Las hogueras del descontento
El 79% de los latinoamericanos cree que se gobierna solo a favor de los poderosos
Las protestas en Latinoamérica reflejan un estado global de descontento. Pese a que muchas de ellas se han desencadenado sin que nadie las hubiese anticipado, ya contamos con centenares de análisis sobre sus causas y hasta —quizás— sus consecuencias. La suspensión del Parlamento peruano o el relevo presidencial en Bolivia son conflictos políticos que no han sabido resolverse mediante los mecanismos institucionales ordinarios. En otros casos, predominan factores económicos. En Chile se habría salido a la calle para mostrar el hastío de la desigualdad y en Ecuador el rechazo a los ajustes fiscal...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
Las protestas en Latinoamérica reflejan un estado global de descontento. Pese a que muchas de ellas se han desencadenado sin que nadie las hubiese anticipado, ya contamos con centenares de análisis sobre sus causas y hasta —quizás— sus consecuencias. La suspensión del Parlamento peruano o el relevo presidencial en Bolivia son conflictos políticos que no han sabido resolverse mediante los mecanismos institucionales ordinarios. En otros casos, predominan factores económicos. En Chile se habría salido a la calle para mostrar el hastío de la desigualdad y en Ecuador el rechazo a los ajustes fiscales requeridos para asegurar la sostenibilidad fiscal de una economía que no crece.
El problema con las interpretaciones simples es que, siendo verosímiles, están a contramano de los datos. Aunque Latinoamérica sea la segunda región más desigual del mundo y pese a que su renta per cápita haya caído un 0,7% desde el fin del “superciclo” de materias primas, en el Latinobarómetro de 2018 la distribución solo era el problema más importante para un 1% de la población —por debajo del consumo de drogas— y en Ecuador sólo el 17% de la población temía un empeoramiento económico. Debe haber otros desasosiegos profundos en la ciudadanía. Uno de ellos, que afecta al tercio de la población que en la década pasada se convirtió en clase media vulnerable, es el temor a volver a ser pobre. Otro, que el Estado —o los mercados si, como en Chile, son los encargados de proveer bienes y servicios públicos como la salud o las pensiones— no vaya a cumplir sus promesas. Ninguno son miedos infundados.
Pese a la popularidad de la Bolsa Familia brasileña o el Oportunidades de México, fue el crecimiento económico quien insertó a 60 millones de ciudadanos en las clases medias emergentes, y las perspectivas para los próximos cinco años son que la región crezca la mitad que entonces.
Un tercio de la población latina es indiferente respecto a la democracia o el autoritarismo. Y ese es el problema
Por otro lado, la Cepal estima que solo el 46% de los latinoamericanos están afiliados a sistemas de seguridad social, un porcentaje que en el quintil más pobre se reduce al 19%. La combinación de un mercado de trabajo con ese abrumador nivel de informalidad y un sistema impositivo insuficiente pone contra las cuerdas al Estado de bienestar de la región. Además los mecanismos de movilidad social exhiben fallas clamorosas: pese a las mejoras en los niveles de educacion —en Chile 7 de cada 10 universitarios provienen de familias que nuca fueron a la universidad—, el 45% de la población tiene ingresos en el mercado laboral que son inferiores al salario mínimo, un claro indicador de subempleo. Las desigualdades de género, raza o geografía son igualmente perturbadoras y consolidan la percepción de que el sistema no solo no es, sino que no está en camino de ser meritocrático.
Ricardo Haussman apuntaba que la desigualdad original es la de la productividad que no depende del talento sino del origen social, ya que si no se corrige genera la más intolerable de las inequidades: la de dignidad personal. El 79% de los latinoamericanos cree que se gobierna solo en favor de los poderosos. Y ese escepticismo provoca la pérdida de confianza en los partidos políticos (– 13%), sus parlamentos (– 21%), sus gobiernos (– 22%) y en su apoyo a la democracia, 48%, trece puntos menos que hace una década.
Hoy hay casi un tercio de la población que se manifiesta indiferente entre la democracia y un régimen autoritario. Y ese es el problema. Tras las marchas y la violencia que las ha acompañado en siete países de la región el Ejército y los estados de excepción han vuelto. Eugenio Tironi, dirigente chileno del MIR en 1973 y uno de los arquitectos de la campaña del ‘No’ de 1988, recordaba que, absortos en el mundo de las palabras y los maximalismos, tolerantes con la violencia, un día se despertaron con La Moneda bombardeada y Allende muerto. El futuro imposible estaba allí y desde entonces jamás pudieron sacarse de encima el miedo, no solo a la dictadura, sino a sí mismos: a lo que habían sido capaces de engendrar al dejarse llevar por las pasiones y no por la razón. Esa generación —muy parecida a la española de la Transición— nunca volvió a ver el mundo como algo que se podía reinventar desde cero, y la obsesión por el orden y la negociación se volvió una adicción a la que Chile debe una buena parte de su reciente prosperidad.
Apagar las hogueras y sentarse a negociar reformas posibles e inclusivas sería claramente preferible a quedar enredados en la fútil épica de ser las tumbas del neoliberalismo o del bolivarianismo. Pero está por ver que el poder limitante del mal sea también efectivo en un mundo con redes sociales y urgencias de protagonismos.