El Gobierno plantea a los sindicatos subir el salario mínimo un máximo de 19 euros en 2021 y de 31 euros en 2022 y 2023

Gobierno y agentes sociales acordaron aumentar el salario mínimo interprofesional (SMI) para el último trimestre del año durante la reunión que mantuvieron ayer en la sede del Ministerio de Trabajo, en Madrid. Sin embargo, en el encuentro no se concretó la cantidad de ese incremento. Fuentes del Ministerio de Trabajo aseguran que el cómputo final saldrá de la horquilla que determinó en su informe el comité de expertos, y que elevaba hasta los 19 euros el incremento para 2021. De igual modo, para 2022...

Gobierno y agentes sociales acordaron aumentar el salario mínimo interprofesional (SMI) para el último trimestre del año durante la reunión que mantuvieron ayer en la sede del Ministerio de Trabajo, en Madrid. Sin embargo, en el encuentro no se concretó la cantidad de ese incremento. Fuentes del Ministerio de Trabajo aseguran que el cómputo final saldrá de la horquilla que determinó en su informe el comité de expertos, y que elevaba hasta los 19 euros el incremento para 2021. De igual modo, para 2022 y 2023 las cuantía que está sobre la mesa es de 31 euros en cada uno de los dos años, como resultado de una media establecida entre los dos horizontes marcados por el comité, según confirmaron fuentes sindicales presentes en la reunión. Con estos tres estirones, el salario mínimo alcanzaría los 1.000 euros el próximo año, y los 1.031 al final de la legislatura. El próximo lunes, 6 de septiembre, se producirá un segundo encuentro del que saldrá el resultado final.

La subida del SMI ha generado tensiones entre la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y la segunda, Yolanda Díaz, que encarnan las dos almas del Ejecutivo. La titular de Trabajo reclama una subida del salario mínimo desde enero igual que la revalorización que se aprobó a los funcionarios y a los pensionistas, del 0,9% en ambos casos. Pero la ministra de Economía se ha resistido a mejorar el SMI hasta comprobar la fortaleza de la recuperación económica y del empleo. “Esto no va de que gane Nadia o Yolanda si no de que un millón y medio de personas fuera de convenio tienen que regular su situación”, aseguró Díaz por la tarde en una entrevista en Onda Cero.

A lo largo del encuentro de este miércoles, de más de tres horas, se han escenificado los distintos posicionamientos de las partes. Mientras que desde el Gobierno explican que tan solo se ha puesto sobre la mesa una horquilla que pivota sobre las conclusiones del informe de los expertos, los sindicatos consideran necesario un incremento mayor al de los 19 euros debido al aumento del coste de la vida que advierten los distintos indicadores macroeconómicos: los precios (IPC) cerraron agosto con una subida del 3,3% respecto al mismo mes del año anterior, según el INE.

“Nos hemos limitado a escuchar las propuestas y aunque hemos dado prioridad a acordar una cifra para 2021, también se ha destacado la voluntad de marcar una senda para 2022 y 2023″, reconocen fuentes de Trabajo, que, además, han celebrado la apertura de una vía de negociación con la patronal, marcadamente contraria a elevar el salario base. “¿A quién no le gustaría que los salarios suban? Yo soy el primero que digo que lo tendríamos que hacer. Pero pensamos que no es el momento porque venimos de un año y medio horrible”, ha indicado el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi. En opinión del líder de la patronal, esta decisión tendrá repercusión en el empleo y ha asegurado que “medidas generalistas en una España diversa no encajan”, además de considerar todo este debate como “bastante populista”.

“Nos hubiera gustado algo más de concreción en la propuesta del Gobierno para poder someterla a consulta a nuestras organizaciones”, ha señalado, por su parte, Rosa Santos, directora de Empleo de CEOE. “El Gobierno habla de un escenario de recuperación para llevar a cabo esta medida, es verdad que se están dando síntomas, pero es imposible no recordar que todavía tenemos un poquito más de cuatro millones de desempleados, que tenemos 226.000 autónomos en cese de actividad, y 274.000 personas en ERTE. Por lo que es imprescindible centrarse en un escenario de prudencia y de consolidación del empleo”, ha completado.

Mayor subida que la de pensionistas y funcionarios

Esos 15 euros de subida que baraja el Gobierno como punto de partida de la negociación sería la cifra intermedia dentro del baremo manejado durante la reunión y se ajustaría a la hoja de ruta establecida para llegar hasta el 60% del salario medio ―entre 1.011 y 1.049 euros al mes― durante la legislatura, a tres años vista.

De salir adelante en estos términos, el salario base pasaría de los actuales 950 euros en 14 pagas hasta los 965, lo que supondría un estirón del 1,57%. Por su parte, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras estiman necesario un aumento mucho más generoso, de entre 25 y 30 euros, y esperan acercarse lo máximo posible a esa cifra durante la próxima reunión. Este porcentaje, de ser definitivo, quedaría por encima del incremento del 0,9% acordado por el Gobierno para los pensionistas y los trabajadores públicos.

“La propuesta de CC OO ha estado centrada en mantener el poder adquisitivo del SMI. Tenemos dos elementos importantes que señalar, primero el crecimiento que se está produciendo en nuestro país, que es el mayor crecimiento de los últimos años, y por otra parte la inflación, que se está disparando con unos porcentajes muy altos”, ha indicado Mari Cruz Vicente, secretaria confederal de Acción Sindical de CC OO.

“Con una inflación desbocada como la que tenemos, y con un incremento de alguno de los elementos de uso fundamentales de los trabajadores, es claramente insuficiente, y por eso pensamos que en 2021 el salario mínimo tiene que recoger ese incremento de los precios y se tiene que situar entre los 25 y 30 euros. Creemos que es el momento de cerrar un acuerdo global y que para el mes de enero de 2023 el salario mínimo se sitúe en los 1.060 euros”, ha indicado Pepe Álvarez, secretario general de UGT.

Recuperación necesaria

A pesar de que aumentar el salario mínimo ha estado siempre dentro de la cartera social del Gobierno, la parálisis experimentada durante los primeros tres trimestres del año han escocido especialmente a los miembros de Unidas Podemos. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha encabezado durante todo este tiempo una campaña interna en el seno del Gobierno de coalición para que se acordase antes de la conclusión del año un nuevo aumento. En frente ha tenido las reticencias de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, a la que se han sumado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y el propio presidente, Pedro Sánchez, quienes estimaban necesaria una mínima recuperación de la economía para llevar a cabo esta decisión.

Sin embargo, los datos de afiliaciones anticipados por Seguridad Social para el mes de agosto ―19.480.000 afiliados en términos desestacionalizados―, junto con las proyecciones realizadas por organismos internacionales como el FMI, que pronostica que el PIB de España avanzará un 6,2% en 2021 y un 5,8% en 2022, han doblegado esas reticencias socialistas y decantado la balanza del lado de Unidas Podemos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya avanzó durante el acto de apertura del curso político celebrado en la Casa de América (Madrid), antes de que comenzase la reunión con los agentes sociales, que la subida del SMI era “inmediata”. “El nuevo Gobierno, la sociedad civil y yo diría también que los agentes sociales estamos llamados a dos tareas fundamentales. La primera es consolidar la recuperación económica que estamos viendo en los datos macroeconómicos. Y la segunda que esa recuperación llegue al bolsillo de todos los españoles en forma de más empleo, en forma de mejores salarios, y en forma de pensiones más dignas. Porque no va a haber una recuperación económica si no es una recuperación justa”, aseguró el presidente.

Las reacciones a la nueva subida desde la oposición no se han hecho esperar. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha recibido con cautela el anuncio, y ha instado al Ejecutivo a que, antes de una decisión unilateral, consensúe la medida con otros sectores. “Tomar decisiones de carácter unilateral, sin consultar o consensuar con la confederación de empresarios o con los trabajadores autónomos, puede causar en algunos casos más perjuicio que beneficio”, ha afirmado. El dirigente del PP ha señalado que la subida del salario mínimo ofrece mil especificidades y obliga a cambiar contratos y por eso ha incidido en la importancia de “hablar para llegar a un acuerdo que dé estabilidad”, más allá de decisiones unilaterales tomadas “porque estamos al inicio del curso político”, informa Eva Saiz.