Cerrar frentes
El Gobierno, en busca de socios, desbloquea los traspasos a Cataluña que aceptó en el Estatuto
El vicepresidente Manuel Chaves, en su nuevo papel de mediador territorial, selló el pasado miércoles el incipiente deshielo entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña al fijar para el próximo mes de julio el acuerdo sobre algunos de los traspasos contemplados en el Estatuto. Especialmente, el del servicio de Cercanías de Renfe en Barcelona, que acumulaba 15 meses de bloqueo contando sólo desde que expiró el plazo fijado por el propio José Luis Rodríguez Zapatero: enero de 2008.
Sorprende, con todo, la celeridad con que, tras la llegada de José Blanco al Ministerio de Fomento, se ha...
El vicepresidente Manuel Chaves, en su nuevo papel de mediador territorial, selló el pasado miércoles el incipiente deshielo entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña al fijar para el próximo mes de julio el acuerdo sobre algunos de los traspasos contemplados en el Estatuto. Especialmente, el del servicio de Cercanías de Renfe en Barcelona, que acumulaba 15 meses de bloqueo contando sólo desde que expiró el plazo fijado por el propio José Luis Rodríguez Zapatero: enero de 2008.
Sorprende, con todo, la celeridad con que, tras la llegada de José Blanco al Ministerio de Fomento, se han disipado los innumerables escollos alegados por su antecesora en el puesto, Magdalena Álvarez, para paralizar esta transferencia.
Seguramente no es ajena a esta súbita disposición gubernamental a desatascar la siempre incómoda agenda catalana la soledad parlamentaria actual del Ejecutivo de Zapatero. Perdido el apoyo del PNV -tan dispuesto a apoyar los más cuestionados presupuestos antes de las elecciones del 1 de marzo, como inclemente con todo lo que venga del Gobierno a medida que se acerca su salida de Ajuria Enea- y con CiU en posición despechada por similares razones, al PSOE no le queda otra que intentar recomponer las relaciones con sus antiguos socios catalanes de Esquerra e Iniciativa, junto a otras minorías que puedan completar su mayoría.
Ello, aunque el precio sea satisfacer las mismas demandas de la Generalitat que hasta ahora había desoído o aplazado. Simboliza ese giro la admisión por parte de Manuel Chaves del argumento de que Cataluña no puede seguir recibiendo una financiación por habitante inferior a la media.
Los traspasos que reclama Cataluña tienen su base jurídica en el nuevo Estatuto, fruto de un pacto entre las Cortes y el Parlamento autónomo posteriormente refrendado por los catalanes. Una norma integrada en el bloque de constitucionalidad y que, salvo que el alto tribunal la derogase en todo o en parte, es de obligado cumplimiento. Incluso en el caso de que la resolución de ese tribunal impugnase determinados artículos, no es verosímil que pudieran afectar a competencias como la Inspección de Trabajo y del servicio de los trenes de cercanías de Barcelona, que es lo que había retrasado el acuerdo. Pero es llamativo que sea la necesidad de cerrar frentes que tiene el Gobierno para reclutar aliados lo que haya disuelto las dificultades.