El ex interventor de Castro Urdiales pide que se disuelva el consistorio
"El nivel de saqueo y corrupción es el mismo que en Marbella", asegura
La corrupción está devorando Castro Urdiales (Cantabria) con la misma voracidad con la que casi engulló Marbella, por lo que es necesario actuar del mismo modo y disolver el ayuntamiento. Es el análisis y el ruego que hizo ayer el interventor del municipio entre 2001 y 2006, Fernando Urruticoechea, apoyándose en un demodelor informe del Tribunal de Cuentas que recoge las múltiples irregularidades cometidas por la corporación y en el decreto de abril de 2006 por el que se disolvió el ayuntamiento marbellí.
El decreto justificaba la medida, entre otras, en la "contravención sistemática de...
La corrupción está devorando Castro Urdiales (Cantabria) con la misma voracidad con la que casi engulló Marbella, por lo que es necesario actuar del mismo modo y disolver el ayuntamiento. Es el análisis y el ruego que hizo ayer el interventor del municipio entre 2001 y 2006, Fernando Urruticoechea, apoyándose en un demodelor informe del Tribunal de Cuentas que recoge las múltiples irregularidades cometidas por la corporación y en el decreto de abril de 2006 por el que se disolvió el ayuntamiento marbellí.
El decreto justificaba la medida, entre otras, en la "contravención sistemática de la legalidad" en la concesión de licencias urbanísticas, o en la imputación de "cargos municipales", premisas que, según denunció Urruticoechea, se repiten en Castro Urdiales, donde están imputados por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o malversación de fondos públicos, entre otros, el alcalde tránsfuga Fernando Muguruza (PRC), el actual concejal de Obras, Rufino Díaz Helguera (expulsado del PSOE), cuatro ediles de la corporación actual y seis de la anterior (PP e IU) y varios funcionarios. Muguruza declaró que no le "extrañaría" que se disolviera el ayuntamiento ante la "inexistencia de democracia", informa Efe.
El Tribunal de Cuentas enviará su informe al Congreso y el ex interventor confía en que también al fiscal general del Estado. El tribunal se queja del descontrol que le ha hecho imposible averiguar las licencias concedidas, detecta facturas sin contabilizar y constata el "perjuicio económico" causado por la corporación al municipio al no requerir a los promotores compensaciones establecidas por ley.