Los ingresos de Estepona no dan para pagar a su inflada plantilla

Una consultora se ha atrevido a pronunciar las palabras que nadie quiere oír en el Ayuntamiento de Estepona: expediente de regulación de empleo (ERE). Lo ha hecho en un informe, todavía inacabado, en el que pone en evidencia que la época en la que se hacían contrataciones municipales con la misma alegría que se recibían ingresos urbanísticos ha acabado.

El texto, utilizado por el Ayuntamiento para negociar recortes con los sindicatos, recoge la necesidad de "plantearse seriamente formular un expediente de regulación de empleo" y rebajar el gasto en personal hasta que suponga un 55% de l...

Una consultora se ha atrevido a pronunciar las palabras que nadie quiere oír en el Ayuntamiento de Estepona: expediente de regulación de empleo (ERE). Lo ha hecho en un informe, todavía inacabado, en el que pone en evidencia que la época en la que se hacían contrataciones municipales con la misma alegría que se recibían ingresos urbanísticos ha acabado.

El texto, utilizado por el Ayuntamiento para negociar recortes con los sindicatos, recoge la necesidad de "plantearse seriamente formular un expediente de regulación de empleo" y rebajar el gasto en personal hasta que suponga un 55% de los ingresos.

La empresa, contratada con fondos de la Junta de Andalucía para realizar el Plan de Saneamiento del municipio, explica que la recaudación municipal de 2007 no permitió cubrir el gasto de la plantilla del Ayuntamiento y sociedades municipales, y aconseja que el ERE se inicie a corto plazo (en el primer trimestre de 2009), y se combine con otras medidas.

Los asesores también piden que se replanteen suprimir las sociedades municipales, que dan empleo a 800 de los 1.200 empleados municipales.

El Ayuntamiento, de momento, no está por la labor de hacer una regulación de empleo. Desde la llegada de David Valadez (PSOE) a la alcaldía, tras saltar a la luz el caso Astapa, se han adoptado otras medidas menos drásticas, también aconsejadas en el informe, aunque como complementos, como la reducción de horas extra, jubilaciones anticipadas o eliminar pluses fuera de convenio.

El informe incide en que la batería de medidas debe ser negociada con los sindicatos y, en su caso, tener autorización de la Consejería de Empleo. "Sin reducción del peso total de personal es imposible restablecer los equilibrios mínimos exigidos por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales", reitera.

Para salir de la situación actual de "asfixia económica" también sugiere la congelación de la plantilla, que los empleados sobrantes se reasignen internamente a puestos de trabajo en otros servicios municipales con la condición de que no haya más gasto, o la gestión indirecta de servicios municipales. "La externalización resulta muy interesante porque permite introducir técnicas de eficiencia propias del sector privado", explica.

En materia de ingresos se subraya la necesidad de un aumento de la presión fiscal, que vendría de la mano de una subida de tasas y precios públicos, la creación de un servicio de inspección para evitar el fraude en los impuestos locales y el hallazgo de "nuevos nichos de ingreso".

Por el momento, el sindicato CC OO colabora en la mesa de negociación. "Sabemos que no es el momento de reivindicaciones económicas, intentamos que se respeten los derechos consolidados", dice Pepe Carrasco, de CC OO. José María López, del sindicato de funcionarios CSIF, tilda las medidas del Ayuntamiento de "superficiales y de maquillaje" y ha recurrido la formación de la mesa de "porque no representa a todos los tipos de trabajadores".