Las autonomías se preparan para un duro ajuste a partir de 2022

Las comunidades contaron en 2020 con un voluminoso colchón para encarar la pandemia. El Gobierno dejó abierto el grifo de la financiación autonómica pese al derrumbe de la actividad, a lo que sumó transferencias a fondo perdido para evitar tensiones mayores de tesorería. Gracias a estos flujos, las finanzas regionales han podido hacer frente a la crisis y aguantar el golpe, pero pronto habrá que cuadrar cuentas. En 2022 las autonomías deberán devolver al Estado los recursos recibidos de más, una fact...

Las comunidades contaron en 2020 con un voluminoso colchón para encarar la pandemia. El Gobierno dejó abierto el grifo de la financiación autonómica pese al derrumbe de la actividad, a lo que sumó transferencias a fondo perdido para evitar tensiones mayores de tesorería. Gracias a estos flujos, las finanzas regionales han podido hacer frente a la crisis y aguantar el golpe, pero pronto habrá que cuadrar cuentas. En 2022 las autonomías deberán devolver al Estado los recursos recibidos de más, una factura que la Airef cifra en 5.000 millones y que ya empieza a preocupar a los Gobiernos regionales.

Así lo marcan las reglas del sistema de financiación autonómico: las comunidades reciben del Estado cada año los recursos que necesitan por adelantado, conocidos como entregas a cuenta, cuyo importe se calcula en función de los ingresos previstos. Dos ejercicios después, con los datos definitivos en la mano, se hace el encaje de bolillos. Si han percibido más de lo que finalmente se ha ingresado, reintegran la diferencia al Estado; o viceversa, si la recaudación se ha comportado mejor de lo esperado, perciben un dinero extra.

Pese al repentino cambio de coyuntura, Hacienda mantuvo en 2020 las entregas calculadas antes de la pandemia, en función de un crecimiento económico estimado del 1,6%. En total, recibieron 105.868 millones, más la liquidación positiva récord de 2018, de casi 11.000 millones. Al margen de estas cantidades, les inyectó otros 16.000 millones de un fondo extraordinario para afrontar la crisis de la covid.

Este dopaje ha evitado un colapso mayor de los servicios esenciales que prestan las comunidades, empezando por la sanidad, ante el alza del gasto por la pandemia. También ha permitido esquivar abultados desequilibrios presupuestarios. Hasta noviembre, últimos datos disponibles, las haciendas autonómicas acumulaban un superávit del 0,29%, frente al déficit del mismo periodo del año anterior. Es decir: sus ingresos superaban sus gastos. El dato es excepcionalmente positivo porque a esa fecha ya habían ingresado la actualización de las entregas a cuenta de 2018, que en 2019 percibieron a finales de ejercicio, y el grueso del fondo covid.

La realidad, sin embargo, choca con estos números. El INE ha adelantado que el PIB retrocedió un 11% en 2020, y la recaudación tributaria hasta noviembre había caído un 9%. El Gobierno calcula un déficit del 11,3% para el conjunto de Administraciones, al que las comunidades contribuirán con un desfase del 0,6%.

A la espera de la liquidación definitiva del sistema, ya se da por sentado que en 2022 el saldo será negativo para las comunidades. La Autoridad Fiscal (Airef) ha avanzado una primera estimación del golpe: 5.000 millones. Y ha lanzado un aviso con vistas a 2023. “En 2022 se espera un deterioro importante del saldo fiscal con el registro de la liquidación a favor del Estado de las entregas a cuenta asociadas a 2020, situación que se replicará en 2023 de materializarse las previsiones de ingresos de la Airef”, destaca el último informe sobre los Presupuestos autonómicos. El organismo estima que los saldos negativos se sitúen en el 0,4% del PIB en 2022 y en el 0,3% en 2023.

Ángel de la Fuente, director de Fedea, considera que las comunidades estuvieron “sobreprotegidas” y coincide en que las entregas a cuenta de 2021 —de importe casi igual al de 2020— también se calcularon de manera muy optimista. “Es probable que la liquidación sea negativa en 2023, aunque no será tan grande”, señala.

La decena de comunidades consultadas asegura que ahora la prioridad es atajar la crisis, pero reconoce que ya hay inquietud por la factura que vendrá. Los Gobiernos regionales aún tienen grabado en la retina lo ocurrido en la Gran Recesión: en 2008 y 2009 los saldos negativos alcanzaron los 20.000 millones, y se siguen devolviendo fraccionados hoy en día. ”Aún no hay propuestas”, dicen fuentes de una consejería regional. “Confiamos en que, cuando llegue el momento, el Gobierno atienda la necesidad de adoptar medidas”, desliza otra.

Senda de estabilidad

El ministerio señala que este año corresponden las liquidaciones positivas de 2019, y que aún no hay nada definido de cara a 2022. Javier Fernández-Lasquetty (PP), consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, insistió la semana pasada sobre el asunto. “Las entregas a cuenta que se nos han dado en 2021 están por encima de la realidad”, zanjó durante un desayuno informativo: “Este año la obligación es atender todos los gastos derivados de la pandemia, pero debemos tener muy claro que el dinero adicional no debe usarse para gasto estructural”.

Ahí está el otro gran riesgo: que este aluvión de dinero, vital para encarar a la crisis, se use para gasto corriente que en el futuro no se pueda mantener. En 2021 ya no habrá transferencias extraordinarias, pero las comunidades volverán a recibir flujos sin precedentes: además de las entregas a cuenta, llegarán las primeras ayudas europeas y la suspensión de las reglas fiscales les dará más margen de gasto. Hacienda ha fijado para este año una tasa de referencia del déficit no obligatoria —del que se ha comprometido a asumir la mitad—, del 2,2% del PIB para las autonomías, a financiar con más endeudamiento.

“En el medio plazo hay que volver a una senda de estabilidad, pero el debate ahora está en las instituciones de la UE”, señala César Cantalapiedra, socio de la consultora Afi. El Gobierno suspendió los objetivos presupuestarios en línea con la congelación del Pacto de Estabilidad europeo para 2020 y 2021. Ante la magnitud de la crisis no está, sin embargo, claro si Bruselas pedirá volver a la disciplina ya en 2022, ni si las reglas fiscales serán las mismas, ya que ha abierto la puerta a revisarlas.

En cualquier caso, el regreso de los objetivos fiscales se perfila como otra piedra en el zapato para las comunidades. El consejero de Hacienda de Andalucía, Juan Bravo (PP), ya alertaba en octubre no solo de las liquidaciones negativas en 2022 y 2023; también pedía un calendario para volver a una senda de estabilidad. Un punto en el que coinciden organismos como la Airef o el Banco de España. “Ahora las comunidades están centradas en las demandas de los ciudadanos, pero verán acercarse el precipicio”, opina Cantalapiedra.

Diego Martínez López, profesor de Economía de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, también teme que esta barra libre de gasto se convierta en un arma de doble filo. “La UE ha suspendido la senda hacia los objetivos, pero todo el resto sigue vigente. En España se ha dejado al país sin unas coordenadas de gobernanza fiscal”, lamenta.