El ingreso mínimo será compatible con becas y ayudas a la vivienda

Percibir el ingreso mínimo vital no implicará la renuncia a becas o ayudas para vivienda, según la información que la Seguridad Social ha transmitido a las comunidades. También se podrá compatibilizar con otras rentas sociales autonómicas. Fuentes del ministerio que dirige José Luis Escrivá advierten de que, aunque serán complementarias, no lo serán en su totalidad. Y aseguran que negocian con las autonomías cómo coordinar todas l...

Percibir el ingreso mínimo vital no implicará la renuncia a becas o ayudas para vivienda, según la información que la Seguridad Social ha transmitido a las comunidades. También se podrá compatibilizar con otras rentas sociales autonómicas. Fuentes del ministerio que dirige José Luis Escrivá advierten de que, aunque serán complementarias, no lo serán en su totalidad. Y aseguran que negocian con las autonomías cómo coordinar todas las ayudas.

El Gobierno aún está afinando las cifras del ingreso mínimo vital. En la segunda mitad de mayo, plazo que se dio el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, tiene que estar listo este instrumento para ayudar a los más vulnerables. El ministerio ya tiene borradores de textos legales, y en ellos se ve que la ayuda estará entre 462 euros en el supuesto más bajo y 1.015 euros en el más alto, según adelantó el lunes El Mundo. Fuentes del instituto previsor advierten de que, aunque ya existen esbozos de esta ley, nada está definitivamente decidido y los números finales pueden cambiar.

Las cantidades que cobren finalmente las familias dependerán de la situación del hogar o “unidad de convivencia”, nombre que recibirá legalmente, según la información que refieren fuentes de comunidades autónomas. Esos 462 euros mensuales serán el mínimo de renta que se podrá percibir y llegarán a los adultos que vivan solos. A partir de ahí, irá aumentando el ingreso. Si en ese hogar de un solo adulto vive además un niño, la cantidad ascenderá a 600 euros más otros 100 como complemento. Si hay dos niños, la cantidad se elevará a 838 euros. Cuando la familia no sea monoparental, el complemento de 100 euros desaparece. El límite está en 1.015 euros al mes, en los hogares con dos adultos y tres hijos o más.

Una cosa a tener en cuenta es que los beneficiarios no tienen por qué percibir la ayuda íntegra. Ese dinero es lo que entiende la Seguridad Social que es el mínimo vital y lo que hará será completarla hasta llegar a esa cantidad. Es decir, si una madre que viva con su hija cobra 200 euros trabajando en un empleo a tiempo parcial, el Estado complementará esos ingresos hasta llegar a los 700 euros que corresponden a esta situación.

La Seguridad Social no tendrá en cuenta a la hora de conceder el ingreso mínimo si el beneficiario también recibe becas de estudio, ayudas a la vivienda o las que se dan en casos de emergencia. Esta compatibilidad ya existe en rentas autonómicas de este tipo, como la vigente en el País Vasco.

Precisamente, las rentas autonómicas también serán compatibles con el ingreso mínimo, según se deduce de la información remitida a las autonomías. No obstante, fuentes de su departamento advierten de que no está cerrado cual será el grado de compatibilidad, puesto que, señalan, no tendría mucho sentido que se puedan sumar plenamente las dos ayudas. La forma en que ambas rentas convivan es uno de los puntos más complicados del diseño del ingreso mínimo y también de negociar con las comunidades. Con ellas hubo encuentros telemáticos la semana pasada.

A la hora de definir la situación de vulnerabilidad de una familia, se excluirá a aquellas que tengan un patrimonio neto valorado en 100.000 euros. Por ejemplo, porque ese sea el valor de una vivienda en propiedad. Todas estas cifras se suman a las que ya se conocían, como que el coste para las arcas públicas será de unos 3.000 millones al año. También se sabe que el Gobierno calcula, que llegará a un millón de hogares. En la mitad de ellos viven niños.

La negociación con las comunidades y grupos parlamentarios como el PNV son decisivas para dar este paso adelante en el Estado de bienestar. La Constitución deja en manos autonómicas el despliegue de la asistencia social. De hecho, todas las comunidades tienen algún tipo de ayuda para los colectivos más desfavorecidos. El País Vasco es la que tiene un mayor colchón. A pesar de esto, el Tribunal Constitucional deja margen a la Seguridad Social para actuar en este campo y, de hecho, el instituto previsor otorga prestaciones, como la de hijo a cargo, que podrían servir de precedentes.

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