El Parlament pide que se prohíba la prostitución en las vías públicas
La Cámara también reclama un programa contra los desórdenes en las celebraciones deportivas - ICV fracasa en su intento de reprobar a Puig
Las prostitutas mejor que no se vean. Esa es la intención que se desprende de la moción del PP aprobada ayer por amplia mayoría en el Parlament que insta al Gobierno de la Generalitat a prohibir "el ejercicio de la prostitución en carreteras y vías públicas". No será muy difícil que el Gobierno de CiU cumpla ese mandato, pues el consejero de Interior, Felip Puig, ya anunció el 14 de abril que estaba estudiando una normativa para prohibir la prostitución y multar a las mujeres y sus clientes.
Si se cumple la petición del Parlament se acabaría con la dispersión actual de normas, en la que...
Las prostitutas mejor que no se vean. Esa es la intención que se desprende de la moción del PP aprobada ayer por amplia mayoría en el Parlament que insta al Gobierno de la Generalitat a prohibir "el ejercicio de la prostitución en carreteras y vías públicas". No será muy difícil que el Gobierno de CiU cumpla ese mandato, pues el consejero de Interior, Felip Puig, ya anunció el 14 de abril que estaba estudiando una normativa para prohibir la prostitución y multar a las mujeres y sus clientes.
Si se cumple la petición del Parlament se acabaría con la dispersión actual de normas, en la que algunos municipios consideran la prostitución callejera una infracción administrativa en sus ordenanzas de civismo. Eso provoca un desplazamiento de prostitutas entre poblaciones, especialmente a partir de la llegada del buen tiempo, pues lo que está sancionado en un sitio puede estar permitido en otro. Otra cosa es que los Ayuntamientos acaban por no cobrar ninguna de esas multas, pues las prostitutas no tienen un domicilio conocido para notificarles la infracción.
La norma acabaría con la dispersión actual y multaría a mujeres y clientes
La iniciativa del PP fue apoyada por el PSC, CiU y Ciutadans (109 votos en total). Los 10 diputados de Iniciativa votaron en contra, mientras que ERC y SI se abstuvieron.
La moción de seguridad impulsada por los populares también fue ampliamente respaldada en otros puntos. Uno de ellos reclama al Gobierno de la Generalitat que colabore con el Ayuntamiento de Barcelona en diseñar en el plazo de dos meses un programa que prevenga los desórdenes públicos que se puedan celebrar en el marco de las grandes celebraciones deportivas. En eso hubo unanimidad parlamentaria. También se aprobó reclamar al Ministerio del Interior que dote al Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil de los efectivos necesarios para que ejerzan sus competencias. Es una petición que se viene planteando desde hace años, igual que sucede con otra solicitud de reforma del Código Penal "para ofrecer una respuesta más eficaz ante la multirreincidencia". Tanto la petición de más policía como más mano dura es habitual en todos los Parlamentos, pero prácticamente nunca se hace un debate a fondo sobre cómo mejorar el funcionamiento de la justicia para que las condenas se cumplan y la justicia penal sea más ágil y eficaz.
El diputado de ICV-EUiA Jaume Bosch aprovechó la moción del PP para intentar la reprobación de Felip Puig por la carga del día 25 en la plaza de Catalunya contra los acampados, pero se quedó solo en el intento. Puig anunció en su día que acudirá a la comisión parlamentaria para explicar la actuación de los Mossos d'Esquadra.
Bosch también se quedó solo en su intento de que se anulara la misa prevista para hoy con motivo del Dia de les Esquadres, un acto que solo dejó de celebrarse durante los cuatro años en que el consejero de Interior fue Joan Saura, en contra de lo que se decía en la edición de ayer. La consejera Montserrat Tura no era muy partidaria de ese acto, pero en su época aceptó que se celebrara. Para el día de hoy solo han anunciado su presencia en la Basílica de Santa María del Mar algunos diputados de CiU y PP.
Otra cosa será la ceremonia civil que se celebrará en el Auditori, donde acudirán representantes de diversos partidos. En ese acto se impondrán las medallas de reconocimiento a diversos profesionales, entre ellos Carles Quílez, director de Análisis de la Oficina Antifraude de Cataluña y que está imputado en el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona por cohecho y revelación de secretos.
Archivado En
- Jaume Bosch
- OAC
- Felip Puig
- Legalización
- Orden público
- Policía autonómica
- Seguridad ciudadana
- Policía municipal
- Barcelona
- Prostitución
- Explotación sexual
- Cataluña
- Policía
- Delitos sexuales
- Ayuntamientos
- Comunidades autónomas
- Derecho
- Administración autonómica
- Fuerzas seguridad
- Delitos
- Administración local
- Justicia
- España
- Administración pública
- Problemas sociales