Granados dice que pagará a los abogados "en días"

El consejero de Presidencia, Interior y Justicia, Francisco Granados, aseguró ayer que los 5.000 abogados del turno de oficio cobrarán parte de los 25 millones que se les adeuda en los próximos días. Este anuncio llega justo después de que los letrados plantearan movilizaciones y anunciaran que solo harían servicios mínimos a partir del próximo 15 de marzo en caso de mantenerse el impago.

Granados recibió un fuerte abucheo a la entrada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se reunió la Comisión Mixta de Justicia. Algunos representantes sindicales le esperaban a la puerta y ...

El consejero de Presidencia, Interior y Justicia, Francisco Granados, aseguró ayer que los 5.000 abogados del turno de oficio cobrarán parte de los 25 millones que se les adeuda en los próximos días. Este anuncio llega justo después de que los letrados plantearan movilizaciones y anunciaran que solo harían servicios mínimos a partir del próximo 15 de marzo en caso de mantenerse el impago.

Granados recibió un fuerte abucheo a la entrada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se reunió la Comisión Mixta de Justicia. Algunos representantes sindicales le esperaban a la puerta y le recriminaron la situación en la que se encuentran muchos juzgados y los bajos sueldos que perciben. El consejero se comprometió a reunirse en breve con ellos para tratar de solucionar los problemas pendientes.

El titular de Justicia calificó de "insostenible" la situación de la justicia gratuita y del turno de oficio, pero se comprometió a pagar los atrasos. Aseguró que había tratado el impago con el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil, y que tenían que esperar a que hubiera liquidez en el presupuesto de 2011. Eso se producirá, según Granados, en menos de una semana. También mantuvo que había que reformar el procedimiento de acceso a este servicio, ya que hay personas que pueden pagarse un abogado sin necesidad de que lo costee el Gobierno regional. "Seguir dando asistencia gratuita a quien no la necesita, daña gravemente los derechos de los que tienen insuficiencia económica. Pone en grave riesgo el derecho a recibir un servicio de calidad necesario a aquellos que de verdad lo necesitan", concluyó.