La revolución climática de Christine Lagarde en el BCE
La presidenta de la institución logra incorporar la lucha contra el calentamiento global en las operaciones de política monetaria
Cuando en diciembre de 2019 Christine Lagarde desembarcó en el Banco Central Europeo (BCE) puso sobre la mesa dos metas estratégicas, como dos grandes misiones: anclar el objetivo de inflación en el 2% e incorporar la lucha contra el cambio climático a los mandamientos de la institución. Las dos se cumplieron en la histórica decisión de este jueves que supone una revolución tras 18 años de continuidad en los que ha tenido que pasar dos crisis de diferente origen (financiero y sanitario...
Cuando en diciembre de 2019 Christine Lagarde desembarcó en el Banco Central Europeo (BCE) puso sobre la mesa dos metas estratégicas, como dos grandes misiones: anclar el objetivo de inflación en el 2% e incorporar la lucha contra el cambio climático a los mandamientos de la institución. Las dos se cumplieron en la histórica decisión de este jueves que supone una revolución tras 18 años de continuidad en los que ha tenido que pasar dos crisis de diferente origen (financiero y sanitario), pero de profundo calado.
En la primera, el BCE decidió fijar en el 2% el objetivo de inflación; pero con espacio para superarlo de manera excepcional, abandonando la ambigüedad de “por debajo, pero cerca del 2%”, además de incorporar criterios relacionados con la vivienda para la medición del IPC. Un avance.
El segundo propósito quedó igualmente clavado en el frontal de la institución. Para la exministra francesa incluir la lucha contra el calentamiento global era uno de los principios rectores para su mandato y ha logrado instaurarlo, no sin lucha. “Es necesario que los modelos económicos de evaluación de riesgos incorporen el del cambio climático”, manifestó en su primera intervención como presidenta del BCE en la comisión de Economía del Parlamento Europeo. Fue una declaración evidente en unos tiempos en que todo el mundo reconoce esa emergencia; pero no pareció tanto por las resistencias, quizá no tan inesperadas, provenientes de algunos halcones del norte, como personalizó Jen Weidmann, presidente del Bundesbank, al advertir del peligro de sobrecargar la política monetaria. Otros bancos centrales también creían que era una carga cuando estaban fallando en lo principal, la estabilidad de los precios.
Algunos analistas lo interpretaron, además, como un intento de dar lustre al cargo dada la dificultad de mezclar política monetaria y bonos verdes. Es verdad que las políticas para lograr una economía de emisiones de carbono neutra pueden afectar a la volatilidad de la inflación y a la capacidad de los bancos centrales de lograr la estabilidad de precios por su impacto en la tasa de interés natural, que es una importante referencia para los bancos centrales cuando establecen sus tipos de interés. Pero la intentona de Lagarde iba en serio. Y se ha visto esta semana, más de año y medio después de su toma de posesión. Se compromete, casi pomposamente, a “incluir consideraciones sobre el cambio climático en las operaciones de política monetaria”, lo que pone difícil el acceso a la financiación a las empresas más contaminantes.
El mensaje de Lagarde ha ido calando en los miembros del consejo del BCE, y uno de los principales aliados ha sido el español Pablo Hernández de Cos, que lo incorporó como una cruzada en sus discursos. Para el gobernador del Banco de España, “los bancos centrales, los reguladores financieros y los supervisores, en el marco de nuestros mandatos de garantizar la estabilidad de precios y la estabilidad financiera, podemos —y debemos— contribuir activamente a las acciones internacionales para luchar contra el cambio climático”. Por eso, a su juicio, deben coordinarse con los Gobiernos nacionales de forma global para “asegurar estándares adecuados y que se puedan comparar regiones” al cuantificar los riesgos por el clima.
Así lo sostuvo el 17 de marzo en una intervención en el IESE, en la que habló más como presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y miembro del consejo del BCE, y lo repitió, más recientemente, en la conferencia virtual Green Swan (Cisne Verde) sobre los riesgos del cambio climático, donde subrayó que tanto el BCE como el BE realizan una prueba de solvencia a los bancos para ver su resistencia a riesgos relacionados con el clima, cuyos resultados se publicarán en otoño.
Para Cos, esa coordinación debe centrarse en los sistemas de impuestos a las emisiones de carbono. De la misma forma, opina que en la política presupuestaria deben incluirse compensaciones en el periodo de transición hacia una economía de emisiones neutra para evitar que aparezcan tensiones que frenarían el proceso. “El cambio climático genera riesgos para el sector financiero (físicos y de transición) que pueden ser significativos e impactar a la estabilidad financiera a nivel global”, dijo.
En definitiva, lo que los banqueros centrales piden es que el sistema bancario debe garantizar que está preparado para identificar, medir y mitigar los riesgos financieros relacionados con el clima. Si el sector incorpora esos riesgos, se traducirá en un cambio en los precios que ayudará a asimilar las consecuencias de esos riesgos, sobre los que todavía existen pocas bases de datos armonizadas.
Casi como en respuesta a la decisión del BCE, el BBVA anunció que canalizará 200.000 millones de euros en financiación sostenible hasta 2025. Esto supone doblar los 100.000 millones del objetivo inicial anunciado en febrero de 2018 y de los que ya lleva 57.000. “Queremos contribuir al esfuerzo colectivo global frente al cambio climático e impulsar un crecimiento inclusivo que no deje a nadie atrás y ponga al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era”, según el presidente del banco, Carlos Torres Vila, para quien la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático es una prioridad estratégica.