Territorios y partidos
Formado por la ministra de Economía y por los consejeros de las 15 comunidades de régimen común (el País Vasco y Navarra están acogidos a los conciertos forales) y las dos ciudades autónomas, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó el pasado miércoles el nuevo modelo de financiación para el próximo cuatrienio; el Congreso modificará en el otoño a esos efectos la ley de financiación autonómica (LOFCA). La votación reflejó las torturadas relaciones entre los intereses territoriales, los objetivos de los partidos dentro de los ámbitos autonómicos y las estrategias globales de las...
Formado por la ministra de Economía y por los consejeros de las 15 comunidades de régimen común (el País Vasco y Navarra están acogidos a los conciertos forales) y las dos ciudades autónomas, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó el pasado miércoles el nuevo modelo de financiación para el próximo cuatrienio; el Congreso modificará en el otoño a esos efectos la ley de financiación autonómica (LOFCA). La votación reflejó las torturadas relaciones entre los intereses territoriales, los objetivos de los partidos dentro de los ámbitos autonómicos y las estrategias globales de las formaciones con implantación estatal.
Una vez superada la rebelión del tripartito catalán, gracias a una negociación que ha durado un año y costado bastante más de lo previsto por Hacienda, las demás comunidades vinculadas al PSOE han secundado el paso marcado por el Gobierno. Las seis autonomías y la ciudad de Melilla controladas por el PP recibieron de su dirección nacional la orden de abstenerse, pese al propósito inicial de las comunidades madrileña, valenciana y murciana de votar en contra. El predominio de las estrategias estatales partidistas sobre la independencia decisoria de las comunidades (Canarias y Ceuta, que votaron a favor, son las excepciones) ha sido evidente. La vocinglera campaña de agravios comparativos y envidia institucionalizada contra Cataluña ha quedado reservada a los medios de comunicación fieles a Camps y Aguirre.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprueba el nuevo modelo de financiación autonómica
La actual financiación de las autonomías obstaculiza su marcha hacia el Estado federal. La oposición de las llamadas nacionalidades históricas a perder su singularidad material o simbólica frente a las regiones y la desgana de socialistas y populares para emprender una reforma de la Constitución que convierta al Senado en una auténtica cámara de representación territorial también frenan esa deseable deriva. La reforma decisiva sería una modificación del sistema fiscal que distinguiera entre los impuestos estatales y los autonómicos al estilo de los impuestos federales y estatales de Estados Unidos, sin merma de la equidad debida a los ciudadanos: sólo así los gobiernos territoriales dejarían de ser Reyes Magos que distribuyen el gasto público sin asumir la impopularidad de recaudarlo.
Los pasos dados por el proyecto recientemente aprobado en el CPFF son mínimos. La igualación de la cuantía per cápita asignada a las prestaciones de educación, sanidad y servicios sociales en todo el territorio estatal merece aplauso. El modelo destina a las comunidades el 50% del IRPF y del IVA y el 58% de los impuestos especiales, recortando al máximo el margen que le resta a la Administración General del Estado. Pero las opacidades sobre la distribución del dinero entre las comunidades y las incertidumbres referidas a la liquidación cuatrienal del nuevo sistema, potenciadas al máximo por el hermetismo técnico de la jerga hacendística y el secretismo pueril de la vicepresidenta Salgado, hacen tan nebuloso el diseño global que resulta incomprensible para el común de los ciudadanos.