Comunidad Valenciana y Baleares reclaman a Sánchez un plan para reactivar el turismo

Los presidentes de la Comunidad Valenciana y de Baleares, Ximo Puig y Francina Armengol, reclaman al presidente del Goiberno, Pedro Sánchez, un plan de reactivación del turismo, un sector gravemente afectado por la crisis sanitaria generado por el coronavirus. Ambos políticos, que se han entrevistado este miércoles por videoconferencia, han pedido además a la UE la apertura con seguridad del espacio europeo. El descenso de turistas extranjeros llega...

Los presidentes de la Comunidad Valenciana y de Baleares, Ximo Puig y Francina Armengol, reclaman al presidente del Goiberno, Pedro Sánchez, un plan de reactivación del turismo, un sector gravemente afectado por la crisis sanitaria generado por el coronavirus. Ambos políticos, que se han entrevistado este miércoles por videoconferencia, han pedido además a la UE la apertura con seguridad del espacio europeo. El descenso de turistas extranjeros llegados a España en marzo, un dato publicado este miércoles por el INE, anticipa el descalabro de las cifras turísticas que esperan a España y otros países por el impacto de la pandemia.

Puig y Armengol han analizado la situación del sector turístico, uno de los pilares clave de la economía de ambas comunidades, han abogado por que UE ponga en marcha un protocolo de seguridad europeo para minimizar el impacto de la pandemia en el movimiento de las personas y la llegada de turistas extranjeros.

En la entrevista, ambos han señalado que es prioritaria la apertura del espacio europeo, cuando las autoridades sanitarias lo consideren oportuno, y han solicitado la implicación de las instituciones europeas para reforzar la confianza de la ciudadanía y del turismo internacional en unos destinos que son seguros.

Los dos políticos han planteado además que se tenga en cuenta la corresponsabilidad fiscal asumida por las diferencias autonomías y la inversión pública en sanidad que ha realizado cada una en los últimos años para la distribución del fondo especial de 16.000 millones aprobado por el Gobierno y destinado a las comunidades autónomas para atender los gastos generados por la pandemia e impulsar la reconstrucción social y económica.

Puig y Armengol han destacado que, si en el reparto del primer tramo de los fondos se ha tenido en cuenta la afección sanitaria directa de la pandemia, la distribución de los recursos para la reactivación económica debería atender igualmente a las consecuencias directas en la economía que tendrá la crisis generada por la covid-19 en los diferentes territorios.

Petición de la industria de la automoción

Por otra parte, representantes de las cuatro principales patronales del sector de la automoción (Anfac, Sernauto, Faconauto y Ganvam) mantuvieron en la tare del miércoles un encuentro telemático con la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la ministra de Industria, Reyes Maroto, en la que les demandaron un plan de choque urgente para el sector. Su propuesta pasa por relanzar el mercado después de que en abril las matriculaciones cayeran un 96%, para lo que piden un plan de ayudas a la compra de vehículos de 400 millones de euros de cualquier motorización, flexibilizar las regulaciones temporales de empleo que ha utilizado la industria y, lo más urgente, que los concesionarios puedan abrir cuanto antes pese a que superen los 400 metros de superficie.

La respuesta fue un compromiso del Gobierno para impulsar la demanda a corto y medio plazo para favorecer la reactivación y adaptación del sector de la automoción hacia opciones de movilidad eficiente una vez se supere la crisis sanitaria. Desde el sector se celebró el encuentro, una cita que esperaban desde hace tres semanas, pero no se obtuvo un compromiso firme de ayudas tal y como demandan, “de gran impacto”.

Hace tiempo que las patronales reclaman acompañamiento público para una industria que no cuenta con fabricantes propios de vehículos y que aporta el 10% del PIB español. Además de subvenciones para la compra de vehículos, reclaman acabar con el impuesto de matriculación, que consideran un peaje añadido a la adquisición de vehículos nuevos.

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