El Guggenheim elude la fiscalización del nuevo Tribunal de Cuentas
El museo no hace alegaciones a su informe para que lo apruebe mañana el actual
El Museo Guggenheim Bilbao ha renunciado a su derecho a presentar alegaciones al informe preliminar del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP)sobre la gestión de la Sociedad Tenedora -la entidad creada para la adquisición de las obras de arte- en las operaciones de compra de divisas entre 2002 y 2005. En este periodo, los fallos de la dirección del museo a la hora de prever evolución del cambio del euro respecto al dólar ocasionó pérdidas superiores a los seis millones de euros. Al evitar realizar alegaciones acorta el proceso de elaboración del informe definitivo y permite que llegue a tie...
El Museo Guggenheim Bilbao ha renunciado a su derecho a presentar alegaciones al informe preliminar del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP)sobre la gestión de la Sociedad Tenedora -la entidad creada para la adquisición de las obras de arte- en las operaciones de compra de divisas entre 2002 y 2005. En este periodo, los fallos de la dirección del museo a la hora de prever evolución del cambio del euro respecto al dólar ocasionó pérdidas superiores a los seis millones de euros. Al evitar realizar alegaciones acorta el proceso de elaboración del informe definitivo y permite que llegue a tiempo para su aprobación, mañana, en el último pleno del actual TVCP, en el que los miembros designados a propuesta del PNV cuentan con mayoría.
La mayoría del PNV en el TVCP asegura un juicio benévolo en su último pleno
Vizcaya conseguirá de la misma forma el visto bueno a sus cuentas de 2007
Si el Guggenheim hubiera presentado alegaciones, la aprobación del informe se habría retrasado, de forma que el visto bueno a la fiscalización encargada por el Parlamento vasco correspondería a los miembros del tribunal que van a ser nombrados por la Cámara el próximo día 18. El nuevo órgano fiscalizador responderá en su composición a la mayoría formada por socialistas y populares en el Parlamento, de modo que el PNV dejará de contar con el control que ha mantenido hasta ahora en el tribunal.
La ausencia de alegaciones, según han apuntado fuentes próximas al tribunal, tendrían al claro propósito de conseguir que el informe sea aprobado por el actual órgano -de los seis consejeros que continúan en sus puestos, tres, incluido su presidente, Jesús Álvarez Galdos, fueron propuestos por el PNV, uno por EA, uno por el PSE y otro por el PP-. Con esa mayoría nacionalista favorable, el director del museo, Juan Ignacio Vidarte, se asegura que el pronunciamiento del órgano fiscalizador sea mucho más "condescendiente", según las mismas fuentes, con las decisiones que tomó la Sociedad Tenedora en aquella operación. Esta entidad meramente instrumental, creada al 50% por el Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya y dirigida directamente desde el museo, recurrió para comprar más de 17 millones de dólares destinados a pagar las esculturas de La materia del tiempo, encargadas a Richard Serra, a una fórmula que resultó gravemente dañosa para los intereses de la sociedad.
En lugar de cambiar los dólares al precio de mercado de la fecha del abono, se adquirieron con el precio fijado por adelantado, pero errando en la previsión del tipo de cambio. La suma de las pérdidas acumuladas en varios ejercicios por la fuerte revalorización del euro respecto al dólar superó los seis millones de euros, como reveló en junio de 2007 el informe del TVCP sobre las actividades de la Sociedad Tenedora entre 1999 y 2005. En esos años el funcionamiento de la Tenedora, que maneja fondos públicos de más seis millones de euros por ejercicio, no estuvo sujeto al control de una auditoría externa, a pesar de las reiteradas peticiones en tal sentido de los partidos de la oposición.
La aceleración del procedimiento no sólo afecta al informe sobre la compra de dólares para que el Guggenheim adquiera las obras de arte de su colección. También la Diputación de Vizcaya ha renunciado a presentar alegaciones al informe preliminar de fiscalización del ejercicio 2007, con lo que se asegura que sea aprobado por el actual tribunal. La ausencia de alegaciones por parte de una institución afectada es una situación absolutamente inhabitual y demostraría la "connivencia clara entre el fiscalizador y el fiscalizado. Un escándalo mayúsculo", apuntan las mismas fuentes. Las administraciones sometidas al control de tribunal disponen de un mes para comunicar sus aclaraciones y lo suelen aprovechar al máximo; en muchas ocasiones, piden incluso una prórroga del plazo legal para poder responder mejor a observaciones críticas. No ha sido así en estos dos casos. Con todo, ambos informes serán aprobados "en desacuerdo", con la oposición de los consejeros Gonzalo Vera-Fajardo, propuesto por el PP, y Begoña López Errasti, por el PSE.