Ley de Barrios y ARE
Más de cuatro años de aplicación de la Ley de Barrios permiten hacer valoraciones. El mismo Departamento de Obras Públicas de la Generalitat de Catalunya ha presentado el resultado en una serie de exposiciones y en un gran libro recopilatorio: los casi 100 barrios beneficiados, con las intervenciones más representativas y todas las cifras de las inversiones, son claramente visibles.
Dicha ley ha comportado evidentes cualidades, empezando por una capacidad de previsión que es excepción en unas políticas generalmente cortas de vista. La Ley de Barrios no sólo se activó antes de la crisis,...
Más de cuatro años de aplicación de la Ley de Barrios permiten hacer valoraciones. El mismo Departamento de Obras Públicas de la Generalitat de Catalunya ha presentado el resultado en una serie de exposiciones y en un gran libro recopilatorio: los casi 100 barrios beneficiados, con las intervenciones más representativas y todas las cifras de las inversiones, son claramente visibles.
Dicha ley ha comportado evidentes cualidades, empezando por una capacidad de previsión que es excepción en unas políticas generalmente cortas de vista. La Ley de Barrios no sólo se activó antes de la crisis, sino que ha tenido como objetivo evitar uno de sus posibles efectos: la aparición de guetos en centros históricos degradados y en barrios periféricos poco cohesionados y mal equipados. Además, se ha generado un nuevo tipo de municipalismo, auspiciado por un Gobierno catalán que, al mismo tiempo que ha promovido la ley, ha dejado la iniciativa a los ayuntamientos, potenciando funcionamientos más transversales en consistorios que, demasiadas veces, se habían quedado anacrónicos y obsoletos en sus compartimentaciones burocráticas.
Las áreas residenciales estratégicas se han planteado tarde y con la voluntad debilitada para hacer un nuevo urbanismo
Siguiendo otro de sus principios, la transparencia, la ley se ha aplicado con una voluntad de revisión constante, que estaba, por ejemplo, en la gestión de las New Towns inglesas, con la intención de ir aprendiendo de la experiencia a partir de continuas exposiciones, debates y valoraciones de lo ya realizado.
Mirado en el detalle de cada intervención, los resultados habrán sido mejores o peores, completos o parciales, a buen ritmo o muy lentos, pero siempre han significado una mejora. Ciertamente, a la hora de la verdad, se ha hecho más obra pública tradicional, con la mejora del espacio público y la urbanización, nuevos equipamientos, reparación de fachadas y cubiertas, e introducción de escaleras y ascensores, que transformaciones más sutiles del funcionamiento de las ciudades: las partidas menores han sido las de sostenibilidad, igualdad de género, programas sociales y accesibilidad, demostrando que aún queda por hacer en tres de los pilares esenciales del nuevo urbanismo: participativo, ecológico e igualitario. Pero también es cierto que se han creado nuevas figuras, como el agente de igualdad, y que en algunos casos ha habido una auténtica participación vinculante.
Las ARE (áreas residenciales estratégicas), conceptualmente complementarias a la Ley de Barrios, se han planteado tarde, en pleno periodo de crisis y con la voluntad debilitada para hacer un nuevo urbanismo. La lentitud en la tramitación de la Ley del Derecho a la Vivienda ha sido una de las causas y todo ello ha comportado tiempo insuficiente para su elaboración, menos transparencia en su gestación y un reparto del trabajo entre los equipos de urbanistas ya habituales. Es muy sintomático que de las casi 100 ARE previstas inicialmente, unas 30, entre ellas algunas muy representativas, como las de Ripoll, Banyoles, Manlleu, Berga, Sant Vicenç de Castellet, Sort, Vilanova i la Geltrú, El Vendrell, Cambrils, Montblanc, Tordera, Sant Celoni, Cerdanyola del Vallés y L'Hospitalet de Llobregat, hayan sido rechazadas por distintas razones.
Una parte de los motivos radica en problemas intrínsecos de algunas de las ARE, detectados por las mismas instituciones, que han hecho informes desfavorables, en especial por parte de Costas y de Protección Civil del Departamento de Interior, por considerarlos demasiado cerca de vías de ferrocarril y autopistas, o en disfunciones en los planteamientos de partida -tamaño, forma, situación, preexistencias, excesiva utilización de terrenos agrícolas, etcétera-, que han sido argumentados por los propios municipios. En otros casos se han añadido factores procedentes de los intereses o prejuicios de la denominada sociedad civil: la oposición de propietarios y promotores, que han entendido que estos barrios de vocación social interferían en sus expectativas de desarrollo y especulación; las reticencias de los nostálgicos de una Cataluña arcádica y no urbana; y algunos vecinos que han fomentado el temor infundado de que dichos barrios se convertirán en lugares para pobres y migrantes. Un peculiar cóctel de motivos y una larga serie de cuestiones de partida que van a ser vitales debatir muy abiertamente, en especial ahora que se aprueban las 20 o 25 ARE que se van a realizar en una primera convocatoria.
Los nuevos barrios sociales y sostenibles son vitales para el futuro de Cataluña y el primer paso positivo radica en disponer de suelo controlado desde la promoción pública. Pero antes es esencial debatir detenidamente sobre unas formas de crecimiento menos expansivas y más concentradas, ahora cuando es la ocasión de intervenir coordinadamente para que las ciudades existentes se reestructuren adecuadamente, los suburbios se transformen en ciudad y las nuevas áreas residenciales sean barrios ecológicos y con calidad de vida urbana.