Veto electoral a la camiseta 'verde'
La jornada electoral del 20-N tuvo un episodio particular en Madrid a propósito de las protestas en la enseñanza. Algunos profesores y padres acudieron a votar ese día con la camiseta que se ha convertido en símbolo de las movilizaciones de la marea verde y que pide en letras blancas Escuela pública de tod@s para tod@s.
La Junta Electoral Provincial de Madrid prohibió su uso para interventores y apoderados de las mesas electorales y, según el caso, también se vetó a algunos votantes que la vestían y que quedaron a merced de la autoridad de los presidentes de mesa. Una sema...
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La jornada electoral del 20-N tuvo un episodio particular en Madrid a propósito de las protestas en la enseñanza. Algunos profesores y padres acudieron a votar ese día con la camiseta que se ha convertido en símbolo de las movilizaciones de la marea verde y que pide en letras blancas Escuela pública de tod@s para tod@s.
La Junta Electoral Provincial de Madrid prohibió su uso para interventores y apoderados de las mesas electorales y, según el caso, también se vetó a algunos votantes que la vestían y que quedaron a merced de la autoridad de los presidentes de mesa. Una semana después, algunos de esos votantes están recibiendo telegramas de la Junta Electoral de Zona de Madrid en los que se les cita a presentar alegaciones por una posible vulneración de la "prohibición de difundirse propaganda electoral". La Junta da un plazo de 48 horas a los apelados para que den explicaciones. Si no lo hacen, según el texto, "podrá pararle el perjuicio a que hubiera lugar en derecho".
Según la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, de 1985, se enfrentan a pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses "cuya cuantía económica se fijaría en función de los recursos del sancionado", explica el abogado de IU Juan Manuel Vela, que confía en que estas acciones "no prosperen" y las califica de "intentos de coacción".
Izquierda Unida denunció ayer el "acoso" a la marea verde tras el envío de los telegramas. IU y PSOE presentaron sendas reclamaciones contra el acuerdo de la Junta el mismo 20 de noviembre.