Las maniobras militares de Alfés acaban en los tribunales

Las maniobras militares autorizadas esta semana por la Generalitat en la zona protegida del aeródromo de Alfés (Segrià) han acabado en los tribunales. La entidad ecologista Ipcena ha denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a Oriol Balagué, director general de Puertos, Aeropuertos y Costas del Departamento de Obras Públicas, y a Núria Buenaventura, directora general de Medio Natural del Departamento de Medio Ambiente.

El colectivo ecologista reclama la apertura de diligencias de investigación penal contra los dos altos cargos del Gobier...

Las maniobras militares autorizadas esta semana por la Generalitat en la zona protegida del aeródromo de Alfés (Segrià) han acabado en los tribunales. La entidad ecologista Ipcena ha denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a Oriol Balagué, director general de Puertos, Aeropuertos y Costas del Departamento de Obras Públicas, y a Núria Buenaventura, directora general de Medio Natural del Departamento de Medio Ambiente.

El colectivo ecologista reclama la apertura de diligencias de investigación penal contra los dos altos cargos del Gobierno catalán por un presunto delito de prevaricación y otro contra los recursos naturales y el medio ambiente, por haber permitido que entre los pasados 21 y 25 de junio diferentes unidades del Ejército realizaran prácticas en el espacio natural del tomillar de Alfés. En el delito contra el medio ambiente también se incluye en la denuncia a los responsables del Ministerio de Defensa que ordenaron a los soldados invadir un espacio natural de gran valor ecológico.

Los ejercicios militares consistieron en la toma del aeródromo de Alfés mediante el lanzamiento de unos 400 paracaidistas para su control y la posterior entrada de fuerzas aerotransportadas. Una mala coordinación entre los mandos militares y los departamentos de Política Territorial y Medio Ambiente provocó el lunes un incidente con los agentes forestales de Medio Ambiente, que levantaron un acta de infracción, y los ecologistas. El Ejército había recibido el permiso de Política Territorial para llevar a cabo las maniobras sin restricciones.

Los ecologistas aseguran en la denuncia que las prácticas militares afectaron a la Zona Especial de Protección de Aves, ya que durante ellas pasaron por dentro del tomillar vehículos y soldados, se instalaron grandes carpas de acampada y saltaron decenas de paracaidistas sobre la vegetación.