La campaña contra la ley del cine se renovará tras las elecciones
El Gremio de Empresarios de Cine de Cataluña sigue en pie de guerra. A pesar de que se aprobó la nueva ley del cine el pasado 30 de junio, los espectadores que acuden a la mayoría de las 579 pantallas agremiadas aún pueden ver un anuncio en el que una voz profunda declama: "Si la futura ley del cine se aprueba tal como está redactada actualmente, no podrás ver algunas de las películas que te acabamos de presentar". La caducidad del mensaje, que se emite desde el pasado abril, es obvia. Pero Camilo Tarrazón, presidente del gremio, no solo afirma que las salas lo mantendrán sino que después de l...
El Gremio de Empresarios de Cine de Cataluña sigue en pie de guerra. A pesar de que se aprobó la nueva ley del cine el pasado 30 de junio, los espectadores que acuden a la mayoría de las 579 pantallas agremiadas aún pueden ver un anuncio en el que una voz profunda declama: "Si la futura ley del cine se aprueba tal como está redactada actualmente, no podrás ver algunas de las películas que te acabamos de presentar". La caducidad del mensaje, que se emite desde el pasado abril, es obvia. Pero Camilo Tarrazón, presidente del gremio, no solo afirma que las salas lo mantendrán sino que después de las elecciones este evolucionará y se realizarán nuevas ofensivas en los cines a modo de protesta. "Está obsoleto pero el mensaje es claro; solo tenemos la pantalla de los cines para defendernos y la utilizaremos", afirma Tarrazón.
Sin embargo, por el momento no emprenderán nuevas acciones públicas hasta después de los comicios de la Generalitat porque, en su opinión, "ciertos partidos harían bandera de la lengua distorsionando el verdadero problema que tenemos: el negocio no será sostenible con la ley".
El aspecto de la nueva normativa que crea polémica entre exhibidores y distribuidores es el que exige que la mitad de las copias que se estrenen en Cataluña se doblen o subtitulen en catalán. No harán campañas públicas pero sí seguirán con las acciones legales: "Esperamos que antes de fin de año la Unión Europea abra un expediente al Gobierno. Y sino, acudiremos al Tribunal Constitucional", advierte Tarrazón.