La Seguridad Social perdió 175.000 afiliados extranjeros en la segunda quincena de marzo tras el estado de alarma
La construcción fue el sector con un mayor descenso en el número de cotizantes
La excepcional caída del empleo que vive España como consecuencia de la crisis del coronavirus también se deja sentir entre la población inmigrante. La Seguridad Social perdió 174.877 afiliados extranjeros, un 11,5%, entre el 12 y el 31 de marzo, tras la declaración del estado de alarma por la pandemia de la covid-19. Los inscritos...
La excepcional caída del empleo que vive España como consecuencia de la crisis del coronavirus también se deja sentir entre la población inmigrante. La Seguridad Social perdió 174.877 afiliados extranjeros, un 11,5%, entre el 12 y el 31 de marzo, tras la declaración del estado de alarma por la pandemia de la covid-19. Los inscritos ya no llegan a dos millones y el total se sitúa en 1.966.392 cotizantes, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Este dato de último día de mes es el que, a juicio del Ministerio, expresa con más fiabilidad cómo evolucionó el empleo en comparación con el que habitualmente publica, el de la afiliación media, que en marzo mostró un descenso entre los extranjeros de 43.724 cotizantes.
La construcción fue el sector que más trabajadores de este colectivo perdió, al finalizar marzo con un 22% menos de ocupados extranjeros. En todo caso, en términos interanuales, la afiliación de extranjeros registró en marzo un aumento medio de de 46.972 activos respecto a marzo del año pasado, lo que supone un 2,3% más.
Del total de afiliados extranjeros a cierre de marzo, 1.293.771 procedían de países de fuera de la Unión Europea y el resto (780.158), de países comunitarios. Los grupos de trabajadores extranjeros más numerosos procedían de Rumanía (341.503), Marruecos (268.564) e Italia (124.580). Les siguieron los trabajadores nacionales de China, Colombia, Ecuador, Reino Unido, Venezuela y Bulgaria, todos por debajo de los 100.000.
En un contexto de confinamiento en el que escasea la mano de obra en el campo, el Gobierno ha establecido unos supuestos para que los inmigrantes puedan obtener una autorización de trabajo para desarrollar labores agrícolas.
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