Los sindicatos creen que la 'ley escoba' es inconstitucional

Esperanza Aguirre, presidenta regional, ya tiene el visto bueno del Consejo Económico y Social de Madrid (CES-Madrid) para hacer su lifting a la Administración regional con el que pretende ahorrar 23 millones, de un presupuesto total de 16.724 millones de euros. El CES avaló ayer la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que contiene la medida sin apenas hacer ninguna objeción a la norma. El CES es un órgano creado para "facilitar la plena participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social", según figura en su web. Ahora, este órgano integrado mayoritar...

Esperanza Aguirre, presidenta regional, ya tiene el visto bueno del Consejo Económico y Social de Madrid (CES-Madrid) para hacer su lifting a la Administración regional con el que pretende ahorrar 23 millones, de un presupuesto total de 16.724 millones de euros. El CES avaló ayer la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que contiene la medida sin apenas hacer ninguna objeción a la norma. El CES es un órgano creado para "facilitar la plena participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social", según figura en su web. Ahora, este órgano integrado mayoritariamente por personas, reconocidos liberales entre ellos, próximas al entorno de la Comunidad de Madrid avala la supresión del Consejo de la Juventud y el de la Mujer.

Las organizaciones sindicales (CC OO y UGT), que también participan en el CES, emitieron un voto particular rechazando de pleno la ley escoba. Considera que vulnera cuatro artículos de la Constitución Española, por lo que anunciaron que recurrirán la norma regional. "La ley regional atenta contra los artículos 37 y 28 de la Constitución que regulan y protegen el derecho a la negociación colectiva", cuenta Juan Luis Martín Sierra, representante de UGT en el CES. "También golpea a los artículos 9 y 48 que promueven e incentivan la participación ciudadana en la vida social y de los jóvenes", añade. Jaime Cedrún, de CC OO, añade que fijarán todas las medidas necesarias para rechazar la ley. "Nos pondremos en contacto con los grupos parlamentarios de la oposición y con organizaciones ciudadanas", revela. Por su parte, Maru Menéndez, portavoz socialista en la Asamblea, aseguró ayer que "la ley de Aguirre pone de manifiesto un modo de gobernar de espaldas de los ciudadanos y contra la democracia participativa".