España es el país de la OCDE donde más creció la presión fiscal en 2020 por la caída del PIB

España fue el país industrializado donde más creció el peso de la recaudación sobre el PIB en 2020: un incremento de 1,9 puntos porcentuales, que ha empujado la presión fiscal del 34,7% a un máximo del 36,6%, según el informe anual de ingresos fiscales publicado este lunes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La razón del alza, explica el organismo, no se debe a un aumento de los tipos impositivos, sino a que ...

España fue el país industrializado donde más creció el peso de la recaudación sobre el PIB en 2020: un incremento de 1,9 puntos porcentuales, que ha empujado la presión fiscal del 34,7% a un máximo del 36,6%, según el informe anual de ingresos fiscales publicado este lunes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La razón del alza, explica el organismo, no se debe a un aumento de los tipos impositivos, sino a que el PIB cayó más que los ingresos tributarios nominales. Un desenlace que no es exclusivo de España, y que refleja la respuesta muy distinta que los Estados nacionales han dado a la crisis de la covid con respecto a la Gran Recesión.

“Las medidas de apoyo de los Gobiernos pueden haber reforzado indirectamente los ingresos, en la medida en que lograron reducir la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de empresas. Por tanto, estas medidas han contribuido a caídas nominales de los ingresos fiscales más débiles que las registradas durante la crisis financiera mundial de 2008-2009″, explica el organismo que representa a las economías más avanzadas del planeta. Según su informe, los impuestos sobre la renta de las personas físicas y las cotizaciones sociales fueron las figuras que mejor aguantaron ―hasta crecieron en porcentaje sobre el PIB―, mientras que el impuesto de sociedades fue el más golpeado.

La idea de que la pandemia representaba un shock económico temporal, con origen en una emergencia sanitaria y no en un desequilibrio económico, convenció a los Estados a sacar la artillería pesada para intentar mantener a flote hogares y empresas durante los confinamientos forzosos. En otras palabras: expandir el gasto para reforzar la sanidad y evitar que la actividad económica se deprimiera aún más, en lugar de recortarlos como en la anterior recesión.

En esta lógica, los esquemas de protección temporal de empleo han sido clave. La flexibilización de los ERTE en España ―una medida inspirada en el llamado kurzarbeit alemán― ha logrado mitigar la caída de las rentas y salvar empresas frente al desplome de la actividad. Mientras que el PIB retrocedió casi un 11% en 2020, el mayor desplome entre los países de la OCDE, la recaudación disminuyó un 8,8%, según la Agencia Tributaria. Con la crisis financiera fue exactamente al revés: los ingresos tributarios cayeron mucho más que la actividad económica.

“Aunque los ingresos fiscales nominales disminuyeron en la mayoría de los países de la OCDE, las caídas en el PIB [que supone el denominador de la ratio que expresa la presión fiscal] de los países fueron a menudo mayores, lo que resultó en un pequeño aumento en la relación promedio entre impuestos y PIB”, explica el organismo con sede en París.

Aumento generalizado

La presión fiscal promedio en la OCDE creció menos que la española ―al igual que cayó menos la actividad del grupo―: 0,1 puntos porcentuales, hasta el 33,5% del PIB. Aumentó en 20 de las 36 economías del club de las que hay datos provisionales disponibles; además de España, también Islandia y México experimentaron alzas por encima del punto porcentual, aunque el país latinoamericano sigue siendo el de menor presión fiscal de la OCDE (17,9% del PIB). En el otro extremo están Dinamarca y Francia, con el 46,5% y el 45,4%, respectivamente.

Las mayores caídas, por el contrario, se dieron en Irlanda (1,7 puntos), debido sobre todo a una disminución temporal del IVA, Chile (1,6 puntos) y Noruega (1,3).

El aumento de la presión fiscal en España, que con el 36,6% del PIB alcanza su mayor ratio jamás registrada ―y aun así inferior a la media de la UE―, se debe en gran parte a que las cotizaciones sociales cayeron menos que la actividad (un 4,8%) y, en consecuencia, aumentaron en porcentaje del PIB. Lo mismo ocurrió en otros 29 países de la OCDE, en 13 de ellos con alzas superiores al medio punto porcentual. Solo siete países experimentaron una reducción.

“De un año a otro, si los ingresos fiscales aumentan más que el PIB (o caen menos que el PIB), la relación entre impuestos y PIB aumentará. Por el contrario, si los ingresos fiscales aumentan menos que el PIB o caen más, la relación de los impuestos sobre el PIB bajará. Por lo tanto, la relación impuestos/PIB no significa necesariamente que el importe de los ingresos tributarios haya aumentado en términos nominales o incluso reales”, aclara el documento publicado este lunes.

Ingresos autonómicos

La OCDE trata a España como si fuera un Estado federal, debido a su estructura descentralizada cristalizada en la amplia autonomía fiscal de la que disfrutan las comunidades. El organismo tiene en cuenta en este caso los datos relativos al ejercicio de 2019: los ingresos de la Administración central supusieron el 40,2% del total, por debajo de la media del club del 53%, al igual que la recaudación regional: el 15,4% frente a un promedio del 17,7%. Las entidades locales, al contrario, ingresaron sobre el PIB más de la media: el 9,2% frente al 7,7%.

Durante el año de la pandemia, los ingresos de los ayuntamientos fueron los que mejor aguantaron. Las entidades locales se ocupan de recaudar tributos menos sensibles a la fluctuación de los ciclos económicos, como el impuesto sobre bienes inmuebles o los relativos a la iluminación o los residuos. Las comunidades, por su parte, gozaron del gran apoyo que le brindó el Estado: responsable de prestar los servicios básicos como la sanidad y la educación, el Gobierno decidió dotarlas en 2020 y 2021 de los mayores recursos de su historia.

Gracias a estos ingresos adicionales y a la mejora generalizada de la recaudación, las comunidades registraron su mayor superávit hasta septiembre de este año, con un saldo positivo de 9.238 millones de euros.

El Gobierno, por su parte, ya tenía antes de la pandemia el objetivo elevar en unos cinco puntos porcentuales la recaudación sobre el PIB del conjunto de las Administraciones, y así alcanzar la media de la UE. Para ello, el Ministerio de Hacienda se ha comprometido con Bruselas a acometer una reforma fiscal integral y ha nombrado un comité de expertos que está trabajando en ello, y cuyas conclusiones se conocerán en febrero.