Una subasta 5G de bajo coste que llega con mucho retraso

Debería haberse celebrado a comienzos de 2020, pero la pandemia truncó el calendario, y se tuvo que aplazar de nuevo. Finalmente la subasta de las frecuencias del 5G se celebrará en el mes de julio y si, como es previsible, la competencia entre operadoras es la suficiente, la puja se completará ese mismo mes. La asignación de frecuencias...

Debería haberse celebrado a comienzos de 2020, pero la pandemia truncó el calendario, y se tuvo que aplazar de nuevo. Finalmente la subasta de las frecuencias del 5G se celebrará en el mes de julio y si, como es previsible, la competencia entre operadoras es la suficiente, la puja se completará ese mismo mes. La asignación de frecuencias, el espacio radioeléctrico de titularidad pública (aunque no se trate más que de aire), llega tarde y esa demora va a tener consecuencias en la recaudación.

El precio de salida de la puja en España será de 995,5 millones de euros, un 15% menos que la cifra inicial sometida a consulta pública. La rebaja era una petición insistente de los operadores de telecomunicaciones, ante las ingentes inversiones que deberán hacer para desplegar la nueva red. Se calcula que solo el despliegue de la red supondrá un desembolso de 5.000 millones de euros. La recaudación final de la subasta dependerá del interés que despierte la puja entre los operadores de ámbito nacional. La única referencia son los 2.100 millones que el Ministerio de Hacienda se marcó como objetivo recaudatorio en los Presupuestos Generales del Estado para 2021.

Los países europeos cuanto más adelantaron la subasta, mayor recaudación consiguieron. La telefonía 5G despertó unas expectativas inusitadas cuando se definió su estándar tecnológico universal, pero con el paso de los años la percepción del mercado es que esa revolución no tendrá una influencia significativa en los ingresos de los operadores, sobre todos los europeos, que, aunque deberán afrontar una inversión considerable, están obligados a alquilar esas redes a precios regulados a los competidores sin red. Es decir, que Telefónica, Vodafone u Orange no se pueden arriesgar a cobrar un extra a sus millones de clientes de telefonía móvil debido a las ofertas paralelas low cost de competidores como MásMóvil o Digi.

Además, en España el retraso se ha debido también al problema añadido de las cadenas de televisión que ocupaban las frecuencias que albergarán ahora los servicios 5G, y a las que ha habido que mudar a otras bandas para evitar interferencias. Este proceso, conocido como dividendo digital ya se produjo cuando el apagón de la televisión analógica y el tránsito a la televisión digital terrestre (TDT). Y es muy prolijo, porque hay que dar tiempo no solo a las teles sino a las comunidades de vecinos para que reorienten antenas y equipos, y a los telespectadores para resintonizar los canales. Por si fuera poco, mientras las operadoras deben pagar un cheque millonario por la concesión de las frecuencias, a los grandes imperios mediáticos (RTVE, Mediaset, Atresmedia y canales autonómicos y locales) no solo les sale gratis, sino que el Gobierno les subvenciona la migración a otra banda de frecuencias.

Esa demora le va a costar cara al Tesoro en un momento en el que el déficit y la deuda pública se han disparado, aunque el Gobierno siempre ha sostenido que no había un afán recaudatorio en la subasta, sino que prefería apostar por la inversión en esta tecnología fundamental para la digitalización. En la subasta italiana, cerrada en octubre de 2018, el Gobierno consiguió recaudar más de 6.500 millones de euros en la subasta de espectro para el 5G. Tras catorce días y 171 rondas, Telecom Italia, Vodafone Italia, Wind, Iliad y Fastweb superaron con creces las previsiones del Gobierno, que preveía recaudar unos 2.500 millones de euros, y sus ofertas iniciales en un 164%.

No le fue peor al Gobierno alemán. El Estado germano recaudó 6.550 millones de euros en la subasta que celebró en junio de 2019 por los 41 bloques de frecuencias del 5G. En la puja, que duró 52 días, participaron cuatro operadores. Deutsche Telekom pagó la máxima cantidad (2.175 millones), seguido de Vodafone (1.880 millones); en tercer lugar se situó Telefónica, con 1.425 millones, solo por detrás de los 1.070,2 millones que pagó 1&1 Drillisch.

Por su parte, Francia recaudó en octubre de 2020, ya en plena pandemia, un total de 2.790 millones de euros. Pero el precedente más reciente es el de Reino Unido, que adjudicó el pasado mes de marzo sus frecuencias 5G por 1.356 millones de libras (1.587 millones de euros) a Telefónica O2, Vodafone, Hutchison 3G UK y BT/EE. La operadora española pagó 524 millones de euros, con lo que su factura del 5G, solo en los dos países europeos donde opera, supera con creces el precio de salida de todas las frecuencias que se subastarán en España.

Inversión pública

Junto con la licitación de la banda de frecuencias de 700 MHz y otras reformas, la Estrategia para el Impulso de la Tecnología 5G que presentó el Gobierno prevé una inversión pública de 2.000 millones de euros hasta 2025 para incentivar el despliegue de redes y servicios, de los que 1.500 millones están incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha ensalzado el lanzamiento de la subasta y ha indicado que todas las empresas internacionales “saben que España es el país que puede liderar el despliegue del 5G en Europa”. “Tenemos las redes digitales más importantes del continente, tenemos más proyectos piloto de despliegue de 5G que el resto de países y tenemos una hoja de ruta que hemos preparado con el sector privado”, ha señalado en declaraciones a la cadena Cope.

Las compañías, moderadamente satisfechas

Las compañías se han mostrado parcialmente satisfechas con las condiciones de la subasta publicadas ayer en el BOE. “Demuestran que el Gobierno conoce y reconoce las dificultades que atraviesan las empresas de telecomunicaciones, y que comprende que el 5G será absolutamente esencial para la recuperación postcovid y el crecimiento económico en el futuro. Si bien es cierto que las condiciones continúan siendo exigentes, las mejoras alcanzadas ayudarán a que los despliegues de nuevas redes puedan acelerarse”, señalaron fuentes de la patronal tecnológica DigitalES.

La patronal valora positivamente también que, por primera vez, el Gobierno abriera una consulta pública, “dando margen a la industria para señalar aquellos aspectos que podían incidir negativamente en la subasta y saluda la ampliación de la concesión de licencias hasta 40 años, una de las fórmulas planteadas por la industria —si bien lo la única— para crear un entorno de mercado más saludable”.

No obstante, DigitalEs recuerda que, según datos de la CNMC, los ingresos de las empresas de telecomunicaciones se han desplomado un 31,4% en la última década, a pesar de que la base de clientes no ha dejado de crecer. A ello se suma que España tiene la fiscalidad más elevada del sector (6,61%, el doble que la media europea).