Un informe destapa contratos ilegales adjudicados en Jerez a la red Gürtel
Los peritos del juez ven anomalías en la concesión del estand para Fitur de 2004
La investigación de la trama Gürtel se ha extendido a Andalucía de manera oficial. Y deja en la picota a la exalcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz) María José García Pelayo (PP), quien hoy es vicepresidenta segunda de la mesa del Parlamento de Andalucía. Es decir, aforada. Ya está elaborado el informe que la Fiscalía Anticorrupción, con autorización del juez Antonio Pedreira, pidió a peritos judiciales para que analizasen adjudicaciones hechas "sin publicidad y con carácter urgente" a empr...
La investigación de la trama Gürtel se ha extendido a Andalucía de manera oficial. Y deja en la picota a la exalcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz) María José García Pelayo (PP), quien hoy es vicepresidenta segunda de la mesa del Parlamento de Andalucía. Es decir, aforada. Ya está elaborado el informe que la Fiscalía Anticorrupción, con autorización del juez Antonio Pedreira, pidió a peritos judiciales para que analizasen adjudicaciones hechas "sin publicidad y con carácter urgente" a empresas de la trama Gürtel por el denominado Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPD), dependiente del Ayuntamiento jerezano y cuya presidencia recae en la figura del regidor; a la sazón García Pelayo,
La exregidora es vicepresidenta segunda del Parlamento andaluz
Según el citado informe pericial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, "en la tramitación del expediente de prestación de servicios para el desarrollo de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) de 2004 se han vulnerado los principios de contratación pública; en concreto, los de publicidad, concurrencia y objetividad"; y además, "se han incumplido los estatutos" del IPD, ya que "ni los pliegos ni la adjudicación fue aprobada por el consejo rector" de este organismo.
Asimismo, según el informe, no debió emplearse para estas contrataciones, que suman casi 350.000 euros, el procedimiento de urgencia, puesto que el IPD ya había participado en ediciones anteriores de Fitur y el Ayuntamiento jerezano tenía certeza de que lo haría en la edición de 2004 desde "el 17 de noviembre de 2003"; es decir, un año antes. Entre otras irregularidades, el informe pericial señala: "Muchos de los documentos administrativos tienen defectos formales, no consta la fecha ni quién los firma, y es preciso destacar que prácticamente ninguno y, en especial los que afectan a notificaciones a los adjudicatarios [empresas Gürtel], así como escritos presentados por estos, carecen del correspondiente sello o membrete del registro público que garantice la fecha y veracidad de su contenido".
Los peritos aseguran que, de momento, y por falta de documentación, no pueden valorar "el servicio" que para este evento prestó una firma de una empresa de comunicación de un exjefe de prensa del PP contratada entonces por la exalcaldesa popular.
El informe descarga parte de la responsabilidad de la adjudicación a Gürtel del estand jerezano de Fitur de 2004 en la exalcaldesa como responsable estatutaria de las contrataciones del IPD.
Si García Pelayo resultase imputada, el juez Pedreira tendría que inhibirse de esta parte del caso Gürtel a favor del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y ya serían cuatro (junto a los de Valencia, Castilla y León y Madrid) los tribunales superiores de otras tantas comunidades autónomas los obligados a actuar por la implicación de aforados en el escándalo Gürtel. Los expedientes examinados fueron remitidos al juez Pedreira, para su análisis, por la actual alcaldesa de Jerez, la socialista Pilar Sánchez.