El sector inmobiliario acumula más de un tercio de la deuda de los grandes morosos con Hacienda
El 40% de los deudores que aparece en la lista negra de la Agencia Tributaria está en proceso concursal
El rastro de la burbuja inmobiliaria sigue presente. A los esqueletos de cientos de urbanizaciones y grandes obras dejadas a medias, se añade la abultada deuda que las empresas del sector continúan arrastrando con Hacienda. La última lista de grandes morosos con el fisco, publicada este lunes, lo deja negro sobre blanc...
El rastro de la burbuja inmobiliaria sigue presente. A los esqueletos de cientos de urbanizaciones y grandes obras dejadas a medias, se añade la abultada deuda que las empresas del sector continúan arrastrando con Hacienda. La última lista de grandes morosos con el fisco, publicada este lunes, lo deja negro sobre blanco: el 25% de los deudores está vinculado al ladrillo, así como el 33% del importe total adeudado, unos 4.600 millones de euros.
La radiografía no sorprende. Es el reflejo de la euforia inmobiliaria de la década de los 2000 y de su posterior colapso con el estallido de la crisis financiera. En la lista de morosos de este año ―incluye a los 3.869 contribuyentes, tanto empresas como personas físicas, que debían al fisco más de un millón de euros al cierre de 2020―, nueve de los primeros diez mayores deudores pertenecen al sector del ladrillo. Es más: llevan en lo más alto de la lista desde la primera edición del listado, en 2015.
En 2021, el primer lugar lo vuelve a ocupar por séptimo año consecutivo la promotora Reyal Urbis ―Hacienda le reclama 341 millones―, que en 2017 protagonizó la segunda mayor quiebra de la historia empresarial de España, solo por detrás de otro ícono del ladrillo, Martinsa-Fadesa. Esta última suspendió pagos en 2008 y también aparece en la lista de este año, con una deuda de 27 millones. En segundo lugar repite la constructora Isolux Corsán, con 329 millones ―más 54 millones de su filial―, que pidió el concurso de acreedores en 2017. El podio lo cierra Nozar, el gigante inmobiliario de la familia Nozaleda, con una deuda de 214 millones. Estas tres empresas son las únicas que deben al fisco cifras superiores a los 100 millones de euros.
El top ten de los mayores morosos con Hacienda lo completan la promotora cordobesa Grupo Prasa (97 millones), la constructora Servicios Esquerdo (97 millones), el grupo inmobiliario Aifos (93 millones), la constructora CCF 21 (92 millones), Obras Nuevas de Edificación 2000 (86 millones), la Organización Impulsora de Discapacitados (86 millones) ―la única que no pertenece al mundo inmobiliario― y Bitango Promociones (73 millones). Estas nueve empresas inmobiliarias que copan los primeros lugares de la lista suponen el 10% de la deuda total incluida en el listado, que suma 14.100 millones.
También las personas físicas que más deben al fisco están relacionadas con el sector inmobiliario. El matrimonio conformado por Teresa Maldonado y Jesús Ruiz, que pilotaba la promotora andaluza Aifos, adeuda más de 31 millones en conjunto ―más de 15 millones cada uno― y encabeza el listado de personas físicas más endeudadas con el fisco. El tercer lugar lo ocupa el empresario Agapito García Sánchez (15,41 millones), también vinculado a la construcción y durante muchos años el número uno del listado negro de Hacienda. Otro empresario del mundo inmobiliario que aparece en la lista es Rafael Gómez (1,9 millones), conocido como Sandokán y vinculado a la trama de corrupción Malaya, y varias de sus empresas. Entre ellas Arenal 2001, que ocupa el puesto número 11 con una deuda de 71,9 millones.
Proceso concursal
Del total del importe adeudado, más de la mitad (unos 7.270 millones) se corresponde con deuda de morosos en proceso concursal (más de 1.696 contribuyentes, el 44% del total). Esta cifra ha subido en comparación con el año anterior, cuando los porcentajes eran, respectivamente, de un 48% (6.800 millones) y un 38% (1.480 contribuyentes). Esto significa que las posibilidades de cobro por parte de Hacienda se reducen.
Además, se han realizado derivaciones de responsabilidad subsidiaria o solidaria a terceros, distintos del deudor principal, en 1.209 casos. La cifra afectada por este procedimiento supera los 2.560 millones, cerca de un 18% y similar al del listado anterior. Si la comparación se hace con la primera lista, la de 2015, la derivación de responsabilidad ha aumentado un 39%.