La Generalitat busca rebajar una multa de la UE por no proteger zonas de aves en Lleida
No haber protegido diversas zonas de Lleida, situadas en torno al futuro canal Segarra-Garrigues, contra lo acordado por la directiva comunitaria para zonas de protección de aves (ZEPA) ha supuesto una condena en firme a la Generalitat por parte de los tribunales europeos. El Gobierno catalán negocia, a través del Reino de España (interlocutor de la UE), una rebaja de la multa que, según fuentes conocedoras de la negociación, asciende a unos 400 millones de euros. "En estos momentos hablamos de unos 100 millones", comentó un miembro del Gobierno catalán que, sin embargo, confía en poder rebaja...
No haber protegido diversas zonas de Lleida, situadas en torno al futuro canal Segarra-Garrigues, contra lo acordado por la directiva comunitaria para zonas de protección de aves (ZEPA) ha supuesto una condena en firme a la Generalitat por parte de los tribunales europeos. El Gobierno catalán negocia, a través del Reino de España (interlocutor de la UE), una rebaja de la multa que, según fuentes conocedoras de la negociación, asciende a unos 400 millones de euros. "En estos momentos hablamos de unos 100 millones", comentó un miembro del Gobierno catalán que, sin embargo, confía en poder rebajar esa cantidad. De momento, la Generalitat ha conseguido un aplazamiento de la sanción comprometiéndose a presentar un proyecto para proteger los territorios de acuerdo con lo exigido por la directiva comunitaria.
La Generalitat comunicó ayer a los regantes y a los alcaldes de las localidades que se beneficiarán del canal Segarra-Garrigues que será necesario recortar otras 13.000 hectáreas de las 70.000 que prevé regar esta infraestructura para cumplir las exigencias de la Unión Europea (UE) en materia medioambiental. El Gobierno catalán quiere compatibilizar el riego y la protección de las aves.
Los consejeros de Agricultura y Medio Ambiente, Joaquim Llena y Francesc Baltasar, y el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, se reunieron ayer en Lleida con colectividades de regantes y representantes de 71 municipios para informar sobre el proceso, iniciado a raíz de la amenaza de los tribunales comunitarios de imponer fuertes multas a España por haber vulnerado la legislación sobre protección de aves esteparias. El encuentro defraudó a unos y a otros porque los representantes de la Administración no concretaron cifras, no presentaron un mapa de las zonas que proteger y tampoco avanzaron la cuantía de las compensaciones. Algunos alcaldes incluso reconocieron que la reunión no había servido para nada. Ni siquiera se les permitió intervenir. De hecho, el Gobierno catalán ha decidido que su política oficial en esta materia va a ser la confusión: nunca decir nada que sea claro y preciso.
Llena y Baltasar explicaron que la Generalitat está ultimando la propuesta que presentarán a Bruselas, consistente en ampliar la zona de protección en 13.000 hectáreas (en 2006 ya se protegieron más de 26.000, pero la UE pide que se protejan 20.000 más) en la margen derecha del canal. "No es una cuestión de voluntades políticas ni del Gobierno catalán o del central. En este momento hemos de dar cumplimiento a una sentencia y hemos expresado la voluntad de continuar esta obra intentando compatibilizar los usos del canal con la protección de las aves", señaló Llena.
El presidente de la Comunidad de Regantes del Canal Segarra-Garrigues, Josep París, pidió a la Generalitat que intente reducir al máximo el número de hectáreas que proteger y manifestó que los regantes permanecerán "expectantes y vigilantes" ante la propuesta definitiva que se presente a la UE.