El bipartito intentó sin éxito frenar la compra de la sede de la fundación del Sergas

La Consellería de Sanidade desveló ayer que el Gobierno bipartito encargó una auditoría para abortar la compra de la sede de la Fegas, un documento en el que no se apreció "ninguna causa de nulidad". Ese informe revela, no obstante, posibles "responsabilidades contables" en la operación, debido a la "ausencia de tramitación del gasto indicada por la Intervención Xeral".

El PP, mientras, desmontó ayer uno de sus principales argumentos de defensa. Si el martes apelaba a un precio del metro cuadrado "similar" al que abonó la fundación del Sergas, que la oposición sospecha que pagó el local...

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La Consellería de Sanidade desveló ayer que el Gobierno bipartito encargó una auditoría para abortar la compra de la sede de la Fegas, un documento en el que no se apreció "ninguna causa de nulidad". Ese informe revela, no obstante, posibles "responsabilidades contables" en la operación, debido a la "ausencia de tramitación del gasto indicada por la Intervención Xeral".

El PP, mientras, desmontó ayer uno de sus principales argumentos de defensa. Si el martes apelaba a un precio del metro cuadrado "similar" al que abonó la fundación del Sergas, que la oposición sospecha que pagó el local de los populares, ayer reveló que la hipoteca de 1,1 millones de euros era por el inmueble "acondicionado". No es el caso de la Fegas, que gastó 800.000 euros en habilitar el suyo. El precio final se elevó así a 3,9 millones, casi el cuádruple que la del PP con menos del triple de superficie.

El secretario de Organización del PSdeG, Pablo García, subrayó que esos 800.000 euros se contrataron con la misma empresa que construyó las dos sedes. Se trata de una cantidad "excesiva", sostuvo, que pudo "dar para algo más que para la sede de la Fegas". García pidió al PP las facturas del acondicionamiento de su local y recriminó a Sanidade por aportar una documentación "sesgada" de la segunda visita de los directivos de la Fegas al notario, 18 días después de la primera, con correcciones que encarecieron la operación en un millón de euros.

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