Los rectores se quejan a Aguirre por el listado de universidades

Los rectores de las universidades públicas de Madrid acusan al Consejo Económico y Social de Madrid (CES), dependiente del Gobierno regional, de causar un "grave daño" a su prestigio en un estudio en el que establece una clasificación de las universidades españolas.

Los representantes de las seis universidades (Complutense, Autónoma, Politécnica, Rey Juan Carlos, Alcalá y Carlos III) remitieron ayer una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para que transmita al CES su "malestar" por el estudio, publicado por EL PAÍS el 25 de mayo, en el que ninguna de las ...

Los rectores de las universidades públicas de Madrid acusan al Consejo Económico y Social de Madrid (CES), dependiente del Gobierno regional, de causar un "grave daño" a su prestigio en un estudio en el que establece una clasificación de las universidades españolas.

Los representantes de las seis universidades (Complutense, Autónoma, Politécnica, Rey Juan Carlos, Alcalá y Carlos III) remitieron ayer una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para que transmita al CES su "malestar" por el estudio, publicado por EL PAÍS el 25 de mayo, en el que ninguna de las universidades madrileñas está entre las 10 primeras de España. Consideran que se ha hecho con "graves errores estadísticos e imprecisiones poco habituales en una publicación científica" y que "han fallado los mínimos controles de calidad".

El informe La calidad de las universidades en España fue dirigido por el catedrático de Economía Aplicada Mikel Buesa, que aseguró ayer que el estudio costó unos 15.000 euros. Su trabajo mide la docencia y la investigación de las universidades y analiza 32 variables agrupadas en 10 factores. Buesa defendió ayer que es "el análisis más completo de la calidad de las universidades" y consideró "impresentable" que los rectores "pretendan establecer una censura previa sobre el resultado de una investigación". Les acusa de "no tener el nivel científico mínimo" para analizar su informe y de "intentar ocultar el derroche de recursos" en sus centros.