Detenido un empresario de Bizkaia que imponía maratones de trabajo de hasta 26 horas a cambio de cinco euros la hora

Trabajadores sin permiso de residencia ni contrato de trabajo denunciaron a Ajos y Cebollas del Txorierri por un régimen cercano a la esclavitud ante la Policía Nacional

Empresa de Bizkaia que emplea a trabajadores sin contrato ni permiso de residencia con horarios y salarios abusivos, según la Policía Nacional.JAVIER HERNANDEZ

Llegaban a trabajar hasta 26 horas seguidas en jornadas que el empresario bautizó como “maratones”, con solo una de descanso para comer y a cinco euros la hora. Empezaban a las siete de la mañana y terminaban el día siguiente a las nueve. Toda la noche encerrados y sin parar de envasar ajos y cebollas. El empresario de Ajos y Cebollas del Txorierri, una firma de alimentación ubicada en el parque de Zamudio, en Bizkaia, fue detenido la pasada semana tras la denuncia de varios empleados que describieron ante la Policía Nacional de Bilbao ...

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Llegaban a trabajar hasta 26 horas seguidas en jornadas que el empresario bautizó como “maratones”, con solo una de descanso para comer y a cinco euros la hora. Empezaban a las siete de la mañana y terminaban el día siguiente a las nueve. Toda la noche encerrados y sin parar de envasar ajos y cebollas. El empresario de Ajos y Cebollas del Txorierri, una firma de alimentación ubicada en el parque de Zamudio, en Bizkaia, fue detenido la pasada semana tras la denuncia de varios empleados que describieron ante la Policía Nacional de Bilbao el régimen cercano a la esclavitud al que les sometía.

La Delegación del Gobierno en el País Vasco ha confirmado este miércoles los hechos por los que el empresario se enfrenta a varios delitos contra los derechos de los trabajadores y a multas de hasta 70.000 euros por infringir la legislación en materia laboral y de seguridad social. Tras declarar ante el juez de guardia, el empresario quedó en libertad, pero a disposición del juzgado.

Según ha informado este miércoles la Delegación del Gobierno, el arresto se produjo el pasado 17 de agosto después de que varios empleados denunciaran voluntariamente su situación y explicaran a la autoridad policial y laboral las prácticas del empresario. Los trabajadores contaron que, al no tener permiso de residencia, su jefe no les había formalizado contrato alguno, percibiendo un sueldo de cinco euros por hora efectiva de trabajo. Relataron que cuando sufrían algún accidente laboral como consecuencia de su trabajo y tenían que acudir a los servicios médicos, el dueño les aleccionaba para que no mencionaran ni la empresa ni el lugar donde habían sufrido las lesiones.

Además, explicaban que, ocasionalmente, hacían lo que su jefe denominaba una “maratón”, consistente en trabajar desde las siete de la mañana hasta las nueve de la mañana del día siguiente, teniendo solo una hora libre para comer mientras permanecían toda la noche encerrados en las instalaciones de la empresa, situadas en el polígono industrial Ugaldeguren en Zamudio. El empresario les pagaba a cinco euros la hora. Otra modalidad era pagarles un euro por cada saco de 12 kilos de cebollas que pelaban.

Hartos de ser explotados, denunciaron los hechos pese a estar en una situación irregular y ser conscientes de los problemas que les podía acarrear. La Inspección de Trabajo confirmó que los trabajadores se encontraban en una situación irregular sin contrato. La Brigada de Extranjería y Fronteras de Bilbao constató que varios de los ellos tampoco disponían de permisos de residencia.

Un grupo de agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Bilbao y funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia se presentaron en la empresa, identificando en su interior a un total de ocho trabajadores. De ellos, cuatro estaban sin permiso de residencia ni contrato de trabajo. Tras comprobar la gravedad y veracidad de los hechos narrados por estas víctimas, los investigadores concedieron a las víctimas el carácter de testigos protegidos.

El empresario fue detenido. Se le acusa de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, enfrentándose, además, a una posible sanción económica de más de 70.000 euros por infringir la legislación en materia laboral y de seguridad social.

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