Karlsruhe se rinde dos veces

Los Veintisiete acaban de dar luz verde al Plan de recuperación europeo Next Generation al aprobar la asignatura que le quedaba pendiente al gran impulso fiscal de 750.000 millones de euros: la ratificación de la nueva Decisión de Recursos Propios, o sea, los impuestos europeos con que se amortizarán los eurobonos.

La han podido ratificar porque antes el Tribunal Constitucional de Alemania, con sede en Karslruhe...

Los Veintisiete acaban de dar luz verde al Plan de recuperación europeo Next Generation al aprobar la asignatura que le quedaba pendiente al gran impulso fiscal de 750.000 millones de euros: la ratificación de la nueva Decisión de Recursos Propios, o sea, los impuestos europeos con que se amortizarán los eurobonos.

La han podido ratificar porque antes el Tribunal Constitucional de Alemania, con sede en Karslruhe, se rindió el 21 de abril en su bloqueo a los nuevos recursos financieros, que había decretado el 26 de marzo a instancias de la ultraderecha local. Entonces prohibió temporalmente al presidente federal que los ratificase, hasta dirimir el litigio incoado.

Finalmente el 21 de abril le autorizó, rechazando la paralización cautelar que pretendían los ultras. Argumentó que el daño para la recuperación de la crisis económica pandémica y para la credibilidad del país que generaría esa parálisis sería superior al que evitaría, aduciendo como “improbable” que acabase dándoles la razón en la cuestión de fondo (aún pendiente): la mella en su “identidad constitucional” (artículo 79), y pues, en su política económica nacional.

La rendición al ímpetu europeo se aprecia en que sentencias anteriores de Karlsruhe habían subrayado que lo esencial era conservar la capacidad de decisión de un núcleo duro suficiente de esa política económica. Ahora invierte las tornas. Las garantías de Berlín a los eurobonos solo se violarían, proclama, “si esos compromisos financieros no solo acarreasen el efecto de restringir la autonomía presupuestaria, sino que negasen esencialmente esa autonomía”. Así que se conforma con mantener siquiera un mínimo grado de influencia.

La cosa era de cajón. Porque aunque el esfuerzo fiscal de la Next Generation tendrá un impacto enorme, las responsabilidades nacionales que entraña quedan acotadas. En el caso de Alemania, y puestos a lo peor —a saber, que fracasaran los nuevos impuestos y que ninguno de sus 26 socios cumpliese con su obligación de aportar su cuota para reemplazarlos con dinero fresco directo—, debería añadir, si no falla la calculadora, hasta 562.500 millones a su stock de deuda (o sea, tres cuartas partes de los 750.000, pues su cuota es del 25%), que alcanzó los 2,3 billones en 2020. Su ratio de endeudamiento pasaría así del 69,8% del PIB al 86,6%, apenas cuatro puntos más que su pico de 2010, el 82,3%. Algo perfectamente digerible… y competitivo.

Así que no habrá nubes para el fondo de recuperación de la UE por la aún pendiente decisión definitiva del tribunal alemán. Salvo para su engrandecimiento y deseable salto cualitativo futuro, por la insidiosa interferencia que entraña su anuncio de que “revisará” si la Decisión de recursos propios “pudiera conducir a instrumentos permanentes que esencialmente supusieran la asunción de responsabilidades por causa de decisiones tomadas por otros Estados”. Justo el Tesoro permanente que algún día se precisará para alcanzar la unión fiscal y poder actuar como Joe Biden.

A esa rendición le siguió casi inmediatamente otra, el 18 de mayo, en un asunto de interés concomitante. El Tribunal Constitucional alemán dio carpetazo final a los pleitos (siempre ultraderechistas) contra el Programa de Compras de Activos Públicos (PSPP), que puso en marcha el BCE de Mario Draghi en 2015 para rematar la Gran Recesión, y que bajo Christine Lagarde se han ampliado mediante el programa contra la crisis pandémica (PEEP).

Tras desafiar ilegalmente al Tribunal de Justicia de la UE —quien ostenta la verdadera competencia final en estos asuntos—, que había validado en 2018 el programa de Draghi, los magistrados alemanes consideraron que se había adoptado sin explicitar los motivos de su “proporcionalidad”. Y el 5 de mayo de 2020 obligaron al Bundesbank a parar en tres meses sus compras de bonos públicos si en ese plazo no se documentaban, poniendo a la vez en un brete al Parlamento y al Gobierno federal y sus compromisos europeos.

En su reciente sentencia rebobinan y dan por satisfechas sus reclamaciones de explicación de esa “proporcionalidad”, con lo que reculan en su estrategia de demolición de las políticas monetarias expansivas de Fráncfort que han salvado a la zona euro.

Pero lo hacen con un cinismo insuperable. Intentan salvar su error aparentando que es el BCE quien rectificó su falta de proporcionalidad en el PSPP: de evaluación sobre su relación coste-beneficio, de discusión de otras opciones, de las interacciones con la política fiscal y de análisis de los posibles efectos negativos… aludiendo a que lo hizo posteriormente a su ultimátum del 5 de mayo. Indica que lo hizo en el Consejo de Gobierno del 3 y 4 de junio, cuyas prolijas actas dan cuenta de una discusión en profundidad sobre todo ello; y que envió a través del Bundesbank “documentos clasificados” al Parlamento alemán.

Falso de media falsedad. El banco central hizo todo eso, sí, y en esa fecha, sí. Pero había evaluado la proporcionalidad y demás exigencias muchísimo antes. Desde el principio del programa de compras. Concretamente, en el consejo de Gobierno del 21 y 22 de enero de 2015, en que aprobó el PSPP tras una discusión larga, detallista y enconada… como Karlsruhe hubiese podido apreciar simplemente habiendo leído las actas de ese encuentro decisivo: ¡aquel en que se inauguró!

Ahí está todo. La propuesta de expansión cuantitativa inmediata para activar la anémica inflación y las posiciones contrarias de los halcones; las opciones entre “actuar en esta reunión” y la de “esperar y ver”; las ventajas e inconvenientes de cada una; las características, conveniencia y proporcionalidad de las compras, según la “clave de reparto” de cada país en el capital; su cuantía, discutida en 50.000 millones de euros, finalmente elevados a 60.000 millones; la evaluación de eventuales pérdidas…

Si los magistrados las hubieran leído hace seis años, si hubieran trabajado, si hubiesen visto lo que era público, como estaban obligados, no habrían interferido en el banco central, no habrían desafiado al TJUE, no hubiesen hecho el ridículo. Otros cumplieron. Como el experto Charles Wyplosz, que profundizó en las entrañas de las actas y celebró la nueva transparencia de la entidad en un temprano artículo también público (ECB minutes: what really tell us, Vox-CEPR, 2/3/2015).

Así que rendido el tribunal alemán por fuerza de los argumentos en el aspecto económico-monetario de estas batallas, solo queda por disolver su atentado jurídico a la primacía del derecho comunitario sobre el nacional, y del TJUE sobre sí mismo. Pero para ello, la Comisión Europea deberá cumplir el compromiso de la vicepresidenta Vèra Jourová de abrir un expediente de infracción a Alemania: porque de lo contrario “daríamos un impulso” a los húngaros y polacos que pretenden imitar los golpes de Karslruhe a la construcción europea (Der Spiegel, 29/9/2020). Si Ursula von der Leyen no lo impide. Tendrá que explicarse.