El concurso de Caramelo abocaría a la Xunta a tomar más acciones de la firma

De no llegar ahora a un acuerdo, la operación de rescate de Caramelo pactada entre el bipartito e Inveravante, propiedad del empresario Manuel Jove, puede saldarse con una nueva incorporación al sector público gallego; en este caso la firma textil coruñesa. El cambio de rumbo en la crisis, con el anuncio de la insolvencia de la compañía, paso previo a la presentación de la suspensión de pagos, no sólo sitúa a la Xunta como uno de sus principales acreedores, con 21 millones de euros sólo en préstamos, de una deuda de 60 millones. Las características de la operación, con créditos por importe de ...

De no llegar ahora a un acuerdo, la operación de rescate de Caramelo pactada entre el bipartito e Inveravante, propiedad del empresario Manuel Jove, puede saldarse con una nueva incorporación al sector público gallego; en este caso la firma textil coruñesa. El cambio de rumbo en la crisis, con el anuncio de la insolvencia de la compañía, paso previo a la presentación de la suspensión de pagos, no sólo sitúa a la Xunta como uno de sus principales acreedores, con 21 millones de euros sólo en préstamos, de una deuda de 60 millones. Las características de la operación, con créditos por importe de unos 11 millones a través de préstamos participativos, es decir, susceptibles de convertirse en capital si no son devueltos, hacen que la Administración gallega se enfrente a la eventualidad de incrementar su participación en Caramelo desde el 7,5% que tiene ahora, en caso de que el concurso se presente finalmente.

El bipartito gastó a través de Xesgalicia tres millones en el 7,5% de la sociedad

La compañía notificó ayer el despido a otros 14 trabajadores

Sólo los préstamos participativos concedidos por Economía a Caramelo en la época de José Ramón Fernández Antonio, que se firmaron a través de Xesgalicia y no pasaron por el Igape, equivalen a los fondos propios, capital y reservas, que declaraba en su contabilidad la compañía a 31 de diciembre de 2008, y que ascendían a 11,4 millones. De acuerdo con ese balance, y a pesar de presentar un patrimonio neto negativo algo superior a los 31 millones de euros, los préstamos participativos concedidos a la compañía se consideran, por ley, como fondos propios, lo que puede dibujar otra realidad contable.

Además, de acuerdo con dicha legislación, esta modalidad de préstamo, en caso de proceso concursal, obliga a que esa deuda de 11 millones tenga que esperar a los acreedores comunes de Caramelo, lo que dificultaría más el cobro por parte de la Xunta. En ese supuesto, "los préstamos participativos se considerarán patrimonio neto a los efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades", según la legislación mercantil.

Desde la Consellería de Industria que ahora dirige Javier Guerra explicaron ayer, sin entrar en detalles, que los préstamos participativos son una modalidad empleada por las sociedades de capital riesgo que establece muchas variantes en función de cada operación, y que, en cualquier caso, la ejecución de los préstamos por capital tiene que estar acordada por los accionistas. Desde Inveravante eludieron explicar el diseño de los créditos y avales concedidos por el bipartito a Caramelo, y se limitaron a señalar que no tienen cláusulas específicas.

El bipartito otorgó en año y medio un total de 30,5 millones de euros en líneas de financiación para Caramelo, una vez incorporado Jove a su capital. Del importe total, 21 millones se repartían entre créditos ordinarios y participativos y seis en avales. Xesgalicia inyectó también algo más de tres millones en el 7,5% de su capital. A 31 de diciembre, de un pasivo total de 87 millones de euros que presentaban las cuentas de Caramelo, 26,1 millones correspondían a deudas con entidades de crédito, con los que tiene suscritos nueve préstamos y siete pólizas de crédito, con un interés medio del 5,2%. Según las mismas cuentas, de esos casi 90 millones de pasivo, unos 30 fueron refinanciados.

La compañía notificó a primera hora de ayer el despido a otros 14 trabajadores de su fábrica de A Grela, en A Coruña, con lo que ya son 24 las suspensiones de empleo que ha formalizado después de la denuncia policial presentada tras los destrozos en las instalaciones.