El Síndic pide más cámaras de videovigilancia en las prisiones

"No hay mejor versión [de los hechos] que las grabaciones", afirmó ayer el síndic de greuges, Rafael Ribó, en referencia a las cámaras de videovigilancia. En la presentación del informe de la Autoridad Catalana de Prevención de la Tortura, pidió que los centros penitenciarios instalen más cámaras que graben vídeo y voz en zonas donde ahora son prácticamente inexistentes, como las dependencias en las que cachean a los presos.

Es una "garantía para todos" que sirve para "prevenir malos tratos y hacer frente a cualquier queja", añadió Ribó, que pidió que se coloquen también en los p...

"No hay mejor versión [de los hechos] que las grabaciones", afirmó ayer el síndic de greuges, Rafael Ribó, en referencia a las cámaras de videovigilancia. En la presentación del informe de la Autoridad Catalana de Prevención de la Tortura, pidió que los centros penitenciarios instalen más cámaras que graben vídeo y voz en zonas donde ahora son prácticamente inexistentes, como las dependencias en las que cachean a los presos.

Es una "garantía para todos" que sirve para "prevenir malos tratos y hacer frente a cualquier queja", añadió Ribó, que pidió que se coloquen también en los pabellones hospitalarios penitenciarios, en las comisarías de la policía local y en los furgones de traslados de presos.

El defensor pide también que se graben los traslados de reos en coche

La Autoridad Catalana de Prevención de la Tortura (organismo dependiente del Síndic, creado en 2009) ha realizado 17 visitas, sin previo aviso, durante este año: seis prisiones, ocho comisarías de policía, un centro de justicia juvenil, un centro de protección de menores y un centro de personas con discapacidad. En sus conclusiones, no consta que se hayan detectado torturas. "Es una palabra muy gruesa", matizó ayer Ribó, e insistió en la función "preventiva" de la Autoridad Catalana de Prevención de la Tortura.

El informe, que Ribó entregó ayer a la presidenta del Parlament de Cataluña, Núria de Gispert, recoge 22 recomendaciones que tener en cuenta para evitar situaciones de malos tratos. Entre ellas, pide imprimir el número de identidad profesional de los funcionarios de vigilancia penitenciaria en todas sus prendas, crear un cuerpo de trabajadores con formación específica en el ámbito de la justicia juvenil y que las policías locales informen inmediatamente al colegio de abogados de las detenciones (ahora esperan a que pasen a disposición de los Mossos, según Ribó).

Asimismo, solicita que el tiempo que los menores pasan en la Ciudad de la Justicia sea "el mínimo imprescindible, solo para llevar a cabo la identificación y formalización de las actuaciones judiciales o policiales". Además, considera oportuno que se separe a los menores que están a la espera de custodia o tutela, y los que se encuentran en estas dependencias por cuestiones penales.

Sobre los centros de internamiento de extranjeros (CIE), ni la Autoridad Catalana de Prevención de la Tortura ni el Síndic han podido entrar hasta el momento en el centro de la Zona Franca, que sustituyó al de la Verneda. "Está más que demostrado que hay unas condiciones que seguro que permiten la existencia de malos tratos", denunció ayer Ribó.

En concreto, se refirió a las malas condiciones en la alimentación y a una situación de "amontonamiento" en las dependencias para los extranjeros. Son situaciones de las que el Síndic dijo tener constancia a través de las distinas quejas que ha recibido. Pero admitió que "no lo ha podido comprobar" por sí mismo, puesto que no han entrado nunca.

El Síndic acusó ayer al anterior delegado de Gobierno en Cataluña, Joan Rangel, de ignorar sus peticiones de información a raíz de la muerte de un joven en el CIE y las huelgas de hambres de personas allí alojadas. Rangel replicó en su día que el único competente para supervisar su actividad era el Defensor del Pueblo, y aseguró que le había remitido todas las quejas, algo que Ribó reconoció ayer, al admitir que la competencia para supervisar el CIE es del Defensor del Pueblo. Pero, según explicó, ambas figuras están pendientes de firmar un convenio que permita a la Autoridad Catalana de Prevención de la Tortura comprobar las condiciones en el CIE.