90 días al raso viviendo en un limbo legal
Una familia cubana está acampada frente a Exteriores desde hace tres meses
Sobre el pecho de Sabina Martín Gómez tintinea nerviosa una Virgen del Cobre. Eso sucede porque Sabina, "exiliada cubana", de 44 años, habla excitada. Está sentada en una silla y a la vera de una pila de colchones en medio de la calle, en la plaza de la Provincia, donde vive acampada junto a su familia, de ocho miembros incluyendo a la abuela de 75 años, desde hace 90 días. Protestan frente al Ministerio de Asuntos Exteriores. Su disconformidad, explican, se debe a que llegaron a España en marzo pasado tras un acuerdo "de Moratinos con Cuba" y, aseguran, que existía un plan para ellos que desc...
Sobre el pecho de Sabina Martín Gómez tintinea nerviosa una Virgen del Cobre. Eso sucede porque Sabina, "exiliada cubana", de 44 años, habla excitada. Está sentada en una silla y a la vera de una pila de colchones en medio de la calle, en la plaza de la Provincia, donde vive acampada junto a su familia, de ocho miembros incluyendo a la abuela de 75 años, desde hace 90 días. Protestan frente al Ministerio de Asuntos Exteriores. Su disconformidad, explican, se debe a que llegaron a España en marzo pasado tras un acuerdo "de Moratinos con Cuba" y, aseguran, que existía un plan para ellos que descarriló en algún momento.
El hermano de Sabina, dice, es el represaliado Carlos Martín. Gracias a él, su familia fue incluida en un plan para refugiados cubanos en España. Pero esa hoja de ruta, que comenzó en un hostal en Villa de Vallecas, se truncó hace unos meses. A Sabina y a su marido, José Ramón Pizarro, de 47 años y enfermo de hepatitis C, les expulsaron de un centro de acogida en Málaga. Les acusaron de borrachos y de tratar de agredir a las autoridades del lugar portando "armas blancas". "Todo mentiras. Eran falsas acusaciones", asegura Sabina, tan agitada que la saliva se escapa de su boca en todas las direcciones.
Les echaron de un centro tras acusarles de beber alcohol y portar armas blancas
El Ministerio de Exteriores considera que el asunto de Sabina y su familia no es competencia suya, sino del Ministerio de Trabajo e Inmigración. La familia vive en una especie de limbo legal. No tiene permisos, pero tampoco adónde ir. Ni, parece, demasiadas ganas. Esgrimen la supuesta promesa de un piso.
Por el momento su horizonte, y el que ven sus vecinos desde hace tres meses, es una especie de minicampamento de refugiados lleno de mantas, colchones y banderas cubanas. Cocinan en un infiernillo y guardan sus cosas en las alcantarillas, como la sabiduría de quienes viven en la calle indica como precaución preceptiva.
"Vivimos de la mendicidad, somos limosneros, claro", explica sin que sea muy necesario José Ramón Pizarro. En realidad, salvo por los carteles reivindicativos y las hojas con membrete que muestra temblorosa Sabina -que trabajaba en una escuela para niños con síndrome de Down en la provincia cubana de Artemisa-, nada les diferencia de los grupos de indigentes nómadas que pueblan los parques y las plazas madrileñas.