En entredicho la viabilidad de Ciegsa a causa de la enorme deuda
La firma que construye colegios sugiere prorrogar 75 años el convenio con el Consell
La Sindicatura de Comptes se hace eco, en su informe correspondiente al ejercicio de 2008, de la "incertidumbre" ante la "continuidad del negocio que depende de las futuras aportaciones de la Generalitat" recogida en una auditoría que aporta la propia empresa afectada, Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat (Ciegsa). Se trata de una empresa pública, creada para externalizar la gestión de la licitación y construcción de centros educativos, cuyo único accionista es la Generalitat y cuyo único cliente también es la Generalitat. Ciegsa es propietaria de los colegios e insti...
La Sindicatura de Comptes se hace eco, en su informe correspondiente al ejercicio de 2008, de la "incertidumbre" ante la "continuidad del negocio que depende de las futuras aportaciones de la Generalitat" recogida en una auditoría que aporta la propia empresa afectada, Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat (Ciegsa). Se trata de una empresa pública, creada para externalizar la gestión de la licitación y construcción de centros educativos, cuyo único accionista es la Generalitat y cuyo único cliente también es la Generalitat. Ciegsa es propietaria de los colegios e institutos construidos (163 de secundaria y 174 de primaria hasta 2008), que pasan a formar parte de sus activos, y acumula ya una deuda de 2.400 millones de euros (1.700 millones en 2008, que es el ejercicio al que corresponde el informe de la Sindicatura, lo que quiere decir que la sociedad ha acumulado un endeudamiento de 700 millones de euros en un año).
La empresa pública destinó en 2008 14,6 millones de euros a barracones
Un colegio público alcanzó un sobrecoste del 105% sobre el contrato
En teoría, el año 2015 Ciegsa debe traspasar al Consell la titularidad de los centros docentes que ha construido, pero la propia empresa apunta, y así lo recoge el órgano de control de las cuentas públicas, la posibilidad de prorrogar el convenio hasta en 75 años.
La empresa pública, caracterizada por su opacidad -esta misma semana los diputados socialistas Ángel Luna y Ana Noguera recibieron una carta del consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, que les deniega una entrevista con el director gerente, José Luis López Guardiola, porque el Reglamento de las Cortes "no contempla esta posibilidad"-, revela las dificultades financieras de la Generalitat, cuyos impagos reiterados son señalados por la Sindicatura. El panorama que describe el informe viene a apuntar que, al ritmo actual, es imposible que el Consell pague toda la deuda acumulada en la construcción de colegios e institutos.
En lo que se refiere a aspectos más concretos, el informe de la institución que fiscaliza las cuentas autonómicas revela que la construcción de barracones alcanzó un coste global de 14,6 millones de euros durante el año 2008. Así, por una parte, los gastos de montaje y alquiler de aulas prefabricadas en Enseñanza Secundaria alcanzó la cifra de 5,8 millones de euros. Por otra parte, en los centros de educación infantil y enseñanza primaria, los gastos en aulas prefabricadas ascendieron a 8,7 millones de euros.
Una de las críticas reiteradas por la oposición a la gestión de Ciegsa es la de los sobrecostes en la construcción de los colegios e institutos, que la Sindicatura ya había recogido en sus informes de años anteriores. En este caso, el muestreo realizado sobre los centros de Secundaria confirma que la práctica totalidad acaban costando más de lo que se establecía en el contrato de adjudicación. El instituto Radio Exterior, de Alicante, con un 37% de sobrecoste, y el instituto número 3 de Cheste, con un sobrecoste del 27%, son dos de los centros que consigna la Sindicatura de Comptes.
Por lo que se refiere a los colegios públicos, la diferencia entre precios de contrato y costes definitivos es incluso superior. Hay centros, como el colegio público número 7 de Santa Pola, el número 5 de Burriana o el López Marco de Sollana, con un 25% de sobrecoste; pero el colegio público de Pinedo costó un 38% más; el de Sant Vicent del Raspeig, un 45%, y el de La Patacona, en Alboraia, un 57%. El caso más llamativo es el del colegio público San José de Calasanz, en Bigastro, cuyo sobrecoste alcanzó el 105%, con dos adjudicaciones, la segunda de las cuales se hizo posteriormente y de forma directa al mismo contratista.