Fango andaluz
El PP busca el máximo provecho del escándalo de los ERE y entorpece el trabajo de la justicia
La política andaluza sigue enfangada en el fraude de los expedientes de regulación de empleo (ERE). Mientras el socialista José Antonio Griñán habla de la transparencia en la respuesta de la Junta que él preside, el líder de los populares en la comunidad, Javier Arenas, reclama un listado de dimisiones que alcanzan, incluso, al Gobierno central. Entretanto, la juez encargada del caso, Mercedes Alaya, ha imputado al exconsejero de Empleo Antonio Fernández y puede que adopte la misma decisión con otros titulares anteriores del departamento. El PP andaluz ha anunciado, además, que en los próximos...
La política andaluza sigue enfangada en el fraude de los expedientes de regulación de empleo (ERE). Mientras el socialista José Antonio Griñán habla de la transparencia en la respuesta de la Junta que él preside, el líder de los populares en la comunidad, Javier Arenas, reclama un listado de dimisiones que alcanzan, incluso, al Gobierno central. Entretanto, la juez encargada del caso, Mercedes Alaya, ha imputado al exconsejero de Empleo Antonio Fernández y puede que adopte la misma decisión con otros titulares anteriores del departamento. El PP andaluz ha anunciado, además, que en los próximos días formalizará una querella contra varios responsables de la Junta en los juzgados de Sevilla.
La manera en la que se está tratando este caso ilustra mejor que cualquier otro cómo la corrupción ha llegado a formar parte del panorama político español, hasta resultar irrelevante en el voto de los ciudadanos. La desaforada respuesta de los populares andaluces, erigidos en insólitos paladines de la moralidad pública, hace que la investigación y eventual condena de una práctica corrupta sea vista por sus dirigentes como un nuevo terreno de batalla política, en el que importa menos conocer los hechos y prevenirlos que extraer todos los réditos electorales posibles. Desde la Junta, la perspectiva es exactamente la contraria, colocándose a la defensiva.
El escándalo de los ERE andaluces está enrareciendo el clima en el que debería trabajar la justicia, además de ahondar en el descrédito de la política que cunde entre los ciudadanos. Por las investigaciones desarrolladas se sabe que ha existido corrupción y que, por consiguiente, tanto los tribunales como la Junta deberán depurar las responsabilidades que correspondan, penales en un caso y políticas en el otro. Esto es lo que no acepta el Partido Popular, cuya estrategia consiste en provocar la máxima tensión anunciando querellas más propagandísticas que necesarias cuando el procedimiento judicial sigue abierto, y acorralando a la Junta con motivo o sin él.
Con los sondeos ampliamente a favor, y con un caso de corrupción que les ha estallado a los socialistas en el peor momento, los populares andaluces no necesitaban esta exhibición de malas artes políticas, sobre todo cuando, como bien saben, tienen el tejado de cristal. Tanto, que la recuperación del viejo discurso regeneracionista que el PP usó en 1993, y en el que destacó el celo de Javier Arenas, resulta ahora preocupante y sospechoso.
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