Aborto y demagogia
En España hay muchos ciudadanos contrarios al aborto en cualquier circunstancia, y no sólo a la reforma de la ley planteada por el Gobierno, y una parte de ellos se movilizó ayer en decenas de localidades, especialmente en Madrid, donde tuvo lugar una muy nutrida manifestación convocada por diversas plataformas antiabortistas. Esta marcha se celebró en un ambiente festivo y tranquilo, aunque tanto su convocatoria como algunas pancartas y el manifiesto leído a su final contenían argumentos con una fuerte carga demagógica, en línea con los pronunciamientos previos, truculentos e intimidatorios, ...
En España hay muchos ciudadanos contrarios al aborto en cualquier circunstancia, y no sólo a la reforma de la ley planteada por el Gobierno, y una parte de ellos se movilizó ayer en decenas de localidades, especialmente en Madrid, donde tuvo lugar una muy nutrida manifestación convocada por diversas plataformas antiabortistas. Esta marcha se celebró en un ambiente festivo y tranquilo, aunque tanto su convocatoria como algunas pancartas y el manifiesto leído a su final contenían argumentos con una fuerte carga demagógica, en línea con los pronunciamientos previos, truculentos e intimidatorios, de la Iglesia católica, principal inspiradora ideológica del movimiento antiabortista en España.
El portavoz de la Conferencia Episcopal reconoció implícitamente la carga demagógica de su campaña (el niño y el lince), pero sólo para añadir que el fin justificaba en este caso el medio. Esa posición de la Iglesia expresa una determinada sensibilidad, pero sólo accedería al terreno de la política si, como ocurrió durante la legislatura pasada, el Partido Popular la convalidara introduciéndola en las instituciones o se sumase a las movilizaciones inspiradas por el episcopado. Por eso es relevante que esta vez se haya abstenido de hacerlo, seguramente porque es consciente de que resultaría inaceptable para muchos de sus votantes. Además, supondría una cesión en la autonomía con la que una fuerza política debe actuar frente a los grupos de presión de cualquier naturaleza.
Una ley de plazos como la prevista no amplia sino delimita el alcance de la ley vigente desde hace 24 años y que el PP ni se planteó modificar cuando gobernó, incluso con mayoría absoluta. La obligación del Gobierno no es convencer de su conveniencia a la Conferencia Episcopal, sino buscar el máximo consenso entre las fuerzas políticas, incluidas aquellas que son más reacias al aborto.