Una fórmula público-privada pondrá 4.000 pisos de alquiler en el mercado

El Gobierno aprobó ayer una operación de 430 millones de euros con la que persigue poner en cuatro años en el mercado 4.000 viviendas de alquiler de la mano de un inversor privado. Estarán destinadas a rentas de hasta 39.000 euros, muy por encima de los 22.000 euros en los que está colocado el umbral ahora. Se trata de fomentar la cultura del alquiler y no solo para las rentas más bajas. Las viviendas tendrían ese destino durante 20 años y después podrían ser puestas a la venta, con prioridad para sus inquilinos.

El consejero de Vivienda, Obras públicas y Transportes, Iñaki Arriola, que...

El Gobierno aprobó ayer una operación de 430 millones de euros con la que persigue poner en cuatro años en el mercado 4.000 viviendas de alquiler de la mano de un inversor privado. Estarán destinadas a rentas de hasta 39.000 euros, muy por encima de los 22.000 euros en los que está colocado el umbral ahora. Se trata de fomentar la cultura del alquiler y no solo para las rentas más bajas. Las viviendas tendrían ese destino durante 20 años y después podrían ser puestas a la venta, con prioridad para sus inquilinos.

El consejero de Vivienda, Obras públicas y Transportes, Iñaki Arriola, que compareció al término del consejo de Gobierno, explicó que el montante de la operación la hace adecuada y atractiva para grandes inversores, entre los que citó fondos de pensiones o de inversión. El Gobierno ya "ha sondeado" el interés por la iniciativa entre algunos de ellos.

El Ejecutivo pagará la renta al inversor y la cobrará a los inquilinos

La operación busca también el saneamiento de Alokabide y Visesa

Arriola explicó que los 430 millones aprobados ayer serán para realizar un contrato mixto (patrimonial y de arrendamiento) con un inversor privado, que deber a su vez comprometer una inversión superior a 495 millones hasta 2016.

Este inversor adquirirá viviendas ya hechas, acometerá la construcción de otras nuevas, o comprará suelo para edificarlas y las cederá en régimen de arrendamiento al Gobierno. El Ejecutivo, por su parte, abonará a ese inversor un máximo de 700 euros de renta por piso y mes, durante el primer año, y los destinará a solicitantes de Etxebide. El montante total de la operación se ha calculado sobre la base de las rentas que el Gobierno abonará a lo largo de un plazo mínimo de 20 años.

El coste neto para las arcas públicas no serán esos 430 millones sino 249, según las cifras facilitadas por Arriola: la diferencia la recuperará el Gobierno por la vía de los alquileres que a su vez cobrará a los inquilinos.

El Gobierno espera tener adjudicado el contrato a finales de octubre y las primeras viviendas "podrían ser una realidad a primeros de 2012", precisó Arriola.Las viviendas que el Gobierno encontrará a su disposición se dividen en cuatro grupos: 1.072 son viviendas sociales ya construidas que el inversor compraría a la sociedad Alokabide; otras 1.875 las tiene en fase de construcción otra sociedad pública, Visesa; un cupo de otras 199 se edificaría sobre suelos urbanizados propiedad del Gobierno, que el inversor adquiriría también, y el resto, 854 pisos, serán los que este promovería y construiría por sí mismo, con la posibilidad de verlos ampliados en otros 1.000.

El consejero presentó la operación como una iniciativa "pionera" en el conjunto de España y un ejemplo de "colaboración público-privada" y de iniciativas "imaginativas y variadas" que persiguen un doble objetivo: conseguir viviendas para destinarlas al alquiler y obtener recursos económicos para construir nuevas promociones de vivienda protegida.

El propósito del Ejecutivo, de acuerdo con el Plan Director de Vivienda, es "dar un fuerte impulso" al alquiler. El Gobierno ha elegido, entre otras exploradas, esta fórmula, que no computa como deuda pública. Con ella evita el impacto en los presupuestos públicos y esquiva las restricciones crediticias de las entidades financieras, dijo Arriola. Es la primera de este tipo que se va a poner en práctica en España. El Ejecutivo alcanzará con ella un tercer objetivo: el saneamiento de las sociedades Visesa y Alokabide, que ganarán en solvencia y podrán seguir realizando políticas de alquiler, subrayó. Al final de todo el proceso, aseguró, el Gobierno habrá obtenido 28 millones de euros por las ventas, ingresará otros 21,6 en devoluciones de subvenciones de Alokabide e intereses legales y se ahorrará 77 millones de euros en subvenciones al inversor privado.