Subastas alternativas y reducir la volatilidad de la tarifa, medidas del plan de choque del Gobierno para rebajar la luz

Los altos precios que la energía eléctrica ha alcanzado en España en los últimos meses ha llevado al Gobierno de Pedro Sánchez a preparar un plan de choque que pueda aminorar el impacto en la factura de la luz y cumplir con el compromiso que ha lanzado...

Los altos precios que la energía eléctrica ha alcanzado en España en los últimos meses ha llevado al Gobierno de Pedro Sánchez a preparar un plan de choque que pueda aminorar el impacto en la factura de la luz y cumplir con el compromiso que ha lanzado el presidente de que a final de año se pague menos que en 2018, según manifestó en una entrevista con EL PAÍS. El plan, que el Ejecutivo confía en llevar a un próximo Consejo de Ministros y que está en pleno proceso de elaboración y concreción, gira en torno a las ideas de “achicar” el mercado mayorista de la electricidad, con otras opciones de suministro (autoconsumo, comunidades energéticas, subastas de energía primaria, regular…) y combatir el impacto de la cotización internacional del gas en la generación eléctrica (los ciclos solo son entre el 12% y el 15% del total, pero marcan el precio) “porque la luz debe ser barata y hay que electrificar la economía”.

En ese sentido, prevé medidas para fortalecer la cobertura a los consumidores vulnerables como un suministro mínimo vital y se plantea que la reducción de los impuestos (IVA y sobre generación) sea permanente y regular las concesiones hidroeléctricas. Estas medidas se sumarán a las que ya están en marcha o en trámite como la supresión de los beneficios caídos del cielo, el fondo de sostenibilidad y la nueva tarifa horaria.

El Gobierno persigue que a medio plazo la tarifa del consumidor no esté tan ligada a los vaivenes del mercado mayorista. Por ello, en paralelo negocia con la Unión Europea una normativa que haga que los consumidores se beneficien más del proceso de transición, con cambios en el diseño del mercado eléctrico y el mercado de CO₂ para aprovechar el bajo coste de las renovables y la mayor eficiencia energética. Además, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) prevé destinar 28.000 millones de euros en los próximos años a la transición ecológica.

Subastas alternativas. El Gobierno plantea que las grandes eléctricas puedan subastar energía entre comercializadoras e industriales con el fin de reducir la dependencia de los precios internacionales del gas en el mercado eléctrico (pool), que es el que determina el precio al que retribuyen todas las energías que participan en el mercado marginalista. Estas pujas serían una alternativa al mecanismo impuesto por Europa, que no permite que los Gobiernos fijen precios de tecnologías más baratas de producir, pero sin vulnerarlo. Se conocen como subastas pay as bid, es decir, que la empresa recibe el contrato al precio ofertado por cualquier tecnología por las comercializadoras o industrias y no al que marque el pool. Es previsible, según fuentes consultadas , que se fije un suelo, que no será menor que los costes por producir, pero no porque el Gobierno decida el precio al que se debe vender, tal como ha señalado Ribera en referencia clara a la petición de Unidas Podemos de intervenir el precio de la hidráulica o la nuclear. El objetivo es “hacer las cosas bien”, para evitar batallas legales o arbitrajes internacionales, y buscar otros modos para fijar el precio de la energía al margen del mercado mayorista, según Ribera, que aboga por achicar el pool. Estas subastas funcionaron durante el primer Gobierno de Zapatero y facilitaron que todos los operadores relevantes pudieran ofertar a todos los comercializadores y grandes consumidores sin prejuzgar cuál era la tecnología y que podían entrar o no, podían acceder o no al mercado mayorista.

Dar estabilidad a la tarifa regulada, PVPC. Ahora el precio del mercado mayorista se repercute directamente en el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), provocando grandes oscilaciones; se trabaja para indexarlo también a otros indicadores, como los precios de los mercados de futuros, que le permitan mantenerse en una horquilla de precios y eliminen la volatilidad actual. Se trata, por tanto, de una reducción de la cesta de indicadores estables y vincular el precio regulado de la luz a la evolución a largo plazo de los precios, no solo del pool diario. En los países de la UE, el precio mayorista de la luz se fija por horas tras casar la oferta de los productores con la demanda prevista por el gestor del sistema y mediante un sistema marginalista que implica que la última tecnología en entrar (generalmente la más cara) sea la que marque el precio al que serán retribuidas todas las centrales que aporten energía en esa hora. En España el precio del pool tenía un peso en torno al 24% en la factura de la luz de los 10,5 millones de hogares acogidos a la tarifa regulada, mientras que en otros países la tarifa regulada se calcula tomando como referencia otros indicadores. Los consumidores que contratan su suministro en el mercado libre, unos 17 millones, pagan los precios que pactan por contrato con las comercializadoras, por lo que no se ven afectados por las oscilaciones del pool de manera inmediata, aunque sí verán sus facturas incrementadas en caso de que la tendencia al alza se mantenga en el largo plazo.

Suministro mínimo vital. Instaurar un suministro energético mínimo con el objetivo de impedir el corte de la electricidad a los consumidores vulnerables y aumentar su protección social. Esta medida, incluida en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, elevará la prohibición de cortar el suministro eléctrico de un modo temporal a ocho meses los cuatro ya contemplados en la normativa vigente en caso de impago y de acuerdo con los servicios sociales.

Más subastas de renovables. El Gobierno ha lanzado una nueva subasta de renovables con plazos acelerados para que las nuevas centrales se pongan en funcionamiento cuanto antes y reduzcan el precio de la electricidad.

Revisión de la fiscalidad. El Ejecutivo prolongará hasta final de año la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), que grava con un 7,06% los ingresos de las empresas generadoras y que éstas repercuten en el precio del mercado mayorista, para mantener su efecto positivo sobre las facturas de los consumidores. La suspensión del IVPEE fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 24 de junio únicamente para el tercer trimestre del año. Queda en estudio si, después de agotado ese tiempo y en función de la evolución, se modificará el porcentaje o se suprime definitivamente. Igualmente, el Ejecutivo valora si mantener la reducción del IVA del 21% al 10% de forma permanente (ahora es hasta final de año) e, incluso, si se reduce al 4%. En todo caso, se está pendiente del informe de la comisión de expertos creada al efecto y que debería terminarse en febrero. La aplicación de ambas rebajas fiscales tiene un impacto del 12% en los hogares, según el Ministerio para la Transición Ecológica, pero supone una merma importante en la recaudación, por lo que la medida está en negociación con Hacienda.

Autoconsumo. Achicar el peso del mercado mayorista implica también aumentar el autoconsumo y las comunidades energéticas, que es una forma de autoconsumo colectiva. Asimismo, se potenciarán los contratos a largo plazo, los denominados PPA por sus siglas en inglés, y otras fórmulas que permitan beneficiarse a los consumidores de las ventajas que ofrece el sistema.

Regulación de la Ley de Aguas. Para regular el uso del agua embalsada no solo como recurso energético, sino como recurso ambiental y social de primer orden. Se trata de poner cuotas a la evacuación de agua que puede realizar una eléctrica para generar luz. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) detectó que en plena escalada de los precios de la energía alguna eléctrica había evacuado agua de embalses para generar luz, beneficiándose de unos precios marginales mucho más altos. Sobre el uso de las centrales hidroeléctricas, Unidas Podemos, socio de Gobierno del PSOE, ha propuesto la creación de una empresa pública para explotarlas una vez que se acabe la concesión o que las explote la confederación hidrográfica. Estas posibilidades figuran en la cartera ministerial, con otras variantes, aunque no hay nada resuelto al respecto. Lo que parece claro es que en ningún caso se va a expropiar ninguna explotación.

’Beneficios caídos del cielo’. El Gobierno aprobó en junio un anteproyecto de ley para retirar la sobrerretribución que logran las centrales que no emiten CO₂ (hidráulicas y nucleares, principalmente) instaladas antes de 2005, los denominados beneficios caídos del cielo. Las eléctricas reciben estos ingresos en el mercado mayorista por la generación de energía en las centrales eléctricas no emisoras de CO₂. El Ministerio de Transición Ecológica prevé que, con los precios actuales por la emisión de CO₂ por encima de 50 euros por tonelada, esta medida supondrá un abaratamiento de la tarifa de la luz de entre el 4% y el 5% y un ahorro de 1.000 millones. La iniciativa permitirá destinar unos 100 millones a financiar el bono social, sobre todo para los consumidores vulnerables severos (unos 600.000, de los que 7.000 padecen riesgo de exclusión) y 900 millones a financiar otros proyectos recogidos en la política energética del Gobierno, principalmente para potenciar las energías renovables. La eliminación de esta sobrerretribución repercutirá, según fuentes ministeriales, a los consumidores particulares y a las pymes. Asimismo, según el ministerio, supondrá un incentivo para que las compañías del sector se vuelquen de forma definitiva en las energías renovables y abandonen los combustibles fósiles, tal como ya está previsto. No obstante, los grandes grupos afectados (Endesa e Iberdrola) mostraron su disconformidad con la decisión.

Fondo de Sostenibilidad. El mismo Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), con el quiere sacar de la tarifa eléctrica el coste de las primas renovables más antiguas (en torno a 6.500 millones anuales) y repartirlo entre todos los sectores energéticos. Según las fuentes ministeriales, ello también repercutirá en el recibo de la luz en un porcentaje de alrededor del 10%, pero en un plazo dilatado de cinco años, ya que la aplicación del denominado fondo verde es gradual (un 20% cada uno de los cinco años). Este fondo fue criticado por las empresas del sector. Sedigas, la asociación patronal del sector, apuntó que la iniciativa es “injusta” y advierte de que “generará distorsiones en la economía que acabarían pagando los consumidores finales”, posición que también mantuvo el grupo Repsol.

Factura horaria. El Consejo de Ministros abordó esta reforma el mismo día en que entró en vigor la nueva factura eléctrica, que incentiva un consumo más eficiente por parte de los consumidores, buscando que el importe del recibo final dependa más de cuándo que de cuánto se consume al introducir la discriminación horaria. Según la CNMC, supondrá un ahorro medio del 3,4% para los 19 millones de consumidores domésticos que no tienen discriminación horaria. Otros ocho millones ya la tienen y la nueva tarifa supondrá un aumento de dos euros al mes. En total, hay unos 27,5 millones de consumidores, de los que unos 10,7 millones están acogidos a la tarifa regulada PVPC (y de estos, en torno a un millón tienen discriminación horaria): para ellos el cambio será automático. Los alrededor de 17 millones restantes del mercado libre deben negociar la tarifa con sus comercializadoras. De ellos, 9,5 millones no tienen discriminación horaria y el resto sí.

El modelo, que recibió críticas de las asociaciones de consumidores OCU y Facua y del que no han podido ver todavía los efectos que ha tenido en el comportamiento de los usuarios, entre otras cosas por la subida del precio, fija tramos horarios y el regulador calcula que el consumo en las horas valle puede llegar a ser un 95% más barato que en las punta. Asimismo, sostiene que los cambios de hábitos podrían suponer un ahorro de entre 200 y 300 euros anuales. Los consumidores con una potencia contratada inferior a 15 kW pasarán de tener seis tarifas a una sola, y se facturará de manera diferente según los tres periodos horarios (punta, de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 22.00; llano, de 8.00 a 10.00, de 14.00 a 18.00 y de 22.00 a 00.00; y valle, de 00.00 a 8.00 y los fines de semana y festivos), de manera que pagarán por la electricidad según la hora del día en que la consuman. Asimismo, podrán cambiar la potencia dos veces entre horario punta y valle.

Comisión parlamentaria. Se prevé la formación en el Congreso de los Diputados de una comisión específica para estudiar las causas de la escalada de precios de la electricidad.