El Gobierno pide al juez Velasco "más concreción" sobre ETA y Venezuela

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que el Ejecutivo ya ha comenzado a colaborar con el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco para lograr la extradición a España del supuesto delegado de ETA en Venezuela y alto funcionario de ese país, Arturo Cubillas Fontán. Pero al mismo tiempo, agradece al juez "cualquier otra concreción que pueda hacer en el futuro". El magistrado, en su auto de procesamiento en la causa que relaciona a ETA con las FARC solicitó a Exteriores que medie con el Gobierno de Hugo Chávez para que entregue a Cubillas. El Ej...

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La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que el Ejecutivo ya ha comenzado a colaborar con el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco para lograr la extradición a España del supuesto delegado de ETA en Venezuela y alto funcionario de ese país, Arturo Cubillas Fontán. Pero al mismo tiempo, agradece al juez "cualquier otra concreción que pueda hacer en el futuro". El magistrado, en su auto de procesamiento en la causa que relaciona a ETA con las FARC solicitó a Exteriores que medie con el Gobierno de Hugo Chávez para que entregue a Cubillas. El Ejecutivo, según De la Vega, ya ha enviado a Caracas esa resolución.

La reclamación gubernamental al magistrado de mayor información se debe, según fuentes de la Audiencia, a que Velasco no se ha acogido al trámite habitual en estos casos. Ese trámite consiste, en primer lugar, en dictar las órdenes internacionales de detención correspondientes (las anunciaba en su auto) y enviarlas a Interpol. Una vez arrestados los procesados en los países en que se encuentren -en Cuba, Venezuela o cualquier otro país- es el momento de iniciar los trámites para lograr su entrega a España.

Esa entrega la regula el Tratado de Extradición entre España y Venezuela, firmado en 1989. Su artículo 15 establece que la solicitud de extradición "será trasmitida por la vía diplomática". Es en ese momento cuando, según el acuerdo, debería enviarse a Venezuela el auto de procesamiento o "cualquier resolución análoga (...) que contenga los hechos que se imputan y lugar y fecha en que ocurrieron", pero no ahora.

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