Financiación ilegal y otras empresas implicadas
El juez que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, deberá decidir en los próximos días si, como le ha pedido la policía, si interroga o detiene al actual alcalde de Boadilla, Juan Siguero, sustituto de Arturo González Panero, uno de los principales implicados en la trama corrupta por el cobro de cientos de miles de euros a cambio de favorecer los intereses de Francisco Correa y su red empresarial.
Siguero, según las investigaciones policiales, colaboró activamente en las gestiones para favorecer a la trama corrupta en diversos contratos. Aún sigue como alcalde. Cuan...
El juez que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, deberá decidir en los próximos días si, como le ha pedido la policía, si interroga o detiene al actual alcalde de Boadilla, Juan Siguero, sustituto de Arturo González Panero, uno de los principales implicados en la trama corrupta por el cobro de cientos de miles de euros a cambio de favorecer los intereses de Francisco Correa y su red empresarial.
Siguero, según las investigaciones policiales, colaboró activamente en las gestiones para favorecer a la trama corrupta en diversos contratos. Aún sigue como alcalde. Cuando se destapó el caso, el PP intentó sustituir a Panero con una concejal, pero Siguero impuso su poder en Boadilla para hacerse con el cargo.
La policía también ha pedido al juez que ordene la detención de tres personas de confianza del diputado autonómico Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes y mano derecha de la presidenta Esperanza Aguirre.
Las tres personas trabajaban en la Consejería de Presidencia durante la etapa en que todos los actos institucionales presididos por Aguirre eran organizados por la trama corrupta, a los que se adjudicaba el trabajo sin concurso previo, según la investigación. En esta trama, la policía ha encontrado a otras empresas privadas que hacían de intermediarias para que el dinero llegara a la red Gürtel.
Además, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid investiga múltiples operaciones urbanísticas sospechosas en la Comunidad de Madrid relacionadas con la trama corrupta y una supuesta financiación ilegal del PP a través de una de sus fundaciones, Fundescam. El juez ha ordenado en los últimos días el embargo de bienes de alcaldes y diputados autonómicos del PP, que no han hecho frente a la fianza de responsabilidad civil que les impuso.