijos que, aunque proporcionalmente menores, presumiblemente también existen allí”, añade.

El análisis coge el punto medio de cada horquilla y las nuevas variables para calcular las necesidades de gasto según la nueva fórmula, y las compara con las actuales. Concluye que, además de Extremadura (+8,62) y Aragón (+7,03), también se elevarían las necesidades de gasto de La Rioja, Cantabria, Murcia, Baleares, Castilla-La Mancha, Asturias y Castilla y León. Se reducirían, al contrario, las de Galicia, Canarias, Comunidad Valenciana, Madrid, Cataluña y Andalucía. “Estos ajustes generan cambios significativos en las necesidades de gasto de algunas regiones que resultan difíciles de justificar”, zanja.

Distorsión en el reparto

Francesco Pérez, director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), añade otro elemento al debate: el reparto de los recursos del sistema de financiación vigente, que no responde a los indicadores de necesidades de gasto que determina el cálculo de la población ajustada. Eso porque esta variable se aplica solo a uno de los fondos que conforman el modelo, el de garantía. Los otros tres (suficiencia, cooperación y competitividad), como llevan tiempo criticando los expertos, son poco transparentes e introducen ajustes arbitrarios, provocando desigualdades entre territorios.

Según el estudio de Fedea, la necesidad de gasto de la Comunidad Valenciana disminuiría con la nueva propuesta de Hacienda con respecto a la actual. Pérez matiza que, en realidad, la Comunidad Valenciana recibe una financiación por habitante inferior a las necesidades de gasto calculadas con cualquiera de las dos fórmulas, debido a las distorsiones en el reparto de los recursos del sistema. “Aunque el fondo de garantía sea en volumen el más importante, los otros tienen una gran capacidad distorsionadora, como evidencia el ejercicio de Fedea”, señala Pérez. “La Comunidad Valenciana tiene una financiación por habitante un 9,7% inferior a la media de las comunidades, aunque si el sistema se repartiera por las necesidades de gasto calculadas por el actual sistema (Fondo de garantía) la desviación debería ser de solo de un -2,7%”.