Dinero para el desarrollo
Ni la coyuntura económica ni la política son las mejores. La Administración central se halla inmersa en un plan de ajuste del gasto hasta 2013 y las relaciones de la Xunta con Madrid no se hallan en un momento boyante. Quizá por ello debemos ser especialmente prudentes y comprensivos. Aun así, el Gobierno gallego debería incluir en su agenda para esta legislatura la reforma del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), el principal instrumento financiero contemplado en la Constitución Española para favorecer el desarrollo de los territorios menos desarrollados económicamente. La reforma de...
Ni la coyuntura económica ni la política son las mejores. La Administración central se halla inmersa en un plan de ajuste del gasto hasta 2013 y las relaciones de la Xunta con Madrid no se hallan en un momento boyante. Quizá por ello debemos ser especialmente prudentes y comprensivos. Aun así, el Gobierno gallego debería incluir en su agenda para esta legislatura la reforma del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), el principal instrumento financiero contemplado en la Constitución Española para favorecer el desarrollo de los territorios menos desarrollados económicamente. La reforma debería ambicionar varios objetivos.
En primer lugar, incrementar de forma sustancial el volumen global de recursos canalizados a través del fondo. En los primeros años 90, la política regional española se adaptó a la europea. Se homogeneizaron criterios de actuación -como la restricción de que el FCI fuese percibido sólo por las regiones Objetivo 1 para la política comunitaria- y, en gran medida, se le otorgó un papel secundario respecto a la política regional europea. Un buen ejemplo de ello es la práctica congelación de la dotación global del FCI desde mediados de los años 90. Ha llegado el momento de empezar a cambiar los papeles y para ello es preciso reforzar financieramente el instrumento. Según los datos recopilados por el Instituto de Estudios Fiscales, el FCI suponía en 1991 un 2.48% del total de financiación de las comunidades autónomas (CC AA) de régimen común; un 1.68% en 1996; un 1.11% en 2001; y sólo un 0.91% en 2004. En 2010 la cifra se situará probablemente por debajo del 0.7%, lo que supone menos de la tercera parte que en 1991 y apenas la mitad que la cifra de 2001. Además, no hay que olvidar la progresiva reducción de los fondos europeos. Para Galicia, en el actual marco 2007-2013, las ayudas europeas supondrán alrededor del 4% del presupuesto autonómico, cuando en el período anterior se superó ampliamente el 6%. En 2006 la financiación europea supuso el 5.86% del presupuesto de ingresos de la Xunta. En 2009, se sitúa alrededor del 4%. Así las cosas, habría que pensar en duplicar (al menos) el volumen global del FCI.
El fondo para las comunidades con menos recursos se ha recortado a la mitad desde 2001
En segundo lugar, habría que caminar hacia marcos plurianuales de financiación. En la actualidad la volatilidad del FCI es muy elevada, como consecuencia de la fijación de la masa global de recursos en función de una inversión estatal que fluctúa y, sobre todo, por las actualizaciones anuales en las variables de reparto. Sería bueno fijar una masa global en el año base y tasas de crecimiento más o menos estables referenciadas al PIB nominal español durante un período mínimo de cuatro años, a fin de facilitar la planificación de las inversiones.
En tercer lugar, las CC AA receptoras deberían asumir la extensión de algunas prácticas asentadas en el caso de los fondos europeos: reserva de eficacia; reforzamiento de la eligibilidad, seguimiento de gestión y evaluación de los proyectos; y marco de planificación plurianual.
En cuarto lugar, debería obviarse el recálculo anual del reparto del FCI. Como se ha indicado, introduce incertidumbre e inestabilidad. Al mismo tiempo, las variables y ponderaciones actuales de reparto en el año base deberían revisarse. En particular, debería sustituirse el saldo migratorio por la evolución en el pasado reciente (supongamos los últimos 10 años) con datos disponibles de la participación poblacional de cada CC AA sobre el total, un concepto más amplio y que captura mejor los problemas demográficos asociados al desarrollo económico. La idea es que desarrollo económico exige mejorar en renta per cápita sin perder población. Por el contrario, los saldos migratorios no capturan bien las diferencias en las dinámicas demográficas y socieconómicas de los diferentes territorios.
Más deberes para el Gobierno de Núñez Feijóo.