Puig reclama una aplicación razonable del decreto del Gobierno que paraliza la actividad no esencial

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha pedido seguridad para empresas y trabajadores ante la paralización de la actividad no esencial en España por el coronavirus, mediante una “aplicación razonable” del decreto del Gobierno. La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) ha denunciado la “improvisación y la falta de d...

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha pedido seguridad para empresas y trabajadores ante la paralización de la actividad no esencial en España por el coronavirus, mediante una “aplicación razonable” del decreto del Gobierno. La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) ha denunciado la “improvisación y la falta de diálogo social” ante una decisión que implica parar la economía de un país. Ascer, asociación de fabricantes cerámicos, necesita hasta la medianoche del 1 de abril para detener su actividad productiva.

Puig ha advertido del “hilo” que separa los sectores esenciales y no esenciales y ha defendido que la moratoria de un día era necesaria. “No se puede a última hora poner en funcionamiento un decreto y que ni empresas ni trabajadores tengan suficiente tiempo para prepararse en esta situación difícil”, ha expuesto en À Punt sobre la publicación a última hora del decreto en el BOE.

El jefe del Consell ha reiterado su petición de “flexibilidad exigente” y de “intentar un confinamiento máximo” como la mejor manera de acabar cuanto antes con la pandemia, tratando de “acomodar” la situación para la mayor seguridad de empresas y trabajadores.

La patronal valenciana, que se ha reunido por videoconferencia con el presidente de la Generalitat, ha instado a la Secretaría de Estado de Comercio y al Instituto de Crédito Oficial (ICO) a que “agilicen todos los trámites y decisiones trasladar liquidez de forma inmediata al sector empresarial”. Según la información recabada por la CEV, las entidades bancarias todavía no han podido abrir las nuevas líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de cara al público, porque los bancos “están a la espera de la asignación de su cupo, así como de la letra pequeña que vendrá reflejada en desarrollo reglamentario”, dos cuestiones que dependen del propio Instituto de Crédito.

Uno de los sectores que han pedido una moratoria razonable para detener su actividad productiva ha sido la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer), que pide hasta la medianoche del 1 de abril de plazo. Esta organización ha reclamado que se pueda seguir cargando hasta esa fecha para poder pagar nóminas y atender sus compromisos comerciales de corto plazo.

Ascer ha subrayado que acatará las medidas decretadas por el Ejecutivo, aunque no comparte “ni fondo ni formas” ante una decisión “tan unilateral y desproporcionada”, que -según ha dicho- obliga a las empresas a soportar económicamente la gestión de la crisis y que a medio plazo conllevará pérdidas “irreparables” de empleo y de actividad.

La Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (FEVEC), una de las actividades que paraliza el nuevo decreto, ha calificado la iniciativa de “mazazo” al sector de la construcción y espera que cuando pase el estado de alarma, la Administración pueda dar “un empuje” a la obra pública para ayudar al sector a salir “más rápido” de esta crisis.

Y mientras se aplica el nuevo decreto del Gobierno, la Consejería de Economía Sostenible sumaba hasta el pasado domingo 31.648 solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que afectan a 187.294 trabajadores. Si la primera semana con las medidas extraordinarias de estado de alarma la Comunidad Valenciana tenía 73.961 trabajadores afectados, en los últimos cinco días se sumaron más de 84.000 personas a la lista.

Un informe elaborado por el servicio de estudios de Cámara Valencia prevé que la crisis del coronavirus conlleve “como mínimo, una significativa caída” de las exportaciones de la provincia, "erosionada sobre todo por la paralización de la producción y ventas de vehículos automóviles, que suponen el 37 por ciento del total de exportaciones.

Los sindicatos UGT-PV y CC OO-PV respaldan decisión del Gobierno de paralizar todas las actividades no esenciales hasta el próximo 9 de abril con el objetivo de “romper la evolución epidemiológica de la pandemia” del coronavirus y “resolver cuanto antes” el problema de modo que también “el daño económico sea el mínimo posible”.

Sin embargo, no han ocultado que existe “confusión” en cuanto a qué actividades se consideran esenciales y qué actividades no, por lo que, durante la reunión telemática que han mantenido este lunes con el ‘presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y el presidente de la CEV, han reclamado que se “se clarifique cuanto antes” que actividades están permitidas.