Parlón recoloca a dos imputados en el 'caso Pretoria' y aplaza el debate
La alcaldesa de Santa Coloma pospone someter el asunto al pleno
Pascual Vela y Lluís Falcón, imputados en el caso Pretoria, y Manuel Sierra, ex gerente de la empresa municipal Gramepark que fue destituido por la oficina antifraude catalana al detectar irregularidades en su gestión, continuarán trabajando en el Ayuntamiento de Santa Coloma. Núria Parlón, la alcaldesa de la localidad, creó un cargo a medida para ellos, justificándose en que la ley ampara a estos tres empleados, según ella facultados para seguir desempeñando una función en el Consistorio.
La decisión debía ratificarse en el pleno de ayer, pero Parlón eliminó el punto del día a ú...
Pascual Vela y Lluís Falcón, imputados en el caso Pretoria, y Manuel Sierra, ex gerente de la empresa municipal Gramepark que fue destituido por la oficina antifraude catalana al detectar irregularidades en su gestión, continuarán trabajando en el Ayuntamiento de Santa Coloma. Núria Parlón, la alcaldesa de la localidad, creó un cargo a medida para ellos, justificándose en que la ley ampara a estos tres empleados, según ella facultados para seguir desempeñando una función en el Consistorio.
La decisión debía ratificarse en el pleno de ayer, pero Parlón eliminó el punto del día a última hora, para sorpresa de la oposición. Aplazó el debate tan solo una semana después de la revelación del sumario del caso Pretoria, en el que los tres aparecen relacionados con la trama.
A pesar de que el punto fue retirado del orden del día, Parlón tuvo que dar explicaciones ante la oposición y los vecinos. Se justificó asegurando que el Ayuntamiento se veía obligado por la ley a mantener a los tres empleados. "Hemos de cumplir con las normas aunque nos desagrade", señaló la alcaldesa, "porque estos trabajadores, como funcionarios, tienen derecho a volver a trabajar". La comparación con casos similares hace tambalear los argumentos de Parlón. Sin ir más lejos, el Ayuntamiento de Barcelona mantiene suspendidos de empleo y sueldo a dos funcionarios, Manuel Martínez y Eduard Cabestany, imputados por extorsionar a empresarios que querían licencias para sus locales.
ICV y PP, los partidos de la oposición en Santa Coloma, no creyeron a Parlón y consideraron que los nuevos puestos de los imputados en el caso Pretoria pueden parecer "un premio". La alcaldesa rebatió señalando que lo que se ha creado para ellos son un puesto de técnico. Son "personal a su cargo y no tienen posibilidades de intervenir en contrataciones".
El pleno fue caliente. Se encendió, sobre todo, cuando la plataforma vecinal Gent de Gramenet tomó la palabra para referirse al caso Pretoria y a voces acusó a los regidores socialistas de "apoltronarse en el Ayuntamiento y enviar un mensaje a la ciudadanía de que aquí no pasa nada".
Según un portavoz de la plataforma, del sumario se desprende que lo sucedido en Santa Coloma "es más grave de lo que parecía" y no hay que esperar al juicio para depurar las primeras responsabilidades. También los partidos de la oposición reclamaron que se formara una comisión de investigación para aclarar lo sucedido más allá del resultado del juicio, que podría no celebrarse hasta el año que viene, y evitar así polémicas como la suscitada por la recolocación de Vela, Falcón y Sierra.
Parlón salió al quite de las acusaciones y reconoció que ella también ha "sentido asco y vergüenza por la presunta corrupción de algunas personas" tras leer el sumario, pero que, por el momento, está a la espera de que los servicios jurídicos del Ayuntamiento analicen el texto y determinen las responsabilidades "sin excepción" de todos los que aparecen en él citados.
Frente a la recolocación de los funcionarios implicados con Pretoria, el PSC respondió recalcando su confianza en la tarea de Parlón al frente del Consistorio. "Tiene toda nuestra confianza", dijo el portavoz del partido, Miquel Iceta, que recordó que su primera medida como alcaldesa fue anunciar que el Ayuntamiento se presentaría como acusación particular en el juicio contra los corruptos.
La trama corrupta liderada por el ex diputado del PSC Luis García Sáenz, Luigi, no se limitó a buscar oportunidades de negocio en operaciones inmobiliarias de ayuntamientos barceloneses, como el de Santa Coloma de Gramenet. El grupo de comisionistas imputados por la Audiencia Nacional y acusados de media docena de delitos buscó también trato de favor de la Diputación de Barcelona, presidida por el concejal de Santa Coloma el socialista Antoni Fogué.
En una conversación intervenida por la policía, el jefe de la trama, Luigi, recibe el 15 de mayo de 2009 una llamada de alguien que responde al nombre de Carlos. En ella le comenta si existe la posibilidad de quedar para cenar con el alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz. Luigi le dice que para dentro de dos semanas ha quedado con Antoni Fogué y con su esposa, Manuela de Madre. Se da la circunstancia que ésta fue la predecesora de Muñoz en la alcaldía de Santa Coloma de Gramenet. Además, es diputada socialista en el Parlamento catalán y vicepresidenta del PSC. La intención de Luigi era "colarle" a la Diputación provincial un negocio que no especifica. Según la transcripción del sumario, Luigi asegura que la operación "puede ser de mucho interés" y que "si después lo colamos en la Dipu... eso es, palabras mayores". Ayer fue imposible contactar con el presidente de la Diputación de Barcelona, Antoni Fogué.
Antoni Fogué era inicialmente el concejal de Santa Coloma llamado a sustituir a Bartomeu Muñoz cuando éste fue detenido. Al final, la dirección del PSC optó por aupar a la alcaldía a Núria Parlón.
El PP saca tajada
El Partido Popular, acosado por todos los frentes con el caso Gürtel, recurrió ayer a los escándalos de corrupción de Cataluña para relativizar los suyos. Esteban González Pons, secretario de Comunicación del PP, llamó al PSOE a pedirle explicaciones a los socialistas catalanes. "Al PP de España se le pide explicaciones por lo que hace el PP en la Comunidad Valenciana y al PSOE no se le piden explicaciones por lo que hace el PSC en Cataluña", se quejó.
El PP sigue insistiendo en que el Parlament debería investigar al caso Pretoria. Sin embargo, el PSC lo descartó ayer argumentando que la Cámara catalana "se perdería" en un tema tan "oceánico" como este caso de corrupción, cuyo sumario judicial supera los 10.000 folios.
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