La Audiencia apoya a la juez de los ERE en el conflicto con la Junta

La Audiencia de Sevilla considera que las actas de los consejos del Gobierno andaluz no son secretas. El tribunal da de este modo la razón a la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, Mercedes Alaya, que exigió la entrega de las actas al Ejecutivo autónomo, a lo que este se negó al entender que son reservadas. La Audiencia rechaza el recurso que la Junta interpuso contra un auto de Alaya en el que exigía al Ejecutivo las 480 actas de los últimos consejos de Gobierno desde 2001.

"Se comprueba que lo declarado por la ley reservado son los documentos ...

La Audiencia de Sevilla considera que las actas de los consejos del Gobierno andaluz no son secretas. El tribunal da de este modo la razón a la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, Mercedes Alaya, que exigió la entrega de las actas al Ejecutivo autónomo, a lo que este se negó al entender que son reservadas. La Audiencia rechaza el recurso que la Junta interpuso contra un auto de Alaya en el que exigía al Ejecutivo las 480 actas de los últimos consejos de Gobierno desde 2001.

"Se comprueba que lo declarado por la ley reservado son los documentos y lo declarado secreto son las deliberaciones, nada de lo cual han de aparecer, según se desprende del artículo 30.3

[de la ley del Gobierno de Andalucía] en las actas, que son lo único reclamado por la instructora". De este modo argumenta la Audiencia en su sentencia que el contenido de las actas puede incorporarse a la instrucción porque carece de carácter secreto.

Alaya suspendió el conflicto de jurisdicción planteado por la Junta a la espera de la decisión de la Audiencia. Ahora la magistrada tiene vía libre para enviar el caso al Tribunal de conflictos de jurisdicción del Supremo. La juez paralizó el conflicto de jurisdicción y no lo envió al Supremo por "coherencia procesal" y para evitar "tramitaciones paralelas y pronunciamientos inútiles o contradictorios", ya que existía el recurso planteado ante la Audiencia.

Sin embargo, la Junta hace un mes se dirigió directamente al Tribunal Supremo para que interviniera en el conflicto. El Gobierno andaluz solicitó su intervención tras la decisión de la juez Alaya de suspender el conflicto de jurisdicción. El Tribunal Supremo ha atendido la petición de la Junta y ha designado un ponente para resolver el conflicto. El magistrado Octavio Juan Herrero ha pedido a la Junta y a la fiscalía que presenten sus alegaciones al litigio, y a continuación deberá resolver la admisión o no a trámite de las actuaciones recibidas.