Las menores podrán abortar solas si alegan un conflicto familiar
El PSOE ofrece al PNV una salida para el punto más polémico de la ley - Se exigirá una declaración del padre o tutor, pero la mujer podrá eludirlo
El PSOE ha ofrecido al PNV una enmienda que daría una salida al punto más conflictivo de su ley del aborto: la exigencia de que las menores de entre 16 y 18 años informen a sus padres. El Grupo Parlamentario Socialista pretende resolver así el dilema de respetar la voluntad de las menores de interrumpir su embarazo y propiciar, al mismo tiempo, que su decisión pueda ser compartida por sus padres o tutores. La solución es establecer que se informe a un padre o tutor, pero el requisito podrá eludirse si la joven teme la reacción familiar.
"El consentimiento de las mujeres embarazadas meno...
El PSOE ha ofrecido al PNV una enmienda que daría una salida al punto más conflictivo de su ley del aborto: la exigencia de que las menores de entre 16 y 18 años informen a sus padres. El Grupo Parlamentario Socialista pretende resolver así el dilema de respetar la voluntad de las menores de interrumpir su embarazo y propiciar, al mismo tiempo, que su decisión pueda ser compartida por sus padres o tutores. La solución es establecer que se informe a un padre o tutor, pero el requisito podrá eludirse si la joven teme la reacción familiar.
"El consentimiento de las mujeres embarazadas menores de edad, pero mayores de 16 años, requerirá ir acompañado por la declaración de al menos uno de los representantes legales de que ha sido informado al respecto. Podrá prescindirse de la información cuando ésta pueda desencadenar fundadamente, a juicio de la menor, un conflicto grave".
La objeción de conciencia debe ser individual, previa y por escrito
La ley de salud sexual incidirá en los aspectos preventivos
Esta es la enmienda que el PNV acaba de recibir del Grupo Socialistay que busca su incorporación al acuerdo sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, forjado en torno al PSOE, ERC, IU, ICV y Nafarroa Bai. Con esta redacción los socialistas "no prescinden del principio irrenunciable de que la mujer decide", pero se da la oportunidad de que el padre, la madre o un tutor legal, esté presente en su decisión, según señalan fuentes de la dirección del Grupo Socialista.
Precisamente, la presencia de los progenitores, o de algún adulto, es el aspecto esencial que requiere el PNV para ofrecer el sí definitivo a la ley, que ahora empieza su tramitación. Ya ha dado un primer paso de apoyo al sumar sus votos la semana pasada en el pleno del Congreso con los socialistas y el resto de los grupos de la izquierda, para rechazar las enmiendas que pedían la devolución del texto al Gobierno. La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, se comprometió desde la tribuna de oradores del Congreso a trabajar por ampliar el consenso en torno al punto controvertido del aborto en jóvenes de 16 años.
En las últimas horas la ministra, el Grupo Socialista y la dirección del PSOE, han trabajado en otras enmiendas para favorecer las demandas del PNV.
Aún se trabaja en la regulación y perfección de la objeción de conciencia de los profesionales de la Sanidad, aunque este aspecto no sólo debe ser negociado con los peneuvistas sino también con el resto de los grupos. "La regulación de la objeción todavía tiene recorrido para armonizar todas las demandas", señalan en la dirección del Grupo Socialista.
Ahora bien, el PSOE ya ha redactado una enmienda transaccional al artículo 19 de la ley sobre "Medidas para garantizar la prestación por los servicios de Salud". Ésta limita el contenido de la objeción de conciencia que invoquen los profesionales.
"La prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas por el ejercicio de la objeción de conciencia". Y continúa: "El rechazo o la negativa a realizar la intervención de interrupción del embarazo por razones de conciencia es una decisión siempre individual, que debe manifestarse anticipadamente y por escrito".
A continuación se establece una limitación al derecho de objeción. "En todo caso los profesionales sanitarios dispensarán tratamiento y atención médica adecuados a las mujeres que lo precisen antes y después de haberse sometido a una intervención de interrupción del embarazo". En todo caso, la ley es taxativa respecto a que la interrupción voluntaria del embarazo debe garantizarse a la mujer que lo requiera con arreglo a las condiciones que ésta marque. "Si excepcionalmente el servicio público de salud no pudiera facilitar en tiempo la prestación, las autoridades sanitarias reconocerán a la mujer embarazada el derecho a acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional, con el compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestación".
Además, de la objeción de conciencia, el Grupo Socialista y la ministra de Igualdad han sido permeables a la demanda del PNV de que se insista aún más en los aspectos formativos de la ley. Así el artículo 9 de la ley queda redactado de una forma más precisa para cumplir ese objetivo, desde su epígrafe: "Incorporación de la formación en salud sexual y reproductiva al sistema educativo". Y añade en su desarrollo: "El sistema educativo contemplará la formación en salud sexual y reproductiva, como parte del desarrollo integral de la personalidad y en el marco de la formación en valores, incluyendo un enfoque que contribuya a la promoción de una visión de la sexualidad en términos de igualdad y corresponsabilidad entre hombres y mujeres". Ese enfoque debe contribuir también "a la prevención de embarazos no deseados, en el marco de una sexualidad responsable".
No obstante, este esfuerzo por acercarse al PNV, que se verá en Comisión en las próximas semanas, no pondrá en peligro el acuerdo con los grupos de la izquierda, recalcan los socialistas.
Ley de plazos
- Plazo. Aborto libre hasta las 14 semanas, previa información sobre la interrupción del embarazo y ayudas a la maternidad.
- Riesgo. Hasta las 22 semanas si hay grave riesgo para la salud de la mujer o graves anomalías en el feto.
- Sin límite. Si hay malformación incompatible con la vida del feto o este padece una "enfermedad de extrema gravedad e incurable", no hay límite.
- Consentimiento paterno. El texto de la ley no lo prevé desde los 16 años, pero el PSOE negocia una enmienda que obligaría a la joven a informar a sus padres salvo "conflicto grave".