La pugna por el control de las cárceles
La pugna entre el Gobierno y la dirección de ETA por el control de los cerca de sus 800 presos se ha convertido en un elemento clave en la etapa terminal de la banda. Una vez que se ha abierto la fisura entre una mayoría de la izquierda abertzale y la línea belicista de ETA, los presos, por la capacidad de arrastre emocional que tienen en ese mundo, se han convertido en pieza clave. ETA sabe que si pierde el control de sus presos puede darse por acabada. Mientras el Gobierno, consciente de ello, pretende romper ese control, con la detención de abogados que pueden jugar ese papel. Así ha...
La pugna entre el Gobierno y la dirección de ETA por el control de los cerca de sus 800 presos se ha convertido en un elemento clave en la etapa terminal de la banda. Una vez que se ha abierto la fisura entre una mayoría de la izquierda abertzale y la línea belicista de ETA, los presos, por la capacidad de arrastre emocional que tienen en ese mundo, se han convertido en pieza clave. ETA sabe que si pierde el control de sus presos puede darse por acabada. Mientras el Gobierno, consciente de ello, pretende romper ese control, con la detención de abogados que pueden jugar ese papel. Así hay que entender las referencias del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Esta situación viene de atrás. Desde que en septiembre de 2004, el dirigente de ETA, en su etapa más dura, Francisco Múgica Garmendia, Pakito, y un grupo de sus incondicionales, publicaron una carta contra la dirección de la banda a la que reclamaban el final del terrorismo por su incompetencia, las cárceles volvieron a convertirse en objeto preferente de atención del Gobierno.
La atención aumentó cuando el Gobierno tuvo conocimiento del malestar que causó en los presos de ETA la ruptura del proceso de final dialogado del terrorismo en junio de 2007 por el que habían apostado un 80% de ellos. Ni fueron consultados ni tenidos en cuenta sus intereses en aquel proceso de diálogo por la dirección de la banda, que les sacrificó por la obtención de una rentabilidad política que tampoco se logró. La consecuencia fue el aumento de la disidencia con un goteo de nuevas cartas de dirigentes veteranos -José Luis Urrusolo, Carmen Guisasola, José Luis Álvarez, Txelis, etc.-, abandonos y expulsiones.
El Gobierno reaccionó con la recuperación del traslado de presos disidentes de ETA a las cárceles del norte (Zuera en Zaragoza, Villabona en Asturias y la alavesa de Nanclares, con cinco, entre ellos Urrusolo, en los últimos días) y el envío de los más duros a las del sur. La respuesta de ETA fue el intento de reforzar el control sobre los presos. De modo que la banda colocó al frente del colectivo de presos a comisarios políticos de confianza, que siguen a rajatabla las consignas de la dirección. Sin embargo, la mayoría de este colectivo está por el documento de Alsasua, propiciado por Otegi, que apuesta por las "vías políticas y pacíficas" y un fin del terrorismo. No está con los disidentes en las cárceles, pero tampoco con la línea belicista de ETA, que el Gobierno trata de laminar con su estrategia.