La pérdida de poder adquisitivo de los salarios golpea a millones de trabajadores

La inflación se está comportando como un bote de ketchup: tras años de apretar sin que saliera nada, ha terminado escapando de golpe, con una violencia que pocos preveían hace solo unos meses. La eclosión de los precios está salpicando a millones de trabajadores en toda España. Los salarios, aprisionados entre la Gran Recesión y la crisis pandémica, llevan largo tiempo sin desperezarse, pero mientras antes del virus y en el primer año de crisis sanitaria los economistas ...

La inflación se está comportando como un bote de ketchup: tras años de apretar sin que saliera nada, ha terminado escapando de golpe, con una violencia que pocos preveían hace solo unos meses. La eclosión de los precios está salpicando a millones de trabajadores en toda España. Los salarios, aprisionados entre la Gran Recesión y la crisis pandémica, llevan largo tiempo sin desperezarse, pero mientras antes del virus y en el primer año de crisis sanitaria los economistas invocaban la caída generalizada y prolongada de los precios como el peligro más acuciante —la temida deflación—, ahora se ha pasado al extremo opuesto: el coste de la vida sube, las nóminas no les siguen el ritmo, y el malestar por esa pérdida de poder adquisitivo se ha trasladado en algunos casos a la calle en forma de protestas como la de los trabajadores del metal en Cádiz o las movilizaciones por la subida de la luz.

Según datos de la Agencia Tributaria, los sueldos crecieron de media un 5,1% en el sector privado entre 2007 y 2020, cuando se quedó en 23.082 euros anuales, aunque hay múltiples factores que influyen en esa cifra, como el número de horas trabajadas —puede suceder que los salarios suban más, pero la media baje si hay menos horas computadas—, el mayor o menor auge de sectores de escasa remuneración como el hostelero o los bajos salarios de entrada de los jóvenes que han accedido al mercado laboral entre dos crisis respecto a los que se jubilan. Además, hay variables que, tal como advirtió el INE, han distorsionado la estadística el pasado año, como los trabajadores en ERTE, que han rebajado el gasto en salarios de las empresas a pesar de que en ciertos casos mantenían plantillas similares o iguales, dado que estos empleados cobran una prestación del Estado.

En la Administración, a pesar de la subida del 0,9% acordada por el Gobierno para 2021, sindicatos como CSIF estiman que la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores públicos desde 2010 ha sido de un 10%. Aunque Hacienda ha propuesto un incremento del 2% en 2022 para este colectivo, sus representantes reclaman un alza del 3,6% para seguir con la senda de recuperación. “De no llevarse a cabo supondría un nuevo retroceso”, denuncian desde el sindicato. Los datos de Hacienda, sin embargo, señalan que en los últimos 13 años los salarios públicos subieron un 24,8%, sin tener en cuenta la inflación.

Teniendo en mente el impacto de esas circunstancias, en el periodo de más de una década que abarca la quiebra de Lehman Brothers, la lenta recuperación española de la crisis financiera que le siguió —tardó una década en volver al nivel de PIB previo—, y la recaída sin precedentes iniciada en marzo de 2020, la inflación repuntó en torno al 20%. Y la puntilla ha llegado en 2021. El alza de precios en lo que va de año —la inflación en octubre se situó en el 5,4%, y este lunes se publica el dato de noviembre— ha exacerbado ese fenómeno, amplificando el problema al hacerse más evidente la brecha entre los sueldos y el coste de la vida, a causa, sobre todo, de la subida de la electricidad y los problemas en las cadenas de suministro.

Otros indicadores apuntan en la misma dirección: según Eurostat, España ocupa el puesto número 12 de la UE en costes laborales por hora trabajada: ha pasado de 19,4 euros en 2008 a 22,8 en 2020, un avance muy inferior al de la media de sus socios comunitarios, donde creció de 21,6 a 28,5 euros. Según la Encuesta de Estructura Salarial del INE, el salario bruto medio anual de un trabajador en España en 2019, antes de la pandemia, fue de 24.395,98 euros, un 11% más que en 2008, pero por debajo de la subida de los precios. Por el efecto de la inflación, el sindicato Comisiones Obreras calcula que el poder de compra cayó un 6,2% en esos 11 años, un retroceso del que culpa en gran parte a la reforma laboral aprobada por el Partido Popular en 2012. Ante esta tesitura, la organización ve llegado el momento de dar marcha atrás en la devaluación de los sueldos.

Cambios legislativos

”Los cambios que se introdujeron en la legislación en 2010, pero sobre todo en 2012, inclinaron el terreno de la negociación de manera muy significativa a favor de lo de los empresarios. Esto dificultó sobremanera que los trabajadores participaran de la mejora de la prosperidad que posteriormente fueron generando las empresas, y favoreció que estas se apropiaran más de la plusvalía, que no ha tenido repercusión sobre los salarios”, analiza Carlos Martín, director del Gabinete Económico de CC OO.

Raúl de la Torre es responsable del sector de tecnologías de la información y de consultoría del sindicato, y denuncia que en el convenio de consultoría, cuya actualización se negocia en estos momentos, existen nueve categorías profesionales por debajo del salario mínimo. “En 2008 se contrataba a un ingeniero informático por 24.000 euros al año y ahora he llegado a ver propuestas por 10.500. Esto ha provocado la aparición de un nuevo colectivo de trabajadores pobres”, lamenta De la Torre.

En el otro lado, la patronal apunta que el momento es poco propicio para mejoras salariales. “De materializarse estas subidas, la inflación actual dejaría de ser temporal para convertirse en permanente. Mientras que, si no se producen estos efectos de segunda ronda, la inflación terminará el 2022 a niveles muy reducidos, confirmándose así su naturaleza transitoria con la que a la postre no se habrían producido pérdidas de poder adquisitivo para ningún agente”, indican desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). “En la zona euro ya no disponemos de mecanismos de ajuste a estas pérdidas de competitividad, con lo que [subir salarios] podría conllevar un nivel de desempleo mucho mayor en el futuro”, advierten.

La economista sénior de Funcas, María Jesús Fernández, coincide. “Los costes de producción se han disparado y hay problemas de suministro. El índice de precios industriales ha crecido un 23%, un dato que no se veía desde los años setenta. Solo ganan los productores de materias primas. Como la inflación procede de factores externos, aquí solo hay perdedores: los asalariados pierden capacidad adquisitiva, y las empresas pierden márgenes”.

El golpe al bolsillo no es ni mucho menos homogéneo. Alguien que se desplaza a diario al trabajo en coche una hora de ida y otra de vuelta debe llenar el depósito de gasolina más a menudo, y, por tanto, lo sufre más que quien se mueve en metro, autobús o tren. Lo mismo sucede con el consumo energético de una familia numerosa: probablemente gaste más luz que quien vive solo. Pero por encima de los hábitos cotidianos, la circunstancia personal más determinante es la renta. Como afirmó la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, esta semana, la inflación se ceba especialmente con los hogares de ingresos más bajos, que disponen de menos margen para asumir gastos extra. El banco espera que los niveles de precios se moderen en 2022, y vigila que la inflación no aliente negociaciones salariales más agresivas que culminen en subidas demasiado pronunciadas y a su vez provoquen una espiral de aumentos de precios, una realidad que por ahora dice que no ha sucedido.

Purificación García, de 38 años, quiere precisamente eso: que le suban el sueldo. Trabaja de limpiadora en una cadena hotelera de Murcia, donde vive sola con su hijo de cinco años, y afirma recibir cada año 14 pagas de 920 euros. Lleva 15 años en la empresa, y no recuerda ninguna subida salarial. El umbral que cree que debería tener un sueldo digno es simple: “Que una persona sola se pueda mantener sin depender de nadie”, enuncia por vía telefónica. No es su caso. Todos los meses, asegura, su tarjeta de débito entra en negativo y el banco le cobra una comisión de 35 euros por sumergirse en números rojos.

Su gran esperanza, las negociaciones entre sindicatos y patronal hostelera en Murcia, permanece estancada. Los primeros dicen que los trabajadores han perdido un 15% de poder adquisitivo en los 13 años que lleva sin actualizarse el convenio, y acusan a los empresarios de querer eliminar el complemento de incapacidad temporal por contingencias comunes, lo cual reduciría lo que perciben los trabajadores de baja por enfermedad.

Absorción de pluses

Antonio Correal tiene 53 años y está a punto de cumplir 10 años en la empresa de servicios en la que trabaja en el ámbito de la seguridad, en Madrid. Asegura que en este tiempo su salario ―siempre ajustado al mínimo interprofesional― se ha mantenido congelado, y que en las últimas nóminas ha visto cómo para compensar las subidas decretadas por el Gobierno ―la última de 15 euros que llevó el SMI hasta los 965 euros mensuales en 14 pagas― se han absorbido los pluses con los que contaba (de seguridad y vestuario) para incorporarlos al salario base. “A las empresas les diría que si se suben los sueldos es una cadena, tendríamos más dinero para gastar. Y sobre lo de que ahora no es el momento: ¿Cuándo va a serlo entonces?”, se cuestiona.

En una situación parecida se encuentra C. F., que trabaja como portero en un edificio de viviendas de Madrid. No quiere desvelar su nombre por miedo a que como represalia su empresa, en la que lleva 16 años, lo cambie de destino. También indica que ha perdido pluses y que lleva ganando lo mismo durante los últimos años. Se siente afortunado porque a pesar de que tiene un sueldo modesto tiene un piso en propiedad y no ha tenido problemas para pagar la hipoteca en un momento de ebullición inmobiliaria. “Acaba de quedar un piso libre en el edificio y cuando la anterior inquilina entró pagaba por él 750 euros. Ahora piden 1.000. Es una locura”.

Fernando Luján, secretario confederal de UGT, encuadra ese retroceso. “Antes de la reforma de 2012 todos esos pluses eran derechos adquiridos y la empresa no los podía tocar. Ahora las empresas se fijan en los mínimos que establecen los convenios y no tienen inconveniente en retirar los pluses si justifican que tienen problemas económicos. Esta ha sido otra vía por la que se ha producido una rebaja continuada de los salarios″.

Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano, cita otros elementos que mantienen los salarios a raya en España: en primer lugar, una productividad muy por debajo de la de los socios europeos debido al elevado peso de las micropymes en el tejido productivo, problemas en la formación, excesiva temporalidad, y primacía del inmobiliario y el turismo frente al I+D. A ellos se une un mercado laboral con mucha mano de obra disponible: mientras en EE UU se contabilizan 11,2 millones de puestos de trabajo vacantes y hay 7,4 millones de desempleados, en España, con más de tres millones de parados, existen 107.000 vacantes, un dato elevado en términos históricos, pero muy inferior también al de sus socios europeos.

“Creo que vamos a ver incrementos salariales por debajo de la inflación que permitan al trabajador ganar algo de poder adquisitivo”, augura De la Torre. “Aunque el español no es un mercado caliente, sí puede haber segmentos calientes como la construcción, donde falta mucha mano de obra, y calculo que puede haber incrementos salariales el próximo año de entre el 2% y el 2,5%”, añade. La patronal de la construcción estima que necesitará añadir 700.000 nuevos empleados al sector en los próximos años para cubrir la demanda de obras, infraestructuras y rehabilitaciones que traerán los fondos europeos.

El último sector en lograr una subida salarial, solo unos días después del pacto firmado en Cádiz, ha sido el de los trabajadores de varias cadenas de supermercados de Castilla y León, concretamente de los establecimientos Gadis, La Plaza del Día, Alimerka, Lupa y Froiz. Los sindicatos amenazaban con cinco días de huelga en diciembre por parte de sus alrededor de 7.000 empleados, pero ya hay preacuerdo: los dependientes pasaran de cobrar 1.037 euros de salario base a percibir 1.200 euros en 2026, con un incremento salarial del 2,5% anual durante seis años.

Uno de sus reponedores, padre de tres hijos que prefiere permanecer en el anonimato, cree que era imprescindible. “No hablo con mis compañeros de lo que cobramos porque da hasta vergüenza hacerlo. Como trabajador de un supermercado te puedo decir que la cesta de la compra se ha disparado y las tiendas, aunque estén un poco menos llenas que durante la pandemia, siguen a reventar”.

Las pensiones resisten

Si la inflación, sube, ¿por qué no simplemente indexar los salarios a su aumento para evitar la pérdida de poder adquisitivo, como se hace con las pensiones? José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), explica que no es tan sencillo. “No tendría sentido. Todo tiene que subir según la productividad. Si indexas todo al IPC y subes más los salarios que Alemania lo que haces es perder competitividad y tus productos no se venden. Hay que mirar sector a sector y estudiar qué está pasando con tus competidores en otros mercados. Echo de menos que sindicatos y empresarios dispongan de una plataforma donde ver qué ocurre a nivel internacional”.

Mientras los salarios han perdido poder adquisitivo, mejor parados de las dos últimas crisis han salido los pensionistas. Según la Agencia Tributaria, se han revalorizado de media un 46% entre 2007 y 2020, más del doble que la inflación. “A partir de 2013, la renta media de los jubilados por persona supera la de los ocupados, algo que hasta entonces no había sucedido”, señala María Jesús Fernández, de Funcas. ¿Es eso negativo para el país? “Lo que me parece negativo es que para pagar las pensiones de jubilación haya que aumentar las cotizaciones sociales. Eso significa crear menos empleo y salarios más bajos”, dice en referencia a la propuesta del Gobierno de subir 0,6 puntos las cotizaciones para financiar la jubilación de la generación del baby boom.

Junto con las pensiones, el salario mínimo interprofesional (SMI) ha experimentado un crecimiento exponencial entre 2008 y 2020. En este periodo ha pasado de los 600 euros a los 950 (+58%). La última subida pactada por Gobierno y sindicatos (los empresarios se descolgaron) lo situó en 965 con efectos desde el 1 de septiembre, y el siguiente objetivo es elevarlo hasta los 1.000 euros en enero de 2022.