Correctivo del Consejo de Garantías a la ley de veguerías
El Consejo de Garantías Estatutarias aplicó ayer un correctivo al tripartito al cuestionar la ley de veguerías, que se votará en el pleno del Parlament el 14 de julio. Los dictámenes del órgano que opina sobre la adecuación de las normas catalanas al Estatuto y la Constitución no son vinculantes, pero sirven de arma arrojadiza para la oposición cuando el informe es negativo.
Este es el caso de la ley de veguerías. El documento que se hizo público ayer acepta la división territorial, aunque cuestiona la transición para pasar de provincias a veguerías. El primer paso recogido en la ley es...
El Consejo de Garantías Estatutarias aplicó ayer un correctivo al tripartito al cuestionar la ley de veguerías, que se votará en el pleno del Parlament el 14 de julio. Los dictámenes del órgano que opina sobre la adecuación de las normas catalanas al Estatuto y la Constitución no son vinculantes, pero sirven de arma arrojadiza para la oposición cuando el informe es negativo.
Este es el caso de la ley de veguerías. El documento que se hizo público ayer acepta la división territorial, aunque cuestiona la transición para pasar de provincias a veguerías. El primer paso recogido en la ley establece que las cuatro provincias actuales -Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona- se convertirán en veguerías, pero con los servicios de la Generalitat repartidos en siete territorios, una fórmula que, creen los juristas, "no es la más adecuada". El segundo proceso lo juzgan inconstitucional: la división de Tarragona en dos para crear las veguerías de las Terres de l'Ebre y el Camp de Tarragona, para la que creen que es necesaria una modificación de los límites provinciales.
"Un churro"
El tercer pero a la norma es para criticar "la poca claridad en la terminología utilizada" para describir el final del proceso. Para el establecimiento de las siete veguerías definitivas es necesario que las Cortes modifiquen la división territorial actual.
La oposición (CiU, el PP y Ciutadans) pidió rápidamente que la norma se reescriba, para evitar que se apruebe en esta legislatura. Muy gráfico fue Oriol Pujol, portavoz de CiU, que la describió como "un churro" y pidió su reelaboración "porque hay demasiadas evidencias de incorrecciones y defectos detectados". El PSC e ICV creen, en cambio, que los desajustes indicados por el Consejo de Garantías se pueden arreglar presentando enmiendas. ERC, que impulsó la norma en el Departamento de Gobernación, señaló que el dictamen "avala la mayor parte del texto", aunque el consejero Jordi Ausàs criticó a los juristas por hacer una lectura "muy restrictiva" de la norma.