La regulación de la prostitución reabre el debate en el seno del tripartito
La polémica sobre el aumento de la prostitución en el Raval ha reabierto el viejo debate sobre si se debe regular o no su práctica en las calles de Barcelona. José Montilla, presidente de la Generalitat, aseguró el martes, después de la sesión del Consell Executiu, que no se había hablado de la futura sentencia del Estatuto y que preferentemente se trató la crisis. Y también de otra cosa. La consejera de Justicia, la socialista Montserrat Tura, lanzó un reproche al aire, según varias fuentes, al afirmar que si se hubiera aprobado su proyecto de ley de regulación de la prostitución durante el p...
La polémica sobre el aumento de la prostitución en el Raval ha reabierto el viejo debate sobre si se debe regular o no su práctica en las calles de Barcelona. José Montilla, presidente de la Generalitat, aseguró el martes, después de la sesión del Consell Executiu, que no se había hablado de la futura sentencia del Estatuto y que preferentemente se trató la crisis. Y también de otra cosa. La consejera de Justicia, la socialista Montserrat Tura, lanzó un reproche al aire, según varias fuentes, al afirmar que si se hubiera aprobado su proyecto de ley de regulación de la prostitución durante el primer tripartito no existirían ahora fotos como las de La Boqueria, publicadas por EL PAÍS el pasado martes.
Quizá todo es política-ficción pero la realidad es que su proyecto, de 2006, se quedó durmiendo el sueño de los justos. No todo el mundo tiene la misma opinión de por qué quedó guardado en un cajón un asunto que figuró en el Pacte del Tinell y que sustentó la formación del primer tripartito en 2003. El sexto punto del célebre acuerdo, además de expresar su decisión de luchar contra las mafias de proxenetas, decía: "Se debe avanzar en la regulación de los trabajadores y trabajadoras del sexo comercial, impulsando el reconocimiento jurídico y profesional de las personas para que dispongan de una cobertura social como trabajadores por cuenta ajena o autónomos".
El proyecto levantó ampollas en su día porque hizo que el Instituto de la Mujer confeccionara un informe muy severo contra la pretensión de la Generalitat de regular la prostitución. Fuentes del Consell Executiu señalaron que el plan fracasó porque invadía competencias del Gobierno Central en temas como la Ley de Extranjería y el Código Penal. Anna Simó, entonces consejera de Acció Social y actual portavoz de Esquerra Republicana en en el Parlament, firme defensora de la regulación, discrepa. Opina que el plan quedó relegado al interrumpirse de forma abrupta la legislatura, por el tema del Estatuto. Y, después, agregó, el asunto ya no tuvo el mismo peso específico en el Pacto d'Entesa que alumbró el segundo tripartito. "Me resisto a creer que esté olvidado", dijo.La consejera Tura eludió hacer declaraciones a este diario pero, según fuentes de su departamento, mantiene el mismo criterio que defendía en los últimos años. Continúa a favor de regular la prostitución para perseguir los aspectos delictivos que la envuelven y amparar a quien desee ejercer ese oficio de forma libre. Su postura es opuesta a la que defiende su partido, el Partit dels Socialistes, partidario de la abolición. La división salpica a los socialistas y de lleno al tripartito porque Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) y Esquerra (ERC) están a favor. Ciutadans tiene una opinión similar a la de los ecosocialistas, mientras que CiU y el PP están en contra.
El debate va en dos direcciones: o apostar por la línea histórica seguida en Holanda, partidaria de la legalización de la prostitución, o la de Suecia, que la prohíbe. Durante el primer mandato del tripartito, Tura se mostró muy combativa para conseguir que Cataluña pudiera ejercer su derecho a regular la prostitución. "Sí, hubo mucho debate", recordó ayer Inmaculada Moraleda, secretaria de la política de la mujer del PSC, radicalmente contraria a la regulación. "Somos abolicionistas. La prostitución es un acto de explotación de las mujeres y son casos excepcionales las que lo hacen de forma voluntaria. A las personas que defienden su legalización, les diría", planteó la también edil del distrito de Sants-Montjuïc, "¿Pondría usted a su hija a hacer eso?".
Joan Herrera, diputado de Iniciativa per Catalunya en el Congreso, está en los antípodas de la visión socialista. "En todo este debate se habla de orden público con relación a las fotos de La Boqueria, pero no de las condiciones de las mujeres. Queremos que se combata de forma efectiva la explotación y que haya una regulación legal", defendió el diputado ecosocialista. "Son imágenes durísimas que están sufriendo personas", añadió. La republicana Anna Simó reconoció que la regulación no entusiasma a todo el movimiento feminista pero subrayó que su partido ya dejó muy claro en una comisión en el Congreso de 2007 que está en contra de las mafias que explotan a las mujeres y que se deben articular instrumentos para ofrecer ayuda social y laboral a las mujeres. "Los gobiernos tienen que actuar e ir más allá de informes de buena voluntad", señaló. La diputada independentista Georgina Oliva ya apuntó en su día que la lucha no debía de enfocarse hacia la "prostitución voluntaria sobre la que no nos pondremos de acuerdo en las cifras; tanto si es del 5% o el 85%, no se puede prohibir. Al contrario, se debe enfocar para proteger a las mujeres y darles unos derechos que les son negados".
Contundente y en la misma línea, Jordi Cañas, portavoz de Ciutadans, aseveró que la única forma de sacar la prostitución de la marginalidad es legalizarla y regularla en locales controlados. "Esas mujeres están sometidas a una explotación mafiosa y a una situación de esclavitud sexual. La Administración debe entender que la solución no puede ser sólo policial", reflexionó. "Esas personas viven situaciones terribles y hay que sacarlas de la marginalidad con alternativas realistas".
CiU y el PP tienen una visión similar. Mercè Pigem, diputada convergente en el Congreso, avisó, de entrada, de que el problema de Ciutat Vella se enmarca en el "desgobierno de la ciudad". "La gente partidaria de legalizar no se da cuenta de que existen ordenanzas que no sirven de nada", dijo. "Regular sería cerrar los ojos. Holanda era muy permisiva y se ha tirado atrás porque esa flexibilidad atrae a las mafias". Maria Àngels Esteller, edil de Barcelona y responsable de asuntos sociales del Partido Popular, se opuso a la regulación y del ejercicio de la prostitución en la calle. "Y se pueden tomar medidas sin necesidad de que el Estado o la Generalitat den permiso. La actual ordenanza es muy ambigua y el Ayuntamiento podría prohibir la prostitución en tres meses, pero no tiene voluntad de hacerlo".
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