El Supremo admite una querella contra un senador del PP de Murcia
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha admitido a trámite una querella de 2004 contra el senador del PP y antiguo alcalde de San Pedro del Pinatar (Murcia) Pedro José Pérez Ruiz, por posibles delitos de prevaricación y coacciones. La querella la interpuso el propietario de un bar por el "acoso administrativo" al que, según él, fue sometido por el consistorio de Pérez Ruiz por no querer firmar un acuerdo para ceder la propiedad de su local.
El trasfondo de asunto se remonta a años de batalla entre el consistorio, los vecinos y los empresarios de los bares de la zona conocida como Curva de...
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha admitido a trámite una querella de 2004 contra el senador del PP y antiguo alcalde de San Pedro del Pinatar (Murcia) Pedro José Pérez Ruiz, por posibles delitos de prevaricación y coacciones. La querella la interpuso el propietario de un bar por el "acoso administrativo" al que, según él, fue sometido por el consistorio de Pérez Ruiz por no querer firmar un acuerdo para ceder la propiedad de su local.
El trasfondo de asunto se remonta a años de batalla entre el consistorio, los vecinos y los empresarios de los bares de la zona conocida como Curva de Lo Pagán por los ruidos, la suciedad y, sobre todo, la legalidad de los locales en un espacio de ocio nocturno próximo a la playa.
Según el auto del Supremo, tras varios años de actividad sin problemas administrativos relevantes, el Ayuntamiento modificó el planeamiento urbanístico y solicitó de los propietarios de los bares la firma de un convenio según el cual el Ayuntamiento obtenía la propiedad de los locales y permitía la explotación industrial durante 15 años a los propietarios. Estos pasaban a ser explotadores de un negocio, debiendo aportar, además, algunas cantidades económicas.
El querellante no considera beneficioso el convenio y a partir de entonces, según la querella, le cerraron el negocio -resolución anulada por la jurisdicción contenciosa por desviación de poder-, se le negó la tramitación de la expropiación y se le impidió vender su local a terceros.
Mientras el Tribunal Supremo inicia la tramitación del proceso, el actual alcalde, el socialista José María García, insiste en que los bares que quedan abiertos "han sido ilegales desde su apertura en 1992" y "tienen los días contados".