Corrupción y crecimiento

La corrupción es el tema de moda en España, por desgracia. Quizás no debería sorprendernos demasiado, dada la visión un poco relajada que tenemos en general del cumplimiento de la ley. ¿Cuántas veces le ha sucedido que alguien le ha aparcado el coche en doble fila, y cuando tras esperar pacientemente se lo ha recriminado de manera educada, ha recibido un insulto por respuesta? ¿Cuántas veces nos hemos enfadado porque nos han puesto una bien merecida multa por aparcar donde no se debe? Este tipo de comportamiento revela un sentido cívico, de respeto por la ley, bastante laxo. ¿Recuerdan el eslo...

La corrupción es el tema de moda en España, por desgracia. Quizás no debería sorprendernos demasiado, dada la visión un poco relajada que tenemos en general del cumplimiento de la ley. ¿Cuántas veces le ha sucedido que alguien le ha aparcado el coche en doble fila, y cuando tras esperar pacientemente se lo ha recriminado de manera educada, ha recibido un insulto por respuesta? ¿Cuántas veces nos hemos enfadado porque nos han puesto una bien merecida multa por aparcar donde no se debe? Este tipo de comportamiento revela un sentido cívico, de respeto por la ley, bastante laxo. ¿Recuerdan el eslogan “Hacienda somos todos”? Sí, el entonces ministro Borrell imitando a Lee Iacocca y protagonizando anuncios de televisión recordando a todos los españoles que defraudar a Hacienda era defraudarnos a nosotros mismos, como hacerse trampas al solitario. Con una diferencia, que si hacemos trampas en el solitario, no afectamos a nadie más, mientras que cuando defraudamos a Hacienda, o nos saltamos las leyes a la torera, casi seguro afectamos a algún inocente.

En Italia, país también de dudosas costumbres en este ámbito, hay —o al menos había cuando yo vivía allí— una norma muy interesante: cuando se compra algo en un comercio o en un bar, el vendedor tiene la obligación de dar el recibo y el comprador tiene la obligación de solicitarlo. Lo interesante es esto: la Guardia de Finanza —más o menos el equivalente a la policía fiscal— podía multar en las inmediaciones del local a los clientes que salieran de una tienda o bar con algo comprado y sin recibo. De esta manera, se daba un incentivo al cliente para pedir el recibo y obligar al vendedor a registrar la venta y, por tanto, a pagar los impuestos correspondientes. Esta norma daba lugar a situaciones muy interesantes: llegabas a un bar y rápidamente te dabas cuenta de que a los locales en general se les daba recibo y a los extranjeros, desconocedores de la norma, no. ¿Ustedes pedirían el recibo?

La corrupción es un fenómeno cultural que al final se observa a todos los niveles institucionales. Algunos argumentan que se podría considerar que la corrupción es un mal necesario, porque sirve para reducir el impacto de regulaciones excesivamente rígidas, pero en este caso la solución sería mejorar la regulación, no tolerar la corrupción. El veredicto de la profesión económica sobre su impacto económico es bastante claro: el trabajo original de Paolo Mauro (Corruption and Growth, Quarterly Journal of Economics, agosto de 1995) y los desarrollos posteriores han dejado bien claro que la corrupción reduce el crecimiento. Los canales de transmisión son muy variados, pero el más importante es que desvía recursos que podrían utilizarse en actividades innovadoras y productivas y los canaliza hacia actividades de captura de rentas típicamente improductivas. Este desvío reduce la inversión y la formación de capital humano, disminuyendo el crecimiento potencial. Además, los procesos de corrupción reducen el nivel de meritocracia en la población —ya que se reduce la transparencia en la asignación de recursos—, aumentando la desigualdad de oportunidades y la desigualdad en la distribución de la renta. Y este aumento de la desigualdad conduce a la inestabilidad política.

El nivel de corrupción de una sociedad está típicamente ligado a la calidad de sus instituciones. En sociedades donde los derechos de propiedad están más protegidos y los contratos se respetan de manera predecible, donde las instituciones judiciales son rápidas y eficaces, se generan mayores incentivos para dedicarse a actividades productivas de largo plazo, en lugar de buscar los pelotazos rápidos en sectores opacos y más proclives a comportamientos dudosos, como la construcción. En la terminología de Acemoglu y Robinson en su fantástico libro Por qué fracasan los países (Deusto), son instituciones inclusivas, que aumentan la integración de la sociedad y su bienestar. Lo contrario son instituciones extractivas, que fomentan el dinero fácil y están diseñadas para trasvasar recursos de una parte de la sociedad a otra. Piensen en la diferencia entre Corea del Norte y Corea del Sur o, para los historiadores, entre la colonización española de América del Sur (extractiva) y la colonización anglosajona (inclusiva) de América del Norte. Si queremos reducir las desigualdades y generar crecimiento duradero, y no solo acelerones de corto plazo que casi siempre acaban en crisis, tenemos que mejorar de manera drástica nuestro tejido institucional y hacerlo mucho más inclusivo.

Meritocracia para todos, sobre todo para los que gobiernan. La alternativa es más corrupción, instituciones extractivas, y menos crecimiento

Reducir la corrupción y mejorar las instituciones es difícil, ya que normalmente implica que los beneficiarios de la misma decidan renunciar a sus prebendas —parafraseando el refrán inglés, los pavos nunca aplauden la llegada de las Navidades. El paso inicial tiene que ser, siempre, mejorar la educación de los ciudadanos y fomentar el debate público e independiente, algo que brilla por su ausencia en España. Como mínimo se tienen que reforzar tres principios: maximizar la transparencia, fomentar la meritocracia y la regeneración y predicar con el ejemplo. El abono de la corrupción —y de los fracasos en general— es casi siempre la opacidad. La financiación de la política no tiene una solución fácil si se financia con dinero público, los medios son escasos y generan una clase política profesional o la búsqueda de recursos alternativos no siempre limpios, como nos muestra el triste espectáculo español. La alternativa privada, como en EE UU, da lugar a un sesgo hacia los políticos de clase acomodada, ya que en general el volumen de recursos necesario para las campañas actuales es altísimo. Pero al menos es transparente, el lobby está regulado, y la población sabe, más o menos, a qué se enfrenta. Sea como sea, la transparencia tiene que ser máxima: que se autoricen las donaciones políticas, con límites, y que se publiquen todos los detalles. Y si la transparencia máxima reduce el incentivo de algunos políticos a ejercer de tales, todos saldremos ganando. Fomentar la meritocracia y la regeneración política es fundamental. ¿De qué democracia hablamos cuando los votantes, debido al sistema de listas cerradas y sin primarias, no pueden echar a un político que lo hace mal? Pregúntense una cosa: ¿por qué brilla España internacionalmente en muchos deportes? Porque es meritocracia transparente. Los que valen, juegan; los que no, son apartados. Y a los que se portan mal se les sanciona, independientemente del apellido y el origen. La evaluación es constante, y por eso se progresa.

Finalmente, hay que predicar con el ejemplo. El mundo anglosajón a veces exagera con las dimisiones debidas a escándalos sexuales. Pero al menos queda algo claro: el que mete la pata lo paga, como todos los ciudadanos. ¿Qué mensaje transmite un ministro alemán que dimite por haber falsificado un doctorado, o un ministro británico por haber tratado de usar su influencia para evitar una multa hace una década? Que el activo fundamental de un político es su credibilidad y, si se pierde, hay que dejar el puesto a otro. Meritocracia para todos, sobre todo para los que gobiernan. La alternativa es más corrupción, instituciones extractivas, y menos crecimiento.